Abogado recusa a juez del Tribunal Tercero en Puerto Ordaz
El abogado Armando Jiménez Moreno, impre 297.700, recusó a la juez del Tribunal Tercero de Control, en Puerto Ordaz, por “acto de corrupción y retardo procesal”.
El jurista denuncia que “no hay parcialidad entre las partes y hasta los momentos ha existido un retardo procesal”, en la causa FP12-X-2021-00018 por estimación e intimación de honorarios profesionales.
Este lunes, también consignó la recusación ante el presidente del Circuitos Judicial en Bolívar.
Asimismo, indicó que tiene previsto acudir a la Inspectoría Nacional de Tribunales y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar que se realicen “las inspecciones correspondientes ante lo ocurrido en tribunales.
Jiménez explicó que el año pasado interpuso una demanda contra el propietario de la embarcación Gesgemani de bandera guyanesa, (retenida desde el 2020 en territorio venezolano por contrabando de combustible), tras negarse a cancelar los honorarios del jurista.
Acotó que, además, solicitó una medida preventiva para garantizar la continuidad del proceso. Dicha medida se aplica para evitar que la embarcación sea liberada, pero tampoco ha recibido respuesta.
Manifestó que el 26 de septiembre de 2021 se dio inicio a la audiencia de conciliación y ratificación de la medida preventiva, sin embargo, no se realizó ya que “la parte demandada solicitó una prórroga y no presentaron una propuesta de pago”.
El penalista mencionó que la audiencia quedó pautada para este viernes 21 de enero y tampoco se efectuó.
De acuerdo a Jiménez, la audiencia debió realizarse a la 11:00 a.m., no obstante, horas después la secretaria les manifestó que “la misma estaba diferida” por ausencia de las partes lo que a su juicio representa una “dilatación en el proceso judicial” ya que ambas partes se encontraban presentes.
Es por ello que pide que “se tomen cartas en el asunto en vista que en los tribunales de Puerto Ordaz hay corrupción”.
Finalmente, reiteró la solicitud de la medida de prohibición de territorio venezolano tanto de la embarcación del territorio venezolano así como la del propietario, ya que hay un proceso judicial en curso, de acuerdo a los expedientes FP-12-P-2020-003948 y MP-2020-210175.
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