La compañía cerró en 2018 y los trabajadores realizaron los respectivos trámites en Inspectoría para tomar la empresa bajo el artículo 149.
Al menos 200 trabajadores de CTA están perjudicados al no aclararse la situación con la empresa Sural C.A.
También están imputados dos expresidentes y dos exdirectivos, a los que se imputa los delitos de falsedad documental.
Aseguran que los organismos correspondientes han aplicado políticas de oídos sordos ante el caso.
Extiende el llamado al gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano por una solución.
Según el sindicato, los salarios fueron cancelados los primeros meses, después no han obtenido respuesta.
Piden que se realice una inspección en las instalaciones de la factoría y también a CTA.
Trabajadores de CTA siguen reclamando.
Trabajadores cobran Bs.S 400 semanal.
Denuncian que la administración alega que los aumentos salariales no están en gaceta.
