Protestas en Chile: Las graves consecuencias

El día en que explotó la crisis el viernes 18 de octubre, el empresario chileno Francisco Carreño decidió permanecer en su restaurante toda la noche, como un verdadero guardián.

“Estaba dispuesto a todo para defenderme”, dice al recordar aquella jornada en que decenas de locales y supermercados a lo largo de Chile fueron saqueados e, incluso, incendiados.

“No podía dejar mi restaurante así como así, tenía que salvarlo si es que intentaban destruirlo”, le cuenta a BBC Mundo.

La suerte jugó a su favor y su pizzería, llamada Signore, no resultó afectada por los disturbios. Pero, de todas formas, la devastación vino después.

Al estar ubicado en el sector de Tobalaba —que en las últimas semanas ha sido uno de los puntos de encuentro de las protestas en Santiago—, Carreño se vio obligado a cerrar su restaurante durante días, acumulando un déficit de un 50 % en sus ventas en el mes de octubre.

La situación, desde entonces, no ha cambiado demasiado: la pizzería abre sus puertas de manera irregular, dependiendo de cuán masivas son las protestas anunciadas en el día.

Sin embargo, Carreño—que además tiene un pequeño emporio de productos italianos llamado Tantano— debe seguir pagando arriendo y los sueldos de sus empleados, entre otras cosas.

“Este es un terremoto silencioso, las bajas ventas están destruyendo la economía chilena”, afirma el empresario, con evidente pesar.

Pérdida de empleo
La situación de Francisco Carreño no es aislada: tras tres semanas de incesantes manifestaciones —que comenzaron luego de que el gobierno de Sebastián Piñera decidiera subir el precio del pasaje de metro—, miles de micro, pequeñas y medianas empresas chilenas (mipymes) se han visto gravemente afectadas.

La paralización del comercio, de los servicios, del turismo y de todo lo que tenga que ver con la “entretención” —como el rubro gastronómico—, ha supuesto un golpe económico inesperado para quienes no tienen una gran suma de dinero para financiarse en momentos de crisis.

Ante este panorama, se teme que centenares de personas pierdan sus empleos.

“A la fecha ya se han perdido 70.000 puestos de trabajo, lo que equivale a casi un punto del desempleo. Si el país no vuelve a funcionar con normalidad en los próximos 10 días, me atrevo a decir que aquí están en juego 500.000 puestos de trabajo más”, afirma Juan Pablo Swett, presidente de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica.

Francisco Carreño, por ejemplo, ha tenido que disminuir en un 30 % su personal. “Simplemente no me da, no puedo ser irresponsable y mantener gente si no puedo darles seguridad a largo plazo”, dice.

Por otra parte, según un catastro realizado por Swett, del más de poco más de un millón de pymes que existen actualmente en Chile, un 15 % hoy está con serios problemas de liquidez debido a la crisis.

“La economía está trancada por completo. Está trancado el consumo, las decisiones de inversión de las grandes empresas y de las empresas extranjeras, y las contrataciones de personal. En términos económicos, en Chile se está incubando una tormenta perfecta”, asegura Swett a BBC Mundo.

A modo de ejemplo, el presidente de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica dice: “Solo en la industria del turismo, conformada por 9.000 empresas que emplean a aproximadamente a 170.000 personas, las reservas han caído en un 51 %”.

“La imagen país cayó muchísimo, la gente ya no quiere venir a Chile”, agrega.

Barrio patronato
Otra de las industrias que está gravemente afectada desde el estallido social es la de la venta de ropa.

La diseñadora chilena Heidy Valdivia tiene un local de ropa urbana desde hace 15 años en el barrio de Patronato, ubicado en Recoleta, y a pocos metros de Plaza Italia, el principal lugar de reunión de las protestas en Santiago.

Desde que comenzó la crisis, la empresaria independiente se ha visto obligada a mantener cerrado su local y a hacer guardia para evitar saqueos.

“Hemos tenido que hacer turnos para cuidar la mercadería porque los Carabineros no dan abasto”, explica a BBC Mundo.

“Tengo miedo porque creo que esto va a empeorar. No tengo más plata y temo perder todo lo que me ha costado construir durante años”, añade.

