Vacuna obligatoria para niños y adolescentes

La noticia ha corrido como reguero de pólvora, anunciada por Delcy Rodríguez a través de sus redes sociales y posteriormente confirmada por Nicolás Maduro en alocución pública, de que nuestros niños y adolescentes serán inoculados con las “candidatas a vacuna” de confección Cubana Abdalá y Soberana.

Pero esta acción del ejecutivo nacional prende muchas alarmas, sobre todo a los padres de millones de niños y adolescentes, los cuales recibimos con profunda preocupación esta nueva acción sin planificación adoptada por el régimen.

Ya en anteriores artículos había abordado la preocupación del llamado a clases presenciales, sin que existan evidencias de ambientes escolares seguros para nuestros hijos, ello me hacía intuir que algo más habría tramado con esta acción y esa intuición ha conseguido acierto en esta nueva medida, ¿acaso los posibles contagios en la población infantojuvenil serán la excusa para comenzar un plan de vacunación obligatorio? No hay que ser un erudito para concluir que esta desde el inicio fue la estrategia, pero ello más que ilegal es algo desde todo punto de vista criminal.

Ante esta pretendida acción del régimen es bueno traer a colación lo que ha establecido la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al respecto, específicamente en el numeral 3 del artículo 46, en el que se prohíbe taxativamente el sometimiento de cualquier persona sin su consentimiento a experimentos científicos o a exámenes médicos o de laboratorio, de manera que nadie incluyendo niños y adolescentes, puede ser obligado a recibir una vacuna, menos aún sin contar con el suficiente aval científico que compruebe su efectividad o al menos su inocuidad.

Al respecto la organización no gubernamental internacional Healthy Children ha indicado en su más reciente informe, que aún en la actualidad la comunidad científica mundial no se ha pronunciado sobre la viabilidad de las vacunas en el grupo infantojuvenil, ello en razón a las fórmulas de vacuna ya aprobadas e inoculadas a nivel mundial, sobre las cuales aún se mantienen activamente estudios para comprobar no sólo su efectividad sino también su inocuidad, pues como bien lo dice en su informe que puede leerse en su portal web “los niños no son adultos pequeños”.

Cierto es como se dijo, que nuestra constitución prevé la prohibición de ser obligado a someterse a tratamientos médicos, o a pruebas científicas sin el consentimiento de la persona y aunque muchos quizás asociarán la pandemia de la covid, como una aplicación de la excepción que indica que esta garantía no será aplicable cuando se trate de la necesidad de salvaguardar la vida de las personas, habría que responder que la inoculación de la vacuna se practica en personas sanas, de manera que al momento de ser inoculado su vida y su salud no se encuentran comprometidas, más si lo estará si se le aplica una vacuna aún no aprobada por la comunidad científica mundial y que no cuenta con el aval de los organismos mundiales de salud, como es el caso de las candidatas a vacuna de confección Cubana, Abdalá y Soberana, las cuales según lo adelantado por Delcy Rodríguez, serán las que dispondrán para ser aplicadas a la población de niños y adolescentes.

Ante este escenario cabría preguntarse ¿Quien será el responsable de alguna posible muerte de un niño o de un adolescente por reacciones adversas de una vacuna que aún no ha sido aprobada por la ciencia médica mundial?

Las vacunas son gratis, pero ello no puede ser interpretado como que no tienen un costo, su manufactura de altos estándares de calidad, su delicada distribución desde el centro de producción hasta la final aplicación bajo estrictos controles de temperatura, hacen que los costos sean considerables, sólo que estos no son sufragados por los ciudadanos sino por el estado, aunque este último lo haga con recursos provenientes de impuestos pagados por estos, de manera que indirectamente si contribuimos en el pago de estas vacunas “gratis” , pero el punto es que en estos esquemas de distribución seguramente la corrupción ya comience a echar mano de algunas formas de sacar provecho, mucho más en un país en el que sus gobernantes son reconocidos mundialmente por ser una máquina de corrupción.

Es importante traer a colación los cuatro Principios de la Bioética, sobre todo los asociados al Derecho Humano a la salud, resguardado tanto por la Declaración Universal de los Derechos Humanos entendidos estos como de Primera Generación, como también por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a saber, Principio de No Maleficencia, de Beneficencia, de Autonomía y de Justicia.

El hecho de obligar por orden ejecutiva o por decreto la inoculación de un agente activo a nuestros hijos, que aún no cuenta con la aprobación de los organismos internacionales de control sanitario y de salud, choca frontalmente con el primero de estos principios que indica entre otras cosas, que toda actividad humana debe velar por no causar un daño a la integridad de las personas, ya que si bien se enarbola la acción pretendida por el régimen como una forma de proteger la salud colectiva, el hecho de inocular un elemento no aprobado científicamente, rompe con todo buen propósito o Beneficencia e irrumpe en el campo de la violación a Derechos Humanos de primera generación. ¿Qué haremos los ciudadanos al respecto?

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