Asesinato de Aldrin Torres vuelve a la palestra con investigación del Cleb

Luego de casi cuatro años del asesinato del exdiputado regional, Aldrin Torres y su compañera sentimental Rebeca Núñez, el Consejo Legislativo del Estado Bolívar (Cleb) instaló una comisión especial a principios de enero para investigar dicho homicidio.

La comisión está integrada por Yusleiby Ramírez como presidenta, Lisbenio Muñoz en la vicepresidencia, Armando Barreto como miembro y los asesores son: Gilberto Alcalá, Horacio Alarcón y Rubén Pinto.

Cuando anunciaron la creación de esta mesa de trabajo, Barreto expresó “ante este crimen vamos a investigar lo ocurrido para que pague quien tenga que pagar”, según reseñaron en una nota de prensa del parlamento regional.

Las autoridades encontraron los cadáveres Torres y Núñez el 11 de agosto de 2018 en el kilómetro 35, del sector San José del Bongo vía Puerto Ordaz-Ciudad Bolívar, después de 11 días de búsqueda.

En este lapso las autoridades no han revelado qué fue lo que sucedió, ni quiénes son los responsables.

“Voluntad política”

Horacio Alarcón, integrante de la dirección regional del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), reconoce al Cleb por tener la iniciativa de tomar en cuenta este caso en la actualidad cuando asumieron el órgano legislativo a escasas semanas.

Destaca que tienen la “voluntad política” al demostrar que quieren saber cuál es el estado de dicha investigación.

El dirigente explica que los diputados decidieron crear esta comisión “en el marco también del renacer de la tarea legislativa”.

“Se habla de que policialmente el caso está cerrado, pero los que imparten justicia no le han dicho a este pueblo qué fue lo que pasó”, subraya.

Acerca de otros casos que necesitan ser investigados, el dirigente señala que también podrán indagar sobre otros hechos.

Indica que el asesinato de Torres puede ser un “punto de partida” para futuras averiguaciones.

Alarcón enfatiza que desde la tolda roja habían hecho gestiones. Sin embargo –dice– ahora tienen la oportunidad de enfocarse sobre ello.

“Antes no teníamos la oportunidad, algunos incluso se sentían amenazados, hoy tenemos oportunidad”, recalca.

Manifiesta que desde el partido de gobierno tienen la “disposición” de realizar las indagaciones.

“Si la justicia nos dice qué fue lo que ocurrió, perfecto. Creo que tenemos derecho a saber, investigar y si ya lo hicieron que nos digan qué fue lo que investigaron para seguir honrando la memoria de un dirigente histórico como lo fue Aldrin”, añade.

Los hechos

El exdiputado desapareció junto a su pareja el 1 de agosto de 2018 cuando presuntamente personas desconocidas se los llevaron de manera forzada.

Los desconocidos entraron en la vivienda donde residía la pareja en el sector Marhuanta, en el municipio Angostura del Orinoco.

Reportes de los cuerpos policiales indicaron que unos motorizados días antes se desplazaron por las adyacencias de la residencia.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), por autorización del exmandatario regional, Justo Noguera Pietri, hizo un rastreo aéreo por diferentes áreas de Ciudad Bolívar con el objetivo de hallar pruebas.

Para el 8 de agosto el Psuv dio una rueda de prensa junto al entonces jefe de la Región Estratégica de Investigación Penal (Redip) Guayana, Lisandro Alfonzo y el exgobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, quien en ese entonces declaró que el exdiputado “fue víctima de una desaparición forzada”.

También aseguró que “estaban trabajando” para encontrar al dirigente de la tolda roja y a su esposa.

Alfonzo, por su parte, detalló que las investigaciones continuaban y que habían interrogado a testigos y familiares para analizar la información.

El 15 de agosto, después de que la pareja apareció sin vida, desde el Psuv volvieron a ofrecer otra rueda de prensa en la que lamentaron los hechos.

