Del discurso pacifista a los colectivos armados
En el devenir institucional de cualquier nación soberana, la existencia de la fuerza pública responde a un mandato Constitucional claro, taxativo e innegociable: la protección integral del ciudadano, el resguardo del orden público y la garantía del ejercicio pleno de las libertades individuales. Sin embargo, en la Venezuela contemporánea asistimos a la consolidación de un fenómeno tan perverso como jurídicamente deleznable: la normalización de un aparato ilegal de represión que opera en las sombras de la impunidad y en abierta contravención del texto constitucional.
Resulta alarmante constatar cómo la función policial —concebida dogmáticamente para ser el escudo protector de las garantías ciudadanas— es desvirtuada diariamente por funcionarios que actúan en contravención con los parámetros fijados en los artículos 44, 46 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Como los que se hicieron virales secuestrando al Líder Sindical Ángel Bolívar, en el marco de las manifestaciones que se llevaron a cabo en la ciudad de Caracas.
Pero el cuadro se torna aún más sombrío cuando la fuerza institucional se delega o tolera en contubernio con grupos irregulares y colectivos armados al margen de la ley, estructurando una suerte de parapolicialismo que aterroriza a la sociedad con absoluta libertad de acción.
Esta maquinaria de coerción ha fijado un objetivo prioritario y sistemático: el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. Ver a reporteros y trabajadores de la prensa interceptados en plena vía pública, despojados de sus equipos, hostigados violentamente y amenazados por el simple hecho de documentar la realidad social, no es solo una agresión individual; es una herida abierta en el corazón del artículo 57 y 58 constitucional, los cuales amparan el derecho inviolable a informar libre, veraz e idóneamente sin censura previa.
Peor aún, la persecución ha trascendido el espacio físico de la calle para adentrarseen los rincones más íntimos del ciudadano. El envío de mensajes anónimos con amenazas de muerte dirigidas a los familiares de comunicadores y defensores de derechos humanos a través de redes sociales constituye una modalidad cobarde de terrorismo psicológico.
Desde el rigor del Derecho Penal, estas conductas encuadran en graves tipos delictivos tipificados y tratados tanto nacional como internacionalmente, configurando además sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos que no prescriben y que comprometen la responsabilidad individual de ejecutores y ordenantes.
¿En qué momento se pretendió sustituir el debido proceso y la tutela judicial efectiva por la intimidación clandestina y el sicariato digital? La doctrina penal venezolana es diáfana: ninguna instrucción superior, ninguna consigna ideológica ni ninguna tolerancia de facto puede justificar la comisión de hechos punibles desde la función pública o a través de bandas parapoliciales.
Quienes desde la sombra dirigen o ejecutan estas vejaciones olvidan que las responsabilidades penales derivadamente asociadas a violaciones graves de Derechos Humanos trascienden fronteras y temporalidades.
La sociedad venezolana no puede rendirse ante la resignación ni aceptar el miedo como norma de convivencia. El restablecimiento de la paz social pregonada tanto en el reciente discurso como en las posturas oficialistas post 3 de Enero, y demandada por pacto democrático de manera urgente, pasa ineludiblemente por el desmantelamiento inmediato de estos grupos irregulares, la depuración y subordinación irrestricta de los cuerpos policiales a la Constitución, y la persecución implacable de los delitos cometidos contra la prensa y la ciudadanía.
Restaurar el valor supremo de la dignidad humana, la inviolabilidad de la vida y el respeto a la libertad de informar no es un debate político contingente; es una urgencia social y moral. La voz de la verdad y el imperio de la Constitución deben prevalecer siempre por encima del terror y la barbarie.
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