Comerciantes y habitantes piden que atiendan el problema que comenzó hace dos meses.
Destacó que lo primordial es salir de la crisis sanitaria y luego acordar las votaciones.
Desde el año 2014 la arrendataria no paga el alquiler y ha arremetido en contra de la propietaria del lugar.
Denuncian que deben pagar entre Bs. 80 mil y Bs. 300 mil por tobos o tambores con el líquido.
Se niegan a pagar los montos estipulados por las instituciones educativas.
Varios sectores estuvieron sin luz durante horas, la mayoría de la parroquia Simón Bolívar.
Afectados se dirigieron a las autoridades para conservar sus viviendas.
La comisionada de los Derechos Humanos, Elinor García, asegura que se trató de una venganza por parte de su expareja por problemas personales.
Alegan que Fundacomunal no les recibió los documentos de los comicios.
A pocos metros de riachuelo desembocan aguas servidas de la comunidad y en días de lluvias todo se mezcla.
No hay alumbrado público, el agua potable no llega y las constates fallas eléctricas dañan los electrodomésticos.
Piden a las autoridades atender su llamados para garantizar la educación de los jóvenes.
Alegan que se efectuó sin el consentimiento de autoridades judiciales.
Vecinos aseguran que el tubo subterráneo roto “es una bomba de tiempo”, porque el terreno se socavó.
Voceros denunciaron que también atacaron al equipo de trabajo de Antonio Hamraj, además recibieron amenazas.
La versión policial dice que el trío tenía más de cinco años perpetrando el delito. Los arrestaron en Ciudad Bolívar.
El pasado 12 de marzo dijo a sus compañeros que haría un viaje a Ciudad Bolívar.
Funcionarios detuvieron a un joven de 22 años; quienes acompañaban al aprehendido, lograron escapar.
El karateca destacó que su intención es alertar para que no continúen los atropellos contra los atletas.
Lo privaron de libertad durante la audiencia ante un tribunal de Violencia Contra la Mujer, en Puerto Ordaz.