La sentencia fue aplazada hasta finales de este año, periodo que esperan aprovechar para concluir con la venta de acciones.
El dirigente comentó que es un caso “muy lamentable para el país”, independientemente de la ideología política.
La empresa había alegado que la medida violaba un tratado de protección de inversiones entre los Países Bajos y Venezuela.
Aseveró que el “sector privado es primordial en el fortalecimiento de la economía venezolana”.
