Un saludo a la bandera

El Derecho al sufragio es un derecho humano de primera generación, está inscrito en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, deben en consecuencia los estados suscriptores darle cobertura y respaldo, como en efecto ocurre en Venezuela al consagrarse tal derecho en el artículo 63 de su Constitución.

Pero el sufragio es un derecho que a pesar de ser directo, requiere de una serie de condiciones (democráticas) para ser ejercido de manera óptima. Para ello es necesario el cumplimiento de las normas, como la Ley Orgánica de Procesos Electorales y la propia Constitución en su apartado procedimental sobre la forma en que deben elegirse los rectores del Consejo Nacional Electoral, como máximo ente regulador de los comicios y parte integrante del Poder Público Nacional bajo el ejercicio del Poder Electoral.

Para nadie es un secreto, ni dentro ni fuera del país, que Venezuela ha venido atravesando una crisis institucional en buena parte de los últimos diez años o más, producto del resquebrajamiento de la institucionalidad democrática auspiciado por el ejecutivo, en el cual la anulación del estado de derecho ha sido su más poderosa arma para la consecución de sus fines.

Parte de ese extravío institucional tiene su origen en la manera displicente con la que se han sucedido inveteradamente los regentes del Poder Electoral, ya que si algún Órgano del Poder Público Nacional ha de regirse por el irrestricto cumplimiento de la ley, es precisamente el órgano encargado de administrar de manera democrática la expresión del deseo popular, a través del claro, transparente, equilibrado y justo ejercicio del sufragio.

Sin embargo, hemos sido todos los venezolanos testigos de excepción de cómo los rectores del Consejo Nacional Electoral, no han ocultado jamás sus tendencias partidistas, sus preferencias y sesgos políticos en todos y cada uno de los procesos comiciales celebrados, desde la mismísima conformación del primer CNE creado bajo la orden de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Es lastimosamente el artículo 296 Constitucional que exige formalmente que “El Consejo Nacional Electoral estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos” uno de los más violados en los últimos tiempos, pues ha sido todo lo contrario lo que se ha hecho con respecto a dicha prohibición de pertenecer los postulados a los cargos de rectores a organizaciones políticas, y ello no va exclusivamente con aquellos que han apoyado abiertamente al ejecutivo nacional, sino también con aquellos que han representado las tendencias de los partidos de oposición.

El juego democrático está trancado, necesitamos de estrategias para continuar con el devenir político nacional, un devenir que represente un avance, un logro democrático un hito que separe la oscuridad con la claridad política que tanto hace falta. Reconozco una parte como ciudadano y la necesidad de alcanzar ese anhelado hito, pero también debo conocer como Abogado las limitantes jurídicas que existen para lograrlo, como la inocultable legitimidad de origen de muchas de las instituciones entre ellas la actual Asamblea Nacional quien se abroga el éxito de un nuevo CNE.

Quiero ser optimista, es mi deseo y el de muchos venezolanos, quiero pensar que detrás de estas gestiones no se esconden oscuras intenciones, con las que se busque entronizar aún más a los jerarcas que nos gobiernan, pero ese optimismo no debe revestirse de ingenuidad y para ello es necesario ver más allá del límite y fuera de la caja y es allí donde caigo en el peor de los pesimismos, ya que nada bueno puede augurarse de un acto que se hace en franca violación a la Constitución.

El respeto irrestricto a la Constitución debe ser la bandera que ondee quien desee presentarle alguna propuesta seria, responsable y honesta al país, hacer lo contrario es comenzar con el pie izquierdo pues ninguna propuesta democrática, de buen orden, legal y legítima puede iniciarse violando la Constitución.

La frase con la que titulé este artículo es un expresión coloquial que hace referencia a un hecho que se realiza más por costumbre que por verdadero cumplimiento de un deber ciudadano, como es el deber de rendir honor y respeto a los símbolos patrios.

Es también una expresión muy común entre la sociedad venezolana para expresar el incumplimiento consciente de las normas, con la convicción la mayoría de las veces, de que ese incumplimiento está siendo hasta consentido por las autoridades llamadas a exigirlo, tal como lo hacen esta vez con la conformación de un CNE, constituido por abiertos miembros partidistas y con inocultables intenciones de activismo político. Quiero ser optimista reitero, pero el respeto a la Constitución no puede ser UN SALUDO A LA BANDERA.

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