Noguera Pietri indicó, en ese momento, que las averiguaciones estaban a cargo de una comisión que había llegado desde Caracas.

Añadió que esperaba que el suceso se “esclareciera”. Calificándolo como un “vil asesinato” y añadió que las indagaciones seguirían.

“Se han adelantado ya todas las líneas de investigación y estoy seguro que muy pronto se verán los resultados y se sabrá quién ejecutó esta acción criminal”, afirmó ese día.

Luego continúo que “no hay nombres todavía” y comentó que el homicidio “no quedará impune”.

Insta a resolver más casos

Freddy Valera, diputado del Cleb por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), señala que cualquier muerte debe ser investigada sin importar el lapso que haya pasado.

Considera que “es justificable” que si hasta ahora no hay ningún resultado se solicite uno sobre este hecho.

“Pero es obvio que este caso tiene un contenido político muy importante. Hay tantas muertes en el estado Bolívar que la decisión debería abarcar la inmensa cantidad de personas muertas y desaparecidas que existen”, comenta.

Indica que es necesario que las autoridades no realicen investigaciones de forma “parcial”, sino “total” de los diferentes sucesos.

El legislador insta a las autoridades a también indagar en profundidad “todo hecho punible” a fin de que aporten resultados “con la mayor prontitud posible”.

Acota que hay muchos casos similares y cree que esto se debe a que no hay un sistema de justicia eficiente que se corresponda a las demandas de la entidad.

El dirigente expresa que “falta voluntad política para resolver el problema de la justicia y de los organismos de seguridad del estado”.

“Sin embargo aquí lo que existe es una irresponsabilidad sobre estos hechos (…) Si no hay indicios, hay dudas de que la gestión anterior tenía que haber asumido con prontitud, eficacia, responsabilidad y obviamente no lo hicieron”, destaca.

Señala que hay que cuestionarse por qué la administración pasada no hizo énfasis en indagar más en los acontecimientos alrededor del exdiputado.

Agrega que a los organismos policiales también deberían solicitarle explicaciones del por qué no existen resultados definitivos.

“Pareciera que había intereses en que ese caso se quedara en cualquier gaveta de los organismos de justicia. Es una situación irregular todo lo que pasa con este caso y con todos los casos que tenemos en el estado Bolívar”, manifiesta.

El parlamentario agrega que “no se puede esperar que pasen años o cambie una gestión, ni siquiera de un partido a otro, sino de ellos mismos. Al parecer hay intereses involucrados en todo esto”.

Subraya que se debe esclarecer porque los ciudadanos necesitan respuestas, tanto de este como de otros hechos.

El diputado opina que empezaron a investigar de nuevo este suceso debido a que “hay un cambio de gobierno regional”.

“Pareciera que a la luz del gobierno anterior no había interés en este caso en particular. En los demás sigue siendo una conducta de absoluta impunidad”, puntualiza.

Denuncias de irregularidades

En una entrevista publicada el 31 de julio de 2019 en PRIMICIA, la mamá de Torres, Noemí Salazar, lamentó que en aquella oportunidad había pasado un año desde el asesinato y todavía no se habían dado a conocer los responsables.

Indicó, además, que semanas antes del crimen, el exlegislador había denunciado supuestos hechos irregulares en la empresa Minerven. Salazar comentó que hizo las denuncias a través de medios regionales y exigió que den con los culpables.

Trayectorias

Aldrin Torres fue exdiputado del Consejo Legislativo del Estado Bolívar, exvicepresidente del parlamento regional e integrante del equipo político del Partido Socialista Unido de Venezuela en la región. Mientras que Rebeca Núñez estaba al frente del Registro Civil de Ciudad Bolívar.

Para este trabajo se intentó contactar en múltiples oportunidades y por distintas vías, a la diputada Yusleiby Ramírez, presidenta de la comisión, para ampliar la información pero el contacto no fue posible.

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