Reformando el odio
En la dinámica legislativa de un Estado que se pretenda democrático y de Derecho, el debate sobre la reforma de las leyes suele responder a la necesidad jurídica de perfeccionar instituciones o adecuar las normas a la realidad social. Sin embargo, cuando se somete a discusión en el seno parlamentario la modificación de un texto originado en el vicio de la inconstitucionalidad de origen, el análisis no puede limitarse a la simple cosmética penal. Tal es el caso del reciente proyecto de reforma —aprobado en primera discusión— de la denominada Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.
Para abordar este asunto con absoluto rigor jurídico, es menester partir de una premisa ineludible: lo que nace viciado en su génesis no se cura con un maquillaje normativo. La referida ley fue sancionada en el año 2017 por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, un órgano cuyo mandato constitucional delimitado en los artículos 347 y 348 de la Carta Magna era de manera exclusiva la redacción de un nuevo texto constitucional y la transformación del Estado, jamás el ejercicio de la potestad legislativa ordinaria o la creación de delitos y penas a través de normas penales.
La técnica dogmática enseña que las «leyes constitucionales» dictadas por aquel cuerpo constituyente, configura una categoría sui géneris e ilegítima en el sistema de fuentes del Derecho venezolano. Al romper con el principio de reserva legal y la separación de poderes, dicho instrumento nació como una espada de Damocles suspendida sobre la ciudadanía, consagrando tipos penales extremadamente ambiguos, elásticos e indeterminados que vulneran la garantía del principio de legalidad penal (nullum crimen, nulla poena sine lege), por tanto, una norma sancionada en abierta usurpación de funciones legislativas carece de validez jurídica originaria. Pretender reformar un acto irremisiblemente nulo no es un acto de enmienda, sino la perpetuación de un fraude constitucional.
Frente a esta realidad, el planteamiento central de la reforma que hoy se debate, pretende presentar como una «flexibilización o suavización» la sustitución de penas privativas de libertad por sanciones pecuniarias y multas severas. No nos dejemos engañar por el sofisma legal. Reemplazar la cárcel por multas confiscatorias no desmantela el carácter punitivo y discrecional del Estado; por el contrario, perfecciona una modalidad de asfixia y censura previa que atenta de forma directa contra los sagrados derechos a la expresión y a la comunicación contenidos en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El ejercicio abusivo del ius puniendi no se mide únicamente por el estilo bizarro de una celda, sino por la capacidad del poder público para intimidar, silenciar y someter el libre pensamiento. Imponer multas desproporcionadas por la emisión de opiniones, el ejercicio del periodismo o la crítica ciudadana genera un efecto inhibidor que destruye la esfera de la intimidad, la libertad de expresión y la deliberación democrática, cambiar el castigo no borra la persecución.
Por consiguiente, la vía política y jurídicamente correcta frente a un texto de esta naturaleza no es su reforma ni su maquillaje parlamentario. La única respuesta compatible con el rescate del Estado de Derecho, la seguridad jurídica y la dignidad del ciudadano venezolano es su abrogación absoluta e incondicional. Mantener vigente una estructura normativa construida sobre la ilegalidad originaria solo prolonga el estado de indefensión colectiva.
Reivindicar el valor de la Constitución implica tener el coraje institucional de extirpar de nuestro ordenamiento legal, aquellos instrumentos concebidos al margen de la norma fundamental. La convivencia pacífica y la tolerancia verdadera no se imponen mediante la coacción ni el castigo al pensamiento libre; se edifican sobre el respeto irrestricto a los Derechos Humanos y el estricto apego a la legalidad.