Se le cierra el círculo a Nicolás

Alex Saab, El Pollo Carvajal, la Enfermera de Chávez, los Pandora Papers y ahora el Fiscal de la Corte Penal Internacional, componen la escena del más agresivo escenario judicial negativo que se haya presentado en la historia reciente contra un gobierno totalitario, al menos en Latinoamérica es inédito el sometimiento a investigación de un Presidente en funciones por este organismo, que persigue criminales y delincuentes señalados de violentar derechos humanos.

Por otro lado tenemos al sistema de Justicia estadounidense en pleno y parte del Sistema Judicial de la Unión Europea colaborando e investigando todo el tinglado de corrupción que el chavismo ha desplegado en las dos décadas de existencia, desde las declaraciones e informaciones que aportara Leamsy Salazar ex escolta y asistente personal del ex presidente Chávez, luego de su huída del país con ayuda de la DEA (Drug Enforcement Agency) en el año 2014, no han parado las investigaciones que han develado la inmensa estructura de corrupción y delitos internacionales que van desde el blanqueo de capitales, tráfico de drogas y materiales estratégicos y delitos de corrupción, que han utilizado la estructura de la banca internacional para operar, ocultar y distraer los capitales producto de todos estos delitos.

Y aunque son dos flancos distintos por hechos distintos, ambos apuntan a desmantelar la red de corrupción y delitos internacionales que dejó el chavismo durante estas dos décadas, en la cual las grandes víctimas han sido los venezolanos en su totalidad.

Muchos ven con escepticismo esos procesos judiciales que se han emprendido, obvio es, que tal desconfianza popular se debe en gran parte a la pésima percepción que tiene el conglomerado sobre el sistema de justicia nacional, el cual ha sido corrompido por el poder central y de allí que todo cuanto a Justicia se refiera ha de ser visto de reojo por una gran mayoría.

Pero lo cierto es que no todos los sistemas judiciales del mundo están sometidos por el poder o por la corrupción, en un grado superlativo en comparación con el sistema de justicia nacional, la administración de esta marcha muchísimo mejor en los estrados internacionales gracias a la independencia y autonomía de sus jueces, de allí entonces que no ha de caber dudas de que la Justicia finalmente prevalecerá, aunque tarde más de lo esperado.

Ha sido recibida de muy buena forma por las víctimas y las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, la acción de inspección que ha dispuesto el Fiscal ante la Corte Penal Internacional, para lo cual realizó la visita oficial en la que no sólo se reunió con las partes y escuchó a través de sus equipos a un número de víctimas, sino que también notificó y emplazó al ejecutivo de el cambio de estatus, de examen preliminar a investigación formal por crímenes y delitos de lesa humanidad.

Dicho en otras palabras, ya no se tienen sospechas, ya se tiene el convencimiento de los delitos atroces cometidos contra los derechos humanos, ahora investigarán a profundidad para determinar la identidad de los autores directos e indirectos, y así formalizar su enjuiciamiento conforme lo establece el Estatuto de Roma, ley marco suscrita por la república y de obligatorio cumplimiento para los estados.

Así también se suscribió acuerdo de entendimiento entre el ejecutivo y la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional, que si bien es cierto pareciera innecesario desde el punto de vista estrictamente judicial, ya que el sólo hecho de ser suscriptor del Estatuto de Roma como país miembro, sería suficiente para estar obligado a colaborar con las investigaciones, no está demás que por consideraciones de la diplomacia con la que se despliega esa Fiscalía, se haya celebrado y pactado tal acuerdo, amén de que el mismo servirá en el futuro para evitar una posible obstaculización o entorpecimiento del desarrollo investigativo y de hacerlo, se tomará subjetivamente esa negativa como prueba de encubrimiento a la verdad.

Es luego de esta acción donde los personeros del régimen incluidos los militares afectos al oficialismo deben poner extremo cuidado, ya que se debe iniciar en esta fase un proceso de revisión judicial interna, donde se investigue efectivamente los hechos acontecidos y se sancionen objetivamente los responsables, ya que de no hacerlo en un breve período se activa la complementariedad de la CPI y procederán a ordenar el formal enjuiciamiento, cuya investigación activa no se detiene independientemente de que el estado inicie los procesos penales para sancionar esos delitos o no.

Muchos son insisto, los que desconfían o ponen poca esperanza en este proceso judicial, reitero que la percepción de injusticia e impunidad ha hecho mella en el pensamiento colectivo, pero seguro debemos estar que tarde o temprano se producirá un resultado judicial que debe estar acorde con la realidad de lo que se sufrió y aún se padece en Venezuela, porque independientemente de que para nosotros haya suficientes pruebas para demostrarlo, hay que hacerlas valer conforme las reglas del derecho universal entre las que se cuenta, la garantía del debido proceso y el juicio justo para ambas partes.

En este punto hay que ser franco y tener cuidado de no usar el enjuiciamiento como bandera política, ya que no es tarea sencilla el de llevar a la Justicia a todo un aparato de estado utilizado para cometer delitos, a través de un proceso penal internacional en el que si se respetan las garantías de acceso a la justicia y en el que ambas partes tienen las más amplias condiciones para defenderse, lo que no ocurre ni garantiza el régimen en el país.

Para finalizar hay que decir que en estos tipos de delitos, en los que los autores intelectuales obran indirectamente para no dejar rastros de su culpabilidad en un eventual enjuiciamiento, la ley que regula la materia tomó en consideración este tipo de estrategias evasivas y previó en consecuencia la posibilidad de aplicar la ley conforme las reglas de la responsabilidad penal subjetiva, en la que es posible aplicar la modalidad teórica del domino de la voluntad, figura muy importante para le explicación de cómo operan volitivamente los aparatos organizados de poder, en el que no sólo se es responsable si se ordena la ejecución de una acción contra cualquier derecho humano, sino también por no impedirla o no corregirla luego de ejecutada, de manera que por donde sea que se mida será casi imposible que no se establezca la responsabilidad de los autores, ni tampoco que sean salvos por absolución.

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