Aprueban en primera discusión reforma de ley para la protección ganadera
La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad y en primera discusión el proyecto de ley para la protección de la actividad ganadera, instrumento jurídico orientado a la modernización de las unidades de producción pecuaria mediante el uso de tecnologías apropiadas y buenas prácticas ganaderas.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, intervino para denunciar las graves falencias que presenta la legislación vigente en la materia, a la cual calificó como un instrumento preconstitucional redactado entre los años 1997 y 1998.
Rodríguez propuso la conformación inmediata de una comisión mixta integrada por las comisiones de Economía y de Política Interior, con el firme propósito de articular mesas técnicas de trabajo junto a la Fiscalía General de la República para estructurar un régimen sancionatorio severo y eficaz dentro del nuevo texto legal.
El planteamiento, realizado al cierre de la intervención del diputado Reyes, busca dotar al Estado venezolano de herramientas jurídicas modernas y disuasivas que castiguen con contundencia el contrabando de extracción y las redes de delincuencia organizada dedicadas al hurto pecuario.
Con la incorporación de la Comisión de Política Interior y el Ministerio Público, el Parlamento nacional apunta a blindar la seguridad jurídica de las unidades de producción y acelerar los procedimientos de control penal, garantizando una respuesta institucional oportuna que erradique los vacíos legales heredados de las normativas de finales de la década de los noventa.
Por otra parte, Rodríguez planteó formalmente que el diseño del informe y el proceso de consulta pública para la segunda discusión no queden delegados de manera exclusiva en la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional.
El presidente del Poder Legislativo cuestionó con dureza que el marco normativo actual contemple sanciones pírricas y plazos desproporcionados que favorecen la impunidad en las zonas rurales, detallando de forma específica que la ley vigente otorga hasta 90 días para certificar si un ganado robado pertenece o no al ocupante de un predio, un margen de tiempo que facilita la movilización y pérdida de los semovientes fuera de las fronteras nacionales.
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