Fedejupebol interpuso un recurso de amparo constitucional por el derecho a la salud
Desde el centro empresarial Alta Vista, antiguo Maxy´s, la Federación de Jubilados del estado Bolívar informó que interpuso el pasado viernes un recurso de amparo constitucional en virtud del derecho a la vida y el derecho a la salud.
En específico este recurso de amparo en contra la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y la empresa Venalum, rechaza la violación de la contratación colectiva estipulada en la Constitución Nacional.
El abogado asesor, Frank Silva explicó que a través de un memorando 2792, publicado por el ministerio del Trabajo en el 2018, suspende todas las convenciones colectivas, al que indicó que fue prácticamente utilizado de manera inconstitucional por las empresas básicas de Guayana.
Destacó que tanto los trabajadores activos, jubilados y pensionados en pandemia no tienen forma de acudir a una clínica privada para tratar la sintomatología del covid-19, están en completa indefensión, debido a la suspensión de las convenciones colectivas.
“Le están violentando el derecho a la salud y sobre todo el derecho a la vida”, sentenció.
Por último, acotó “le solicitamos al tribunal de juicio laboral, que restituya el establecimiento de la situación jurídica infringida, es decir que vuelva la aplicabilidad de los contratos colectivos de todas las empresas del Holding de la CVG”.
De esta manera, agregó que “todos los trabajadores puedan verse asistidos en esta tragedia de la pandemia. en una clínica privada que pueda garantizar su derecho a la salud consagrado en la Constitución Nacional”.
Consultas médicas privadas inalcanzables
Noel Grillet, vicepresidente de la Fedajupebol, contó a PRIMICIA a través de un contacto telefónico que en el caso de CVG Ferrominera Orinoco, “nos eliminaron todos los servicio médicos producto de la decisión del gobierno nacional mediante el memorándum 2792”.
“No dan nada, no atienden, no hay consulta, no hay cirugía, no hay medicina y se demoran demasiado en pagar un medicamento, lo que quiere decir que los jubilados estamos en un estado de indefensión”.
Por ejemplo, mencionó que en FMO suman aproximadamente 3 mil jubilados, incluso entre las distintas empresas básicas de Guayana la cifra ronda en los 15 mil.
En cuanto a la falta de atención en el tema de salud, Grillet aseguró que una consulta privada oscila entre los 40 a 50 dólares.
“¿Qué jubilado tiene para pagarle una consulta a un médico?”, cuestionó.
Por otra parte, aquellos que sí logran con esfuerzo cubrir la consulta médica privada, aseveró que el reembolso de la empresa se retrasa hasta tres meses, lo cual se ve perjudicado por la devaluación.
A su vez, Grillet aseguró que existen un aproximado de 300 enfermos ocupacionales que no solo los protegen las convenciones colectivas, también el Estado mediante la Lopcymat.
Sin embargo, destacó “el Estado está obligado entregarle el tratamiento de por vida y no lo están haciendo”.
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