Sindicalismo en Venezuela

La historia del sindicalismo venezolano es de corta data. Apenas hace su aparición a mediados del siglo pasado, cuando paralelamente, también se inicia la novedosa industria del petróleo en el país. El sindicalismo, es también, parte del desarrollo de eventos socio-políticos de trascendencia para la nación, como lo son, los iniciales e incipientes destellos de Democracia.

En el devenir de este naciente país moderno, que para entonces iba delineando a Venezuela, se erige como pilar fundamental, la consolidación de los partidos políticos y estos partidos políticos a su vez, aprendieron de los socialistas europeos, fundamentalmente, que el sindicato, no solo se podía proyectar como la institución que habría de promover nuevos horizontes de justicia social, sino que podrían convertirse en un excelente vehículo para la captación e incremento de su membresía.

La política venezolana dio la bienvenida a la primera Ley del Trabajo, el 16 de julio de 1936. La misma fue redactada por el Dr. Rafael Caldera, con la asesoría de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) y fue promulgada por el entonces presidente de la república, Eleazar López Contreras, sucesor de Juan Vicente Gómez. Como vemos, ésta Ley, a diferencia de otras, no fue producto de una lucha obrero-patronal cruenta, como habría ocurrido en otros países, sino que fue producto del paternalismo político y de la concepción atípica, de lo que habría de ser la nueva sociedad criolla y sus instituciones.

En relación con dicha Ley, ella establece la creación de sindicatos por empresa, la agrupación de ellos por rama e industria o Federaciones y finalmente, la asociación de todos ellos, amalgamados en una única Confederación de Trabajadores, que eventualmente se denominaría CTV. A lo largo del tiempo, multitud de sindicatos fueron creados con la autorización del Ministerio del Trabajo de turno y también Federaciones y Confederaciones, dependiendo de la tolda política a la cual pertenecían sus líderes y del partido político que ejercía el poder para la fecha. Así fue el discurrir, a ratos irregulares, de parte de la historia sindical del país.

Esta Ley del Trabajo, también contempló la creación de Inspectorías del Trabajo, como una especie de tribunal o instrumento mediador en los conflictos de carácter laboral. El elemento más turbador, en la concepción de las mismas, fue que en la práctica, devinieron en una especie de comisarias políticas que inclinaba la balanza de la justicia de acuerdo a los intereses del Estado y del buró político sindical oficialista, los cuales, a través de ese andamiaje burocrático gubernamental, determinaban la decisión y destino que en última instancia, tendría el conflicto.

Los desacuerdos entre el sindicato y el sector privado (pequeñas y medianas industrias), se resolvían y aun lo hacen, al tradicional y criollísimo estilo nuestro. Los grandes conflictos con empresas privadas, ya casi todas extintas, se hacían, por lo general, inclinando el fiel de la balanza en contra de las mismas. Así fue como las empresas General Motor, Ford Motors, Volkswagen, Shell, Mobile, etc.., tuvieron los “mejores” contratos colectivos del país, y sus trabajadores eran, por mucho, los mejores remunerados.

Cuando los conflictos se suscitaban en las empresas del Estado, el comisario político correspondiente o Inspector del Trabajo, enfrentaba una seria disyuntiva, porque se convertía en juez y parte del conflicto, en el cual la contraparte (sindicato), también podía pertenecer, en ocasiones, a la misma tolda política. En esos casos la “justicia laboral” se revertía contra los trabajadores. Esa, lamentablemente, era y sigue siendo, el tipo de justicia obrero-patronal del país.

Los sindicalistas, que en gran parte del mundo, son grandes luchadores sociales que no solamente velan por el bienestar de sus representados, sino también por el bienestar general del pueblo, en Venezuela, ven coartada sus funciones socio-políticas en virtud de un inadecuado diseño de la Ley del Trabajo.

La historia se tuerce un poco más aun, a partir de 1998. De hecho, desde hace 20 años, el sindicalismo que impera en el país, con algunas honorables excepciones, mimetizó el clima socio-político de la nación y poco a poco, algunos de ellos pasaron a ser operadores políticos, desvirtuando así su propósito y objetivos, se convirtieron en una especie de capataz del régimen para doblegar la voluntad del trabajador en favor de los intereses de la empresa o del Estado. Afortunadamente el sindicalismo dentro del sector privado, en general, prosiguió con responsabilidad, sus objetivos tradicionales.

De ese mundo sindical de amplio espectro, algunos mutaron y se convirtieron en mafias gorilescas que agreden, no solo a los empresarios, sino también a sus propios “compañeros de lucha” y al pueblo en general. Esos son algunos de los que operan en la industria de la construcción y en zonas mineras, petroleras, etc. Ellos son también, los que venden una imagen que desvirtúa los honorables propósitos de esa Institución

El futuro del sindicalismo se percibe como uno de difícil recuperación. Esa noble y necesaria Institución, requiere que el medio en el cual florezca, cambie drásticamente. Algunos factores serán necesarios: Por ejemplo, la Ley del Trabajo y su Reglamento debe variar notablemente. El ente mediador (Inspectorías del Trabajo), no solo debe modificar sus objetivos, sino también su denominación, su estructura y la forma de su nombramiento. Deberemos diseñar un sistema más moderno para la resolución de disputas, aunque en última instancia, será el sistema legal vigente, el que de su última palabra. También tendrá que modificarse la forma en que se eligen los directivos sindicales a todos los niveles, para lo cual se deberá blindar el sistema, de la intromisión política directa. Finalmente, entre otros, deberá modificarse el sistema de financiamiento de los sindicatos y la forma en que se debe rendir cuenta por ante los agremiados y por ante el Estado, para hacerlo mucho más transparente.

Estas y otras muchas modificaciones, que afectarían lo sindical, también deberán tener lugar y contemplarán aquellos aspectos inherentes y colaterales al mismo, todo en aras de garantizar la paz laboral y en los casos de conflictos, la resolución de los mismos, con el menor grado de frustración y daño posible. Por otro lado, una Ley del Trabajo más moderna y adaptada a las necesidades de un mundo cultural y tecnológicamente más desarrollado, permitirá el crecimiento armónico en lo económico y social, sin traumas y con un mayor grado de equidad y justicia.

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