Heidy afirma que solo en arriendo se gasta $1,5 millones (US$ 1.900) al mes, mientras que a sus vendedores debe pagarle $100.000 (US$ 126) semanales. Ambos gastos debe seguir asumiéndolos a pesar de que en los últimos 20 días no ha podido vender casi nada.

“¿Quién va a andar preocupado ahora de comprar ropa? Nadie”, alega.

“Ayer pude abrir un rato y vendí solo tres prendas. Yo apoyo las manifestaciones porque creo que Chile es muy desigual, a veces incluso salgo a tocar la olla. Pero esto ya me está influyendo mucho y estoy empezando a ver que afecta a mi bolsillo también”, apunta.

Debido a su ubicación, todo el barrio de Patronato (uno de los centros de venta de ropa más famosos de la capital de Chile, con alta presencia de comercio asiático) se ha visto contaminado con gases lacrimógenos que llegan desde Plaza Italia.

Además, hoy sus murallas lucen rayadas con parte de las consignas de las protestas como “No más abusos” y “Chile despertó”. Y así, los pocos locales abiertos están plagados de ofertas de última hora, prácticamente rematando sus productos.

En un español porfiado, un taiwanés dueño de una de las tiendas, dice: “Solo he llorado en estos días”.

Empresas afectadas por saqueos
Pero aún peor es la realidad de las compañías afectadas por los saqueos ocurridos en las últimas tres semanas en Chile.

De acuerdo con un estudio realizado por el Ministerio de Economía de ese país, son casi 6.800 pymes las que reportaron robo, saqueos o incendio de sus comercios. Según Juan Pablo Swett, con los últimos acontecimientos esta cifra podría haberse elevado a las 10.000.

Es el caso de Karina Cáceres, dueña de una farmacia de medicina natural llamada Panul, que fue completamente saqueada el domingo 20 de octubre.

“Fue una pesadilla. Cuando me enteré de que se habían llevado todo, casi me desvanecí”, recuerda la química farmacéutica, que tiene cuatro meses de embarazo.

Su marido, entonces, se dirigió al local ubicado en la comuna de La Florida (sitio donde ocurrieron varios desmanes) para intentar rescatar lo poco que les quedaba.

“Yo le decía que no se arriesgara, que no fuera. Pero él estaba como en estado de zombi, los dos llorábamos. Finalmente pudo salvar cinco cajas, un octavo de la farmacia”, explica Karina a BBC Mundo.

En total, les robaron 10 millones de pesos (US$12.800 aproximadamente), además de computadores y televisores.

Desde ese día, la farmacéutica piensa que su negocio puede ir a la quiebra. El problema, añade, es que aún tiene dos créditos que seguir pagando y, al estar embarazada, ve muy difícil encontrar otro trabajo.

“La incertidumbre es terrible. Estamos viviendo el día a día, intentando vender lo que nos queda… estoy angustiada”, cuenta.

“Nosotros, además de la farmacia, creamos una fundación pensando en la gente que nos saqueó. Vamos a las poblaciones a enseñarle a los niños a controlar sus emociones. Entonces me duele la traición… porque además nosotros vendíamos nuestros productos baratos”, agrega.

Karina debe seguir pagando el arriendo de $1,8 millones mensuales (US$2.280). Sin embargo, en octubre recibió un octavo del dinero que ingresa en un mes normal. A su hija, no va a poder pagarle educación el próximo año. “Como están las cosas, no nos da”, lamenta.

Y así, de un minuto a otro, su vida dio un vuelco completamente inesperado.

Situación

Los casos de Francisco Carreño, Heidy Valdivia y Karina Cáceres son solo algunos ejemplos de lo que muchos pequeños y medianos empresarios viven en Chile tras el estallido social. Los tres empresarios afirman que apoyan el fondo de las manifestaciones: quieren una sociedad más igual, más justa, con mejores pensiones y mayor calidad en la salud y educación.

Sin embargo, tienen miedo de que esa lucha implique una recesión económica que termine por acabar con sus negocios. Esto, a pesar de que el gobierno anunció la semana pasada un plan para apoyar a estas compañías que contempla, entre otras cosas, facilidades para el pago de impuestos y flexibilidad para la reprogramación de créditos.

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