Pueblos indígenas: “No hay nada que celebrar aquí”

Daniel llegó de Tucupita hace cuatro años y su hermano Josué hace un año. Vinieron a Ciudad Guayana con la intención de mejorar sus condiciones, pues sus tierras “ya no son seguras para vivir”. Las mafias de la gasolina, minerales y alimentos ponen en riesgo sus s y la de sus familias, a las que también les tocó movilizarse.

Ellos son waraos, no dieron sus nombres reales por seguridad, porque tienen que contar con “el permiso de su cacique “para poder hablar o contar cosas”.

Sin embargo, en lo poco que pudieron compartir, dijeron que vivir con su pueblo en su zona “ya no es como antes. Pasamos necesidades, se sufre mucho; somos perseguidos, atacados y abusados. Muchos prefieren tener dinero en mano, que paz en su casa”.

En la Constitución de Venezuela en los artículos 119, 121 y 123 está plasmado el reconocimiento de los derechos y deberes de los pueblos indígenas, también en otras leyes ya aprobadas se exponen las condiciones de su desarrollo humano.

Esto también ha permitido el aumento de la representación política de varios grupos étnicos, para luchar en la defensa de “mejores condiciones para sus pueblos”.
No obstante, la realidad es otra, como señalan sus propios representantes; conmemorar el día de los pueblos indígenas conlleva a analizar lo poco que se ha avanzado en materia de justicia social.

Su entorno, sus costumbres, sus formas de vida han sido perturbadas y son amenazadas a diario.

Este año la temática de conmemoración es sobre las “lenguas indígenas” coincidiendo con la proclamación de este como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas”, según las Naciones Unidas, pero en Venezuela miembros de diversas etnias dicen que “no hay nada que celebrar aquí”.

El Estado venezolano tiene deudas mayores, sobre todo la relacionada con el tema de la titularidad de las tierras; asunto postergado y muy luchado desde hace muchos años.

Gestiones locales
Roselis Salazar, secretaria de Gestión Social de Caroní, indicó que la Dirección Municipal ha realizado jornadas integrales especiales de atención a los indígenas en la zona, sobre todo a las 240 familias ubicadas en Cambalache.

Contando con el apoyo de Unicef, realizaron hace unas semanas, en la escuela del sector, actividades de orientación y asistencia, como charlas informativas sobre lactancia materna, apoyo gestacional, jornada de desparasitación, vacunación, atención primaria, registro y emisión de partidas de nacimientos, entre otros; juegos, promoción de manifestaciones culturales y el deporte, así como la entrega de pastillas potabilizadoras para el agua que consumen.

Para la conmemoración de este día, aún estaban por definir en agenda la programación de actividades con las comunidades en la ciudad, pues “el propósito de la municipalidad es brindarle ayudas y asistirles”.

No obstante, miembros de la comunidad de Cambalache y de otros campamentos en San Félix y Puerto Ordaz, expresaron que sus demandas van más allá de una actividad de un día; que la situación en la que viven no es lo que en compromiso había prometido este sistema de gobierno, bajo la gestión de Hugo Chávez.

Realidades
Amnistía Internacional publicó una entrevista realizada a Juan Carlos La Rosa, defensor de los derechos indígenas, de la tierra y del medio ambiente, también cofundador de la Organización Intercultural de Educación Autónoma Wainjirawa, en donde expresó que “los pueblos indígenas venezolanos están siendo diezmados por las enfermedades y el hambre”.

Desde este movimiento global afirman que “la emergencia humanitaria compleja que se vive en Venezuela afecta todos los aspectos de la vida, pero con una fuerza arrolladora sobre grupos sociales vulnerables y con difícil acceso a los bienes, servicios y recursos económicos, como ocurre con los pueblos indígenas”.

La Rosa alertó que las consecuencias “son catastróficas sobre todo por el avance implacable de enfermedades que contribuyen a la presión de desplazarse a territorios, incluyendo fuera del país”, sobre todo al sur, en la frontera con Colombia y Brasil.

Entre los puntos de reclamos de estos pueblos, de acuerdo a este movimiento global, han sido que se ha avanzado poco en materia de “protección de su hábitat y de sus conocimientos colectivos, en la disminución de la pobreza que los afecta y en la lucha constante contra la discriminación”.

También exponen que “los planes económicos del Gobierno venezolano han puesto en peligro las condiciones medioambientales en las que habitan los pueblos wayuú, yukpa, yanomami, barí y pemón”.

