Demandan atención para reclusos de El Dorado

El Centro Penitenciario de Oriente, mejor conocido como la cárcel de El Dorado y ubicado al sur de Bolívar, actualmente cuenta con un aproximado de 1500 reclusos, de los cuales un poco más de la mitad enfrenta un proceso judicial, no solo en la región sino en juzgados de otros estados, aun cuando solo debe albergar a quienes ya recibieron condena.

A pesar del Plan de Agilización de Causas que inició el pasado julio por órdenes del Tribunal Supremo de Justicia, siguiendo instrucciones del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, los procesados en que permanecen en El Dorado todavía no gozan de ese beneficio.

El penitenciarista Pedro Rondón declaró que se debe a que la mayoría de los internos en ese penal son foráneos, lo que dificulta de cierta manera la continuidad del lapso procesal, tanto para el imputado como para el juez que lleva la causa.

Explicó que, en el último monitoreo, el cual se realizó en febrero, un 57 % de la población carcelaria provenía de otros estados, situación que viola los establecido en Código Orgánico Procesal Penal que refiere que “ningún procesado debe salir de su jurisdicción”.

Ante esto cuestionó: ¿Bajo qué premisa o condiciones los trasladan? ¿En qué se basan para movilizarlos sobre todo en este tiempo de pandemia?

Autoridades no responden

Por otro lado, Rondón mencionó que la ubicación del centro penitenciario representa una limitante para los representantes judiciales; sin embargo, reiteró que ese no debe ser un motivo para “dejarlos en el olvido”.

Señaló que en reiteradas oportunidades ha planteado varias soluciones entre las que destacó: el traslado de los procesados hacia la zona cercana a los tribunales y la instalación de un equipo multidisciplinario en el penal, conformado por el Ministerio de Asuntos Penitenciarios.

No obstante, refirió que hasta el momento las máximas autoridades, tanto nacionales como regionales, hacen caso omiso al planteamiento.

Falta de atención sanitaria

Por su parte, el abogado Luis Guevara, Defensor de los Derechos Humanos y Coordinador Regional del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) expresó que, en el caso de Bolívar, la Defensoría del Pueblo tiene conocimiento de la situación por lo que aseguró que es necesario que el ente se aboque como garante de los derechos humanos.

Guevara también enfatizó en los condenados que están a la espera de ser atendidos en el plan, bajo la modalidad de una mesa técnica para que se les otorgue la rendición de la pena.

Recordó que a los Tribunales de Juicio, Ejecución y Control les compete principalmente la evaluación de los casos para posteriormente proceder a la alianza con fiscalía, gobernación, guardia nacional y custodios.

Otro de los puntos que refirieron tanto Rondón como Guevara fue la falta de atención sanitaria, que ha desencadenado un grave problema de desnutrición y brotes de paludismo, tuberculosis, entre otros padecimientos, derivando en la muerte de varios reclusos.

Entre las causas de esas enfermedades, Rondón mencionó que el agua utilizada no es tratada, sino que la almacenan en recipientes y proviene del río Cuyuní, situación que la OVP ha denunciado varias veces y las autoridades no atienden.

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