¿Y mi vacuna?

Uno de los derechos humanos inherentes a la vida es a la salud, y más que a la salud es al acceso a un sistema de salud pública óptimo, suficiente y democrático, en el que todos reciban atención sanitaria de calidad sin distingo y sin discriminación de ninguna naturaleza.

Nuestro país ha sufrido un rezago esta área, en cuanto a la cantidad y la calidad de los centros de atención sanitaria, la otrora nación poseedora de uno de los sistemas hospitalarios públicos más amplios de toda Latinoamérica, es hoy por hoy uno de los países de la región con el peor sistema sanitario.

Reducidos centros hospitalarios, precarias condiciones físicas y de infraestructura, escaso personal médico y de salud producto del agresivo éxodo de profesionales, salarios de hambre y un sinfín de calamidades más, hacen del sistema de salud venezolano uno de los peores a nivel mundial y ello preocupa de sobremanera a la comunidad sanitaria internacional, quienes ya comienzan a cuestionarse sobre cuál será el esquema de aplicación óptimo de la vacuna por covid-19 de manera global.

Han sido ya varios laboratorios que han mostrado sus vacunas con distintos porcentajes de efectividad, la cual, al parecer tiene una importante relación con los protocolos de conservación, cuyas temperaturas deben estar garantizadas y así poder ofrecer la protección sanitaria para la cual fue diseñada la vacuna.

Los distintos laboratorios se debaten en cuanto a las costosas licencias para realizar sus testeos, de ser un tema de salud pública mundial pasó a ser de derecho de propiedad industrial y muy seguramente pasará a ser de debates económicos a gran escala, producto del complejo esquema que representará el diseño para su distribución y comercialización.

Una complejidad que, como se dijo anteriormente, está relacionada con la rigurosidad de la temperatura adecuada para su conservación, la cual debe garantizarse a través de una cadena de frió que va desde los -70° hasta los -20°, resultando este protocolo de conservación de la indemnidad de la vacuna en un impacto negativo para los costos finales.

Laboratorios como Pfizer, Moderna, y más recientemente AstraZéneca, son tan solo tres de los más de 20 laboratorios a nivel mundial, que se han mantenido a la vanguardia en la carrera por la vacuna anti Covid-19.

A mediados del mes de noviembre el laboratorio AstraZéneca rompía el celofán de la mediática mundial al ofrecer bajos costos para la vacuna de su confección que estaría rondando los $3 por dosis, versus los $ 19 por dosis que ofrecen Pfizer y Moderna como promedio.

El secreto del precio ofrecido por el laboratorio británico, radica en la posibilidad de mantener la incolumidad de la vacuna a temperaturas no tan rígidas como las necesarias para la conservación de los diseños presentados por los dos primeros laboratorios.

Ahora bien, llevada la discusión a Latinoamérica habrá que añadirle algunos otros amargos ingredientes al tema de la distribución equitativa de la vacuna, entre ellos el acre condimento de la pobreza y en algunos países la pobreza extrema como es el caso lamentablemente de Venezuela.

Ello nos obliga desde ya a plantear las interrogantes que orientarán cualquier plan de vacunación que se emprenda, ¿Debe la Organización Mundial de la Salud establecer un esquema mundial de aplicación? ¿Deben los Estados garantizar la gratuidad de la vacuna? ¿Quiénes serán los beneficiados de las primeras dosis? ¿Cómo democratizaremos la aplicación de la vacuna?

Y así unas cuantas interrogantes más, que desde este mismo instante deberían estar trabajando en mesas colegiadas en las que se agrupen Estado/Sector Salud/ Ciudadanos.

No hay que poseer un doctorado en politología para presuponer que en nuestro país, seguramente el esquema de aplicación de la vacuna será politizado por los mismos factores de siempre.

Basta un ejercicio de memoria para identificar mediante cual esquema le darán acceso a los ciudadanos a su derecho a la inmunización, resguardado en ese derecho humano a la salud o al acceso a un sistema sanitario, previsto no sólo en las normas universales, sino también en nuestra propia Constitución.

Como ciudadanos del mundo tenemos derecho a la vida y para ello es necesario contar con un sistema de salud que nos garantice la recuperación en caso de enfermarnos, pero también el sentido preventivo de la medicina es parte integrante del derecho a la salud, por ello todos tenemos derecho a la vacuna, pero ¿a cuál?, la de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZéneca, la costosa, la económica, la gratuita, la politizada, en fin, amanecerá y veremos a cuál de ellas tendremos acceso o si sencillamente no podremos acceder una vez más a un derecho humano previsto pero no garantizado.

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