Trabajadores piden investigación de hechos “fraudulentos”

Alrededor de 150 a 200 trabajadores de la empresa Comercial y Técnica del Aluminio (CTA) en Puerto Ordaz, quedaron a la intemperie tras el cierre de la fábrica de rines en 2018.

Desde entonces, el grupo mantiene la lucha por defender las necesidades de quienes allí laboraron.

En entrevista con PRIMICIA, Jairo Rincones, representante de los trabajadores, recalca que la compañía cerró bajó el pretexto de la falta de materia prima.

Ante esto, los empleados realizaron los respectivos trámites en Inspectoría del Trabajo para tomar la empresa bajo el artículo 149 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Señala que las inspecciones a CTA constataron que la fábrica no estaba funcionando y de manera fraudulenta, hizo el cierre.

A pesar que se abrió un expediente en 2020, Rincones denuncia que tres años después, el caso fue cerrado por unas supuestas firmas de compañeros que estarían de acuerdo con los argumentos que manejaba la directiva, pero aclara que el listado corresponde a la fecha de 2018.

“¿Cómo abres un expediente en 2020 y lo cierras con firmas de los trabajadores del año 2018?”, cuestiona Rincones al calificar esta acción como fraude procesal.

El artículo mencionado por Rincones refiere que en el caso de cierre ilegal o fraudulento de una entidad de trabajo o debido a una acción de paro patronal, si el patrono se niega a cumplir con la Providencia Administrativa que ordena el reinicio de las actividades productivas, el ministerio por solicitud de los trabajadores y de acuerdo a la resolución, ordenar la ocupación de la entidad de trabajo cerrada y el reinicio de las actividades productivas, en protección social de trabajo, los empleados y sus familiares.

Hasta la fecha, el grupo de afectados no tienen a quién reclamar, sostiene Rincones, pues al parecer, la entidad de trabajo fue entregada a una grupo empresarial de conductores de eléctricos en la ciudad.

Más acciones por parte de los trabajadores

Este miércoles 31 de enero, los trabajadores se reunieron en la plaza El Hierro de Alta Vista para solicitar la aprobación de la mayoría y acudir a la fiscalía para interponer una denuncia formal y se abra una investigación.

Esta no es la primera vez que alzan su voz en reclamo. En febrero del año pasado, hicieron un llamado a la Gobernación del estado Bolívar, Defensora del Pueblo y otras instituciones, por una solución.

En ese momento, manifestaron que los sacaron de nómina sin pagos de prestaciones sociales, beneficios contractuales, vacaciones, fideicomiso, entre otros.

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