Comisión Presidencial para la Revolución Judicial ha otorgado 831 medidas cautelares en Bolívar

Más de 800 medidas cautelares sustitutivas de libertad han sido otorgadas a los reclusos en Bolívar. Esta cifra corresponde a los distintos centros de detención preventiva de los dos circuitos en la entidad, desde que se instaló la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial, hace poco más de un mes.

El abogado y asesor de la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial, José Gregorio Beria, señaló que “llevamos al día de hoy 831 medidas cautelares sustitutivas de libertad, pases a juicio, revisión de medidas, con personas que estaban en situaciones jurídicas delicadas, enfermos y que el sistema judicial no le daba respuesta”.

“Las medidas cautelares consisten desde pase a juicio en libertad en conformidad con el articulo 44 constitucional, además de admisión de hechos, procesos concluidos y penas cumplidas”, explicó el jurista.

Reiteró que la premisa es la libertad y la excepción de la privación. “En tiempos de pandemia, hacinamiento, corrupción, el Estado está interviniendo y observando que existe la posibilidad de que los procesados en algunos casos pueden ser juzgados en su libertad”, añadió.

De acuerdo a Beria han revisado 1.510 expedientes, cuyas expectativas de condena fuese nula. Además unos tres mil familiares se han entrevistado con el equipo de la comisión, liderado por el mayor general Antonio José Benavides Torres.

El representante de la comisión recalcó que durante este lapso, también han dialogado con procesados de centros de Ramón Eduardo Vizcaíno, Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, tanto del municipio Caroní como en Angostura del Orinoco.

Las acciones forman parte del despliegue para garantizar el cumplimiento de la constitución y la ley, sostuvo.

“Desde que se designó la comisión presidencial para la revolución judicial se desplegó un conjunto de acciones en todos los recintos preventivos de detención, con el fin de atender a la población de privados de libertad por delitos menores cuyas causas tengan retardo procesal o por enfermedades”, acotó.

Justicia sin impunidad

En su declaración, el también Defensor de los Derechos Humanos, manifestó que “se han atendido denuncias de cobros indebidos, de vacunas en tribunales y abogados inescrupulosos y mafias judiciales”.

“Hemos encontrado detenciones arbitrarias. Detenidos con delitos menores que llevaban entre cuatro ya seis años detenidos sin recibir respuesta. Procesados con milésimas de sustancias estupefacientes, material estratégico, presuntas estafas y extorsiones, así como robos y hurtos. Situación que degrada la  atención del sistema de justicia a estos procesados”, enfatizó.

“Hemos recibido con beneplácito todo el apoyo de los familiares y el pueblo de Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas para hacer justicia, sin impunidad, con un alto grado de responsabilidad y cumplir los principios constitucionales, coordinación y apoyo entre poderes, legislativo, ejecutivo porque existía una cantidad de denuncias y situaciones anormales que dieron origen a esta comisión presidencial”, concluyó.