Beria: Existe violación masiva, agravada y continuada de DD.HH. a los privados de libertad

El abogado penalista José Gregorio Beria declaró que, en Venezuela, sobre todo en Ciudad Guayana, existe una constante y agravada violación de los derechos humanos a los privados de libertad.

“Los detenidos por cualquier hecho punible están sometidos a condenas anticipadas, una especie de derecho penal del enemigo”, aseguró Beria.

Recalcó que el incremento de la población penitenciaria, sumado a la suspensión de actividades judiciales “se traduce en violaciones masivas a los derechos y garantías constitucionales”.

“La suspensión de juicios y audiencias preliminares se vuelven penas anticipadas, sin visitas, con muchas causas esperando audiencias, y una carga mayor para familiares que no cuentan con recursos para sostener el pago de alimentos, pasajes y medicamentos”, acotó.

Detenciones arbitrarias

El jurista explicó que, ante el decreto de la cuarentena, la situación es más grave.

Aseguró que a las irregularidades del sistema judicial se le añade el incremento de las detenciones arbitrarias y las imputaciones.

“Fiscales de flagrancia legalizan las detenciones y actuaciones arbitrarias, así como los jueces de Control, cuando su tarea es velar por la legalidad de las aprehensiones”, expuso.

A su vez, condenó que las capturas “terminan convalidando abusos, robos, torturas y simulaciones de hecho punible”.

Inconsistencias

Por otro lado, el abogado precisó que en las actas policiales “hay muchas inconsistencias” basadas “falsos supuestos y positivos que son inconstitucionales, pero que al final se legalizan”.

Señaló que tanto la Fiscalía Superior regional y el Circuito Penal del estado tienen “conocimiento de estás gravísimas violaciones al Estado de Derecho y de justicia que propugna nuestro ordenamiento jurídico”.

Además, agregó destacó que “el ciudadano común siente miedo y rechazo por las masivas violaciones a sus garantías y los responsables guardan silencio sospechoso”.

Finalmente expresó que “los abogados y familiares de los procesados exigimos que se restituya la vigencia de nuestra Constitución, que se realicen los actos formales establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal y las leyes, que cesen las imputaciones sin fundamento, además que se instaure el Estado de Derecho en los circuitos penales”.

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