Las formas de justicia social están ausentes en Venezuela

El Día de la Justicia Social se conmemora cada 20 de febrero como apoyo a la comunidad internacional en la labor de erradicar la pobreza y promover el empleo decente.

“La justicia social se basa en la igualdad de oportunidades y en los derechos humanos, más allá del concepto tradicional de justicia legal”, resalta la Unicef en su página web.

Añaden que la justicia social “está basada en la equidad y es imprescindible para que cada persona pueda desarrollar su máximo potencia y para una sociedad en paz”.

La conmemoración de este día también significa el apoyo a la igualdad entre los sexos, el acceso al bienestar y la justicia social para todos.

Algunas de las formas de justicia social son: la educación, vivienda digna, trabajo, igualdad de género, atención sanitaria y la erradicación del racismo, xenofobia, trata y abuso.

Trabajo

El tema de este 20 de febrero de 2021 según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es un llamado a la justicia social en la economía digital.

“Las consecuencias de la pandemia por covid-19 han propiciado acuerdos de trabajo a distancia y han permitido que la actividad de muchas empresas pueda seguir adelante, reforzando aún más el crecimiento y el impacto de la economía digital”, expresa la ONU.

Sin embargo, según la ONU, la migración a la economía digital ha expuesto la crisis y acentuado más la brecha entre los países desarrollados y en desarrollo.

“En lo que respecta a la disponibilidad, asequibilidad y el uso de la información, las tecnologías de la información y las comunicaciones, el acceso a Internet, han agravado las desigualdades existentes”, menciona el comunicado.

Ante la pandemia por covid-19, muchos venezolanos quedaron sin empleo ante la medida de confinamiento.

Según los Indicadores Sociales de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Inso-Encovi), en 2020, el 56 % de la población venezolana era económicamente activa.

En el municipio Caroní, antes de la pandemia se manejaba alrededor de 6.000 personas dedicadas a la economía informal, cifra que aumentó ante la crisis acentuada por el covid-19.

Dennys Mazo, jefe de Economía Popular y Eventual de la Alcaldía de Caroní, explicó a PRIMICIA en octubre de 2020 que era difícil realizar “un juicio certero” de las cifras de ciudadanos dedicados a la economía informal.

Varios ciudadanos optaron por la economía informal sin que esta fuese permanente como una forma de completar el salario ante la suspensión de beneficios por el confinamiento.

Educación

Inso-Encovi resaltó en 2020 que el 71,1 % es la tasa de asistencia a un centro de enseñanza, en el rango desde tres años hasta los 24 años de edad.

En el estado Bolívar, la tasa de asistencia a un centro de enseñanza es del 69 %.

Durante el confinamiento se habilitaron los puntos de asesoría pedagógica como una oportunidad de mantener la interacción entre alumnos y maestros ante las dificultades de mantener las clases a distancia.

El gobierno nacional anunció que habría un regreso progresivo a las clases presenciales, lo cual está limitado por la escasez de combustible y de efectivo en la entidad.

Yosglhe Romero calificó como una “irresponsabilidad total” del regresar a las clases presenciales ante un posible rebrote de covid-19 y por las limitaciones económicas.

“Los hogares venezolanos no están listos ni lo estarán para costear los gastos logísticos que esto implica. Eso es una burla y una falta de respeto para los docentes, quienes están trabajando por un pírrico salario”, lamentó.

Abuso

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) reflejó en su reporte de violencia basada en género que en 2020 hubo 19 femicidios en el estado Bolívar.

185 mujeres bolivarenses fueron víctimas de distintos tipos de violencia en 2020, 43 de ellas por violencia física.

Codehciu registró 15 casos de violencia sexual, 14 por actos lascivos, cuatro casos de acoso u hostigamiento, igual número de amenazas.

También hubo un caso de violencia doméstica, de violencia psicológica, tráfico de personas y una mujer desaparecida.

“Una crisis humanitaria compleja, en la que el hambre y la miseria reinan en los hogares venezolanos, da entrada a una serie de acontecimientos que afectan en mayor proporción a la generación que se está formando, y los riesgos de abuso, explotación sexual y vulneración de derechos en la existente decadencia de condiciones de vida”, afirmaron desde Codehciu.

Desde la ONG hicieron un llamado al Estado a registrar y publicar cifras sobre los hechos de violencia basado en el género, hacer seguimiento e investigación en los casos.

También instaron a desarrollar programas para prevenir la violencia basada en el género.

Xenofobia

Un caso reciente de xenofobia estremeció a los venezolanos. Orlando Antony Abreu Suárez, de 27 años de edad, fue asesinado a tiros por un delincuente en Perú.

El 24 de enero, el delincuente peruano apodado “Cara Cortada” se hizo viral en un video en redes sociales por dispararle en múltiples oportunidades al venezolano Abreu en un mercado en la localidad de Trujillo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, recalcó que la “numerosa comunidad peruana en Venezuela es respetada e incorporada sin xenofobia”.

“El Gobierno Bolivariano y Venezuela entera exigen que las autoridades de Perú hagan justicia y procesen a este asesino. ¡Ya basta de violencia y discriminación contra los migrantes venezolanos”, añadió Arreaza a través de su cuenta oficial en Twitter.

El hecho ha desencadenado una serie de ataques entre venezolanos y peruanos en ese país y a través de medios digitales.

Esta semana se informó sobre el asesinato del venezolano Wilmer Jaimes Colmenares, de 41 años de edad. Lo golpearon para después lanzarlo desde un tercer piso para causarle la muerte.

Su prima, Karla Tapias, denunció el suceso de este 18 de febrero en la zona industrial de Villa El Salvador, cerca del trabajo del venezolano oriundo del estado Táchira.

“Aquí en Perú hay mucha maldad, uno tiene que saber con quién anda porque es otro país. La xenofobia está muy marcada acá”, expresó Tapias.

Vivienda digna

En el primer mes de 2021 aumentaron los casos de invasiones en Ciudad Guayana, lo que encendió las alarmas desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Alex Pantín, secretario de Seguridad Ciudadana, resaltó que los casos estaban ligados a “invasores de oficio” que están identificados.

“En flagrancia no hay nada que discutir. Al que invade, se va al sitio, se desaloja y se presenta al Ministerio Público”, afirmó Pantín.

En el último censo realizado en 2011, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), el estado Bolívar contaba con 1.413.115 habitantes, de los cuales 646.541 estaban establecidos en Caroní.

En la entidad fueron censadas 416.372 viviendas, de las cuales el 99 % eran familiares y el resto eran hogares colectivos, tomados así por su número de habitantes y características de la casa.

De la cifra de hogares censados, el 85,7 % estaban ocupados, 7,3 desocupados, 4,2 % de permanencia ocasional y el 2,8 % en construcción.

De acuerdo con las estadísticas de Inso-Encovi, el 71,2 % de las viviendas presenta déficit de servicios públicos y el 11,5 % son viviendas inadecuadas.

Mientras que, en el estado Bolívar el 62,2 % de los hogares tiene déficit en los servicios públicos y cerca del 10 % no cumplen las condiciones para ser viviendas adecuadas.

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