Guayana Esequiba: La contraparte jamás aceptó los buenos oficios

En la presente contención que sostenemos por la extensión territorial que nos desgajaron, en alguna ocasión creíamos que la alternativa de la Corte Internacional de Justicia había sido despejada, quedaba descartada; sin embargo, nos conseguimos que Guyana hizo todo lo posible por dejar a un lado las alternativas de entendimiento directo con Venezuela a través de un sano trato bilateral pacífico entre países vecinos; apelando a la figura de la conciliación, la mediación y/o del Buen Oficiante que se habilitó por varios años; porque, precisamente lo contempla el artículo (33) de la Carta de las Naciones Unidas:

“Arreglo pacífico de controversias: Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. El Consejo de Seguridad, si lo estimare necesario, instará a las partes a que arreglen sus controversias por dichos medios”.

Resulta que no hubo forma ni manera de que las delegaciones de las cancillerías de Venezuela y Guyana lograran hacer avances significativos en (25) años, con la presencia de dignos funcionarios designados por el Secretario General de la ONU, para mediar en este pleito.

Mientras que las delegaciones diplomáticas de nuestra nación insistían, en el mencionado lapso, que el Acuerdo de Ginebra, del 17 de febrero de 1966, constituye el único documento válido y con pleno vigor jurídico para alcanzar una solución satisfactoria para ambas partes; ellos se “anclaron” en el írrito y nulo Laudo Arbitral de París del 3 de octubre de 1899 y una supuesta aceptación de demarcación que admitió Venezuela en 1905. Cuestión absolutamente falsa.

En todos los escenarios, los voceros de la cancillería guyanesa nos catalogan ante la comunidad internacional como una nación grande que atropella a un país pequeño.

Debemos ser enfáticos en pronunciar con insistencia ante el mundo que no le estamos quitando las dos terceras partes del territorio de Guyana, como ellos arguyen.

Nosotros debemos demostrar (y tenemos con qué y cómo) que fue el Imperio Británico que nos invadió y despojó, a través de la tratativa perversa denominada “Laudo Arbitral” de una séptima proporción de la geografía venezolana, que luego la cede para que se forme la República Cooperativa de Guyana, el 26 de mayo de 1966.

El venidero (11) agosto -si así lo decide el jefe de Estado, por cuanto es su atribución constitucional- la representación de expertos nuestros en Derecho Internacional, que los tenemos, tendrán la ocasión de presentarse por ante la Sala Juzgadora y probar, con justos títulos traslaticios, que la disputada extensión territorial, siempre ha sido nuestra: histórica, jurídica y cartográficamente.

Ha aflorado demasiada inquietud en conocer si no hay otra alternativa que no sea el precitado Tribunal Internacional.

Mucha gente se hace tal pregunta.

Esa ha sido la estrategia jurídica que ha jugado Guyana. Una especie de emboscada jurídica, que estamos dispuestos a encarar.

Ellos nunca quisieron la figura del Buen oficiante para que resolviera este caso, con su mediación.

Concretamente, desde el 2015 para acá los gobiernos guyaneses han recibido considerables sumas de dinero de la transnacional Exxon y de otras empresas para cancelar los honorarios y demás gastos que ha ocasionado el hecho de accionar contra Venezuela jurisdiccionalmente, en el 2018; y llevar la controversia a instancias del mencionado Juzgado internacional.

Hacemos saber que La Corte Internacional de Justicia tiene su sede en el Palacio de la Paz en la Haya (Países Bajos) y está encargada de decidir las controversias jurídicas entre Estados. También sus quince magistrados emiten opiniones consultivas.

Permítanme añadir un comentario. Una sentencia de la CIJ es inapelable y su mandato absolutamente vinculante (artículo 60 de su Estatuto).

Eso no nos debe impactar ni espantar, por cuanto tenemos excelentes profesionales del Derecho, que estarán allí defendiendo nuestra causa.

Todos los elementos probatorios nos asisten satisfactoriamente, y conforman un legajo de documentos importantes para exponerlos en una mesa de discusión con los pares guyaneses. Eso sí, ante imparciales árbitros internacionales.

Dr. Abraham Gómez R.
Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua
Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba
Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela
Presidente del Observatorio Regional de Educación Universitaria (OBREU)

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