La justicia británica autoriza demanda contra el rey emérito Juan Carlos I
El Tribunal Superior de Londres dictó este jueves que el rey emérito Juan Carlos I no tiene inmunidad legal en Inglaterra, tal como este reclama como miembro de la familia real española, tras su abdicación y, por tanto, puede proceder la demanda por acoso, seguimiento ilegal y difamación interpuesta en su contra por su examante la danesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein.
“Cualquiera que sea el estatus que tenga el acusado según la ley y la Constitución españolas, ya no es un soberano o un jefe de Estado que le otorga inmunidad personal”, dijo el juez Matthew Nicklin, quien declaró la competencia de la jurisdicción inglesa para examinar la denuncia de la examiga del rey.
El tribunal también señala que el presunto acoso del que se le acusa “no entra en el ámbito de la actividad gubernamental o soberana”.
Nicklin escuchó el pasado diciembre los argumentos de las partes.
Los abogados del padre del Rey defendieron su inocencia y sostuvieron que no podía ser procesado al ser miembro de la Familia Real española y ex jefe de Estado, por sus actos cometidos en parte cuando aún era rey de España.
Los representantes de Corinna alegaron por su parte que, tras su abdicación el 18 de junio de 2014, don Juan Carlos ya no está protegido por la inmunidad que se confiere a los jefes de Estado al amparo de la legislación británica.
Corinna Larsen demandó a finales del 2020 al rey emérito ante el Tribunal Suprior de Londres y solicitó, además de ser indemnizada por la “vigilancia ilegal” que sufrió de los servicios secretos españoles, que el ex jefe del Estado no se pudiera acercar a 150 metros de ninguna de sus residencias.
En la denuncia, que se conoció el pasado julio, la empresaria acusó al Juan Carlos de Borbón y a los servicios secretos españoles de “vigilancia ilegal” en el Reino Unido y de hostigarla desde 2012 mediante amenazas, difamación y espionaje encubierto.
La examiga del rey emérito ha denunciado en diversas entrevistas e incluso durante su comparecencia como testigo en un juicio en España -en el primero que se ha celebrado contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo- el acoso que dice sufrir desde 2012, cuando salió a la luz su relación después del viaje que realizaron juntos a Botsuana, para que no revele secretos de Estado que, según ella, le acusan de tener en su poder.
Rechazo y acoso
Según los documentos presentados por sus abogados, la mujer danesa mantuvo una “relación sentimental íntima” con Juan Carlos de Borbón entre los años 2004 y 2009. Tras su ruptura, siguieron siendo amigos durante un tiempo, antes de que el entonces todavía jefe del Estado buscara reavivar su relación, según su relato.
Cuando la empresaria “manifestó claramente su negativa”, el ya rey emérito de 84 años adoptó “comportamientos de acoso”, dice, acusándola de haber “organizado” una serie de actos maliciosos, causándole “angustia y ansiedad”.
“La sentencia de hoy demuestra que este acusado no puede esconderse detrás de ningún cargo, poder o privilegio para evitar este procedimiento”, reaccionó Robin Rathmell, abogado de Corinna.
“Este es el primer paso en el camino hacia la justicia; los terribles hechos de este caso finalmente serán llevados ante la justicia”, agregó en un comunicado citado por la agencia France Press.
Este fallo llega seis días antes de que el 29 de marzo los reyes Felipe VI y Letizia asistan en la Abadía de Westminster de Londres al funeral en memoria del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, marido de Isabel II, fallecido el 9 de abril de 2021 a los 99 años.
Además, se da la circunstancia de que a principios de este mes la Fiscalía General del Estado archivó todas las investigaciones realizadas sobre el patrimonio de Juan Carlos I al no hallar indicios suficientes para interponer una querella ante el Tribunal Supremo, dejando despejado el horizonte judicial del rey emérito tras dos años de indagaciones.
La Fiscalía dio carpetazo a las tres investigaciones que mantenía abiertas al ex jefe del Estado.
La que se centraba en el presunto cobro de comisiones ilegales por la intermediación del emérito en el contrato de las obras del AVE a la Meca, la que tenía que ver con la posible existencia de fondos ocultos en un trust financiero en el paraíso fiscal de Jersey y la que versaba sobre el uso de fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause a través de un testaferro.
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— clm24.es (@24clm) March 24, 2022
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