Una isla en tierra firme

Muchos aún no terminamos de entender cuáles son los efectos de las medidas restrictivas dictadas por el gobierno de Estados Unidos en el plano de las relaciones económicas entre los dos países, cuando comenzamos a ver unos nuevos efectos producto de ese aislamiento en el que poco a poco va relegándose el país en el mundo internacional.

Me refiero a la reciente resolución judicial de la Audiencia Nacional de España a través del Pleno de la Sala Penal, mediante la cual niega la solicitud de extradición que hiciere el Ministerio Público a través del Poder Judicial y la Cancillería, del traslado al país de un ciudadano connacional solicitado por la justicia venezolana por estar presuntamente vinculado a hechos constitutivos de delitos.

En primer lugar, la Audiencia Nacional de España alega que no queda claro la determinación de los hechos por los cuales se persigue al ciudadano de nacionalidad venezolana, por lo que deja entrever la instancia judicial que pudiere tratarse de delitos políticos en los que no se garantiza la imparcialidad u objetividad.

Lo que realmente llama la atención de esta resolución, es el segundo argumento por el que se falla de manera negativa al pedimento oficial, el cual tiene que ver con el cuestionamiento a la legitimidad de los rectores de las instituciones involucradas en la petición de orden judicial, en este caso, Maikel Moreno como rector del máximo tribunal del país y Tarek Saab en su rol de Fiscal General de la República, ambos sometidos a medidas sancionatorias de la administración del presidente Donald Trump y uno de ellos sometido a persecución penal en Cortes Federales de los Estados Unidos, por delitos de corrupción y narcotráfico con ofrecimiento de recompensa incluido.

Esto nos lleva a encender las alarmas puesto que Venezuela con esta acción de la justicia internacional de desconocimiento a las autoridades judiciales nacionales, queda prácticamente relegada del mundo, por lo menos en lo que a instancias judiciales en el campo del Derecho Internacional nos referimos.

Intuyo que esta resolución de la Audiencia Nacional de España correrá como reguero de pólvora y será en lo sucesivo acción común del resto de países que desconocen a Nicolás Maduro y su gobierno como legítimos representantes del poder Ejecutivo nacional, por lo cual es muy probable que juicios internacionales en los que dependan la reciprocidad de actuaciones entre órganos del sistema de Justicia se vean afectados considerablemente, los procesos de extradición, por ejemplo.

Esta decisión que en lo judicial pudiere creerse que afecta sólo a este caso en particular, puede ser el ariete con el que se abra una nueva ola de acciones en contra del ejercicio ilegítimo del poder acontecido en Venezuela, en este caso entraríamos en una nueva fase de desconocimiento a las acciones judiciales que desde Venezuela se dicten o tomen, llevándonos a un nuevo claustro en este caso judicial o jurídico.

Toda esta situación en sí revestiría y usando la narrativa oficial para describirlo un “bloqueo jurídico” que viene junto con el comercial a terminar de aislar a Venezuela del mundo.

No era de extrañarse que acciones como estas se tomaran luego del grave y delicado informe suscrito por la comisión de observadores de la Organización de las Naciones Unidas, en el que se develaron las graves violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela desde 2014 con identidad de sus autores.

Este informe, por años evitado por el Ejecutivo nacional, sirvió para revelarle al mundo desde la óptica de una organización imparcial, las atrocidades denunciadas por activistas de Derechos Humanos que hasta el momento no pasaban de ser simples denuncias y en algunos casos ni a especulaciones según la narrativa oficial.

Lo difícil y complicado de este escenario es que estas acciones de desconocimiento internacional de las instituciones judiciales nacionales, tarde o temprano tendrán una importante escalada que replicará en cierta manera las acciones de bloqueo económico impuesto al Gobierno nacional, quedando cada vez más aislado el país y sus ciudadanos a causa de los desmanes de un gobierno que no resuelve nada.

Inician estas acciones a mi opinión, la transcripción formal del acta de nacimiento de un estado fallido, en el que en un principio se impusieron sanciones comerciales y ahora de manera jurídica y judicial, cualquier parecido con un país antillano caribeño gobernado por más de sesenta años por una familia dictatorial es mera coincidencia.

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