Desde Amnistía Internacional Venezuela manifiestan que “los defensores y organizaciones indígenas no desmayan en seguir defendiendo sus territorios, costumbres y gobierno ancestral”, aunque La Rosa asegura “que estas agresiones y vulneraciones a sus derechos tienen como fin el despojo definitivo de las tierras”.

Autoridades locales y regionales no cuentan con estudios “a la mano” sobre estas realidades, menos con cifras exactas.

El último censo oficial realizado a las comunidades indígenas a nivel nacional se llevó a cabo en el año 2011.

Peticiones
“La situación en asuntos de salud podría agravarse si continúa la contaminación ambiental en aguas, aire, suelos y la desnutrición infantil”, se concluyó desde la entrevista en Amnistía Internacional Venezuela.

Del mismo modo, desde Foro Penal se ha dicho que “la situación estructural de violación de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas se mantiene y se evidencia constantemente”, para muestra lo sucedido al sur del estado, con la arremetida contra el pueblo pemón.

“Existe un desplazamiento forzoso; la inseguridad jurídica territorial que permite la ocupación, explotación, despojo de sus territorios y tierras de propiedad colectiva; la falta de atención médica integral; y la desnutrición, entre otros problemas graves de salud, es lo que podemos ver por encima”, reveló Olnar Ortiz, coordinador nacional de Pueblos Indígenas de Foro Penal.

Coincide que si las iniciativas que se han llevado a cabo en otros años no se concretan en políticas integrales de largo alcance. “Hay peligro de una pérdida irrecuperable del patrimonio cultural y ambiental, e incluso de una pérdida importante de la población de ciertas etnias que viven en situación de vulnerabilidad”.

Actividades de impacto
En un informe del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), se rescata la declaración de Jacqueline Faria cuando fue ministra de Ambiente ( 2004 – 2006), en donde señaló que las actividades de minería en el estado Bolívar “serían paralizadas definitivamente”, pues aseguraba que “no es necesaria para el país, porque apenas representaba el 0,98% del Producto Interno Bruto (PIB) y que además el estado Bolívar registra el 70% de los casos de malaria del país debido a esta actividad”.

Actualmente, con la puesta en marcha del desarrollo del Arco Minero, se contradice esas declaraciones, además que ha llevado a un descontrol del hábitat de los pueblos de origen.

En el mencionado informe rescatan que se pretendía retirar a la pequeña minería, la artesanal, revocar las concesiones y contratos mineros a las empresas transnacionales, para poder evitar las grandes deforestaciones y contaminaciones.

Con esto asegurar el derecho a la vida de los indígenas, permitiéndoles volver a sus espacios, rescatarlos y desarrollarlos bajo su cultura.
Pero, a la fecha, según Provea, no existe un programa de políticas públicas para establecer pautas concretas para enfrentar los diversos problemas que se viven.

Avances de acciones
Olnar Ortiz, de Foro Penal, ratifica que no hay forma de concebir en esta coyuntura país, la posibilidad de celebrar este día.

La situación que viven, sobre todo por las persecuciones políticas por denunciar los diversos atropellos que padecen, los lleva a sentirse como pueblos sin justicia y sin respaldo por parte del Estado para coexistir plenamente, señala.

“No hay forma de convalidar los derechos humanos de nuestros indígenas; eso acompañando a la deuda más grande con nuestros pueblos: la titularidad de nuestras territorios”, apunta.

Del mismo modo, explica que ante la visita de la comisionada de Derechos Humanos ante la ONU, Michelle Bachelet, se pudo presentar algunas realidades.

Parte del informe lleva también plasmado la situación actual de los pueblos indígenas, como víctimas de ataques de los cuerpos de seguridad, de “las mafias y pranes”, además de un resumen de todas las condiciones a las que han estado expuestos según diversos trabajo de campos de ONG ambientalistas y de salud.

Etnias

Según el censo de 2011, la mayoría se halla en zonas de los estados de Zulia, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Anzoátegui, Sucre, Monagas y Apure. Se encuentran también en Colombia, Brasil y Guyana. De acuerdo a su idioma se agrupan en arahuacos, caribes, yanoamama, chibchas, makús, tupí, salivas, guahibas, jirajaras. Sin conexión lingüística: waraos, waikerí, pumé, sapé y uruak.

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