Deforestación en Amazonía brasileña va a ritmo récord

La deforestación en la Amazonía brasileña alcanzó un nuevo récord en los primeros cuatro meses del año.

Esto según datos oficiales divulgados este viernes, que revelan una tendencia preocupante tras los devastadores incendios que afectaron a esa región en 2019.

Entre enero y abril fueron talados 1.202 km2 de selva, según datos basados en imágenes satelitales del Instituto Brasileño de Pesquisas Espaciales (Inpe), un órgano gubernamental.

Esto significa un aumento de 55 % en relación al mismo período del año pasado y es la cifra más alta para el período enero-abril desde 2016, cuando se iniciaron las mediciones.

Estos datos cuestionan nuevamente la política del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro respecto a la protección de la mayor selva del planeta, de la que Brasil alberga el 60 %.

Solo en 2019, los incendios contribuyeron con la pérdida de 10.123 km2 de bosques en la región amazónica brasileña, superando por primera vez desde 2008 la marca de los 10.000 km2.

La tendencia para 2020 es aún más preocupante debido a que el período de incendios comienza apenas en mayo, con el inicio de la estación seca.

Si la Amazonía vuelve a registrar incendios gigantescos este año, 2020 podría romper todos los récords de deforestación.

La deforestación es provocada en gran parte por la actividad de madereros ilegales, la minería y la agricultura en áreas protegidas.

Tras derribar los árboles, los invasores los dejan secar y los prenden fuego para despejar los terrenos.

Bolsonaro pretende abrir más áreas protegidas a la actividad económica, alegando que los indígenas deberían poder explotar económicamente sus tierras ancestrales.

El jueves, el mandatario firmó un decreto que autoriza a las Fuerzas Armadas a combatir la deforestación ilegal y los incendios forestales entre el 11 de mayo y el 10 de junio, en áreas protegidas, reservas indígenas y otras tierras de la federación dentro de la región amazónica.

Grupos ambientalistas, sin embargo, sostienen que una estrategia más efectiva consistiría en aumentar el presupuesto y el número de funcionarios en las agencias ambientales.

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