Dujarric lamentó que a esta situación se suma “la reducción del espacio civil, así como la privación de la nacionalidad, que contraviene el Derecho Internacional”.
Estas declaraciones se producen al término de las celebraciones de Semana Santa, que se han visto limitadas por el régimen nicaragüense, que prohibió los oficios religiosos fuera de las iglesias.
La organización Monitoreo Azul y Blanco -que denuncia las violaciones de DDHH en el país latinoamericano- reportó 21 detenciones arbitrarias en todo el país, “la mayoría de feligreses apresados por ejercer su derecho a la libertad de culto”.
El gabinete liderado por el presidente Daniel Ortega suspendió en marzo las relaciones diplomáticas con el Vaticano, tras unas declaraciones del Papa Francisco en las que lamentaba el arresto de sacerdotes.
Ortega comenzó también una batalla contra las universidades, consideradas un símbolo de las protestas de 2018, imponiendo el cierre de decenas de ellas, lo que ha deteriorado la libertad académica. En los últimos meses, privó de nacionalidad a disidentes, expulsó del país a embajadores y ha clausurado miles de ONG nacionales e internacionales, así como medios de comunicación y organizaciones religiosas.
