Reforma judicial
Con una simple búsqueda en internet agregando en el buscador esas dos palabras, observaremos que suman en la historia reciente, al menos una decena de oportunidades en las que se ha propuesto desde distintos sectores del país, una reforma judicial. Asumidas todas casi siempre, como una iniciativa creada y generada desde el Poder Ejecutivo, resultando en simples planes de descongestionamiento judicial, que no es otra cosa para la comprensión del ciudadano de a pie, que una forma rápida de resolver los conflictos humanos contenidos en los litigios jurídicos penales, aplicando fórmulas y cálculos matemáticos de años, penas y condenas, sin tomar en cuenta el contexto individual de cada caso.
Planes tras planes, programas tras programas y la Reforma Judicial no deja de seguir siendo urgente, lo hecho al parecer hasta el momento no descongestiona, no destranca el cuello de botella judicial, no resuelve del todo el conflicto que supera la capacidad humana, deben en consecuencia las instituciones involucradas hacer la lectura correcta del fenómeno y a partir de allí, diseñar el plan correcto y evitar a toda costa, los futuros fracasos a cualquier propuesta que se realice frente a esa problemática.
Intentaré ofrecer mediante esta simple opinión, lo que a mi parecer ha venido amenazando a los anteriores y los actuales planes de reforma judicial, sin pretender que esto sea un manual de uso de obligatorio cumplimiento, para los llamados a crear estos planes a ser implementados por nuestro sistema judicial, ni mucho menos una receta sencilla para el éxito, frente a un problema profundo y complejo, es simplemente eso, una opinión desde la experiencia y los años de observación y reflexión que como Abogado vengo haciendo históricamente del fenómeno.
Independencia y Autonomía. El elefante en la habitación del que nadie quiere hablar, por años los Jueces venezolanos han sentido la amenaza de la defenestración por causa de sus decisiones, en algunos circuitos judiciales a ese fantasma se le conoce como el “efecto Afiuni”, por alusión del caso de la ex Juez María Lourdes Afiuni, que luego de haber dictado una decisión que afectó intereses políticos, prácticamente las autoridades del sistema judicial actuaron en su contra de manera injusta y desproporcionada. Si el deseo de reformar la Justicia es honesto, el primer paso es éste: permitir que la Autonomía de los Jueces vuelva a ser garantizada de manera irrestricta, que no exista temor en los Jueces de decidir conforme a sus convicciones y a sus propios criterios, emergidos exclusivamente del derecho y no de instrucciones políticas, seguir permitiendo la injerencia política echará por tierra cualquier intención de verdadera reforma judicial, por razones más que obvias, bien ya lo dijo el maestro Italiano del derecho Penal Francesco Carrara a finales del siglo 19: “cuando la política entra por la puerta del Tribunal, la Justicia sale por la Ventana huyendo al cielo”. Lo más difícil es esto, lo sé, pero si nada se hace al respecto, continuará el fenómeno igual o peor.
Responsabilidad Estadal. El Estado debe hacerse responsable de todo lo actuado en el ejercicio del poder punitivo y la persecución penal, debiendo ir en repetición contra los funcionarios encargados del ejercicio de esa acción penal, entiéndase, Órganos Policiales, Militares y Fiscales del Ministerio Público cuando hayan excedido su ejercicio, o cuando hayan violentado o amenazado con violentar los Derechos Humanos de las personas. El Derecho Penal no se creó para castigar enemigos políticos, menos para corregir desde la supremacía moral de las castas políticas, a quienes consideran peligrosos para sus ideales. Ya también esto ocurrió en el pasado y se documentó y gracias a otro maestro, esta vez Alemán, del Derecho Penal Günther Jakobs, cuando nos dibujó a la perfección a través de su teoría del Derecho Penal de Autor, describiendo a detalle como opera del “Derecho Penal del Enemigo”, ese que actúa no contra los actos ordenados en la ley, sino contra los autores ordenados por la política. ¡Ya Basta! Ni un preso más por razones políticas, el Derecho Penal no está diseñado como un arma de defensa del estado frente a los ciudadanