En Nicaragua investigan a la iglesia católica por “lavado de dinero”

La policía de Nicaragua anunció el sábado que lleva a cabo una investigación a la Iglesia católica local por supuestos actos ilícitos, “como parte de una red de lavado de dinero” en el país, donde tres sacerdotes han sido detenidos en los últimos días.

La Policía Nacional señaló en un comunicado que confirmó el hallazgo de “centenares de miles de dólares escondidos en bolsas” en diversas diócesis católicas del país, y que investiga supuestos “movimientos delictivos con fondos que ingresaron ilegalmente al país”.

Según el informe, la Fiscalía General de la República, la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero de la Policía han realizado investigaciones para “ubicar y cancelar los actos ilícitos cometidos por personas vinculadas a las diócesis”, las cuales no fueron identificadas.

Durante las investigaciones se “confirmó la sustracción ilegal de recursos de cuentas bancarias que se había ordenado por ley congelar”, así como “otros ilícitos que todavía están siendo investigados como parte de una red de lavado de dinero que se ha descubierto en diócesis de distintos departamentos” del país, señaló el comunicado.

Además, la policía “inició investigaciones que llevaron al hallazgo de centenares de miles de dólares, escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a diócesis del país”, agregó.

Además se confirmaron movimientos delictivos de fondos que han ingresado de forma irregular al país, añadieron las autoridades, dando pie a procesos por todos estos delitos.

La Superintendencia de Bancos pidió a la Conferencia Episcopal de Nicaragua y al cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, que presenten los documentos que demuestren “los movimientos de las cuentas bancarias de las diócesis”, y demostrar que se apegan a las leyes nacionales y evitar los actos ilícitos que se han estado cometiendo, destacó la policía.

El gobierno del presidente Daniel Ortega mantiene una confrontación con la Iglesia católica, a la que acusa de haber apoyado las protestas de 2018.

En febrero pasado condenó a 26 años de prisión al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien desde entonces se encuentra preso en la Cárcel Modelo.

En una aparente alusión al obispo Álvarez, el informe policial señaló que esta “situación anómala se deriva de los actos de traición a la patria, juzgados ya, y cometidos por personajes que como políticos han violentado criminalmente todos los ordenamientos jurídicos, financieros, sociales, del Estado y el pueblo nicaragüense”.

Ortega se ha referido a los obispos católicos como “políticos”. También los ha llamado “golpistas”, “delincuentes” y “demonios con sotana”.

En marzo pasado, puso en “suspenso” las relaciones con el Vaticano, después de que el papa Francisco calificara al gobierno sandinista como una “dictadura hitleriana”.

Un año antes, en marzo de 2022, Ortega había expulsado del país al nuncio apostólico Waldemar Sommertag, que en varias ocasiones expresó su voluntad de mediar por la liberación de “presos políticos”.

La policía no dijo si esta investigación está vinculada al arresto de tres sacerdotes católicos desde el pasado 20 mayo, uno de los cuales es investigado por “cometer actos que menoscaban la soberanía, la independencia y la autodeterminacion” del país.

Los sacerdotes detenidos son Eugenio Rodríguez, párroco de la iglesia Divina Providencia en la localidad de Jalapa, en el norte del país, quien fue arrestado el 20 de mayo.

También Leonardo Guevara, párroco de la Catedral de Estelí, capturado dos días después; y Jaime Iván Montesinos, párroco de la iglesia Juan Pablo II del municipio de Sébaco, ubicado en el norteño departamento de Matagalpa, detenido el jueves pasado.

Según la Diócesis de Estelí, los dos primeros están retenidos en un local de la Iglesia católica en Managua bajo control de la policía mientras se les investiga por “asuntos administrativos de la extinta Caritas Diocesana de Estelí”, una ONG católica cerrada en 2022.

Las revueltas sociales de 2018 en Nicaragua fueron reprimidas por policías y paramilitares leales al gobierno, cuyas acciones dejaron al menos 355 muertos, 2.000 heridos y más de 100.000 exiliados, según organismos humanitarios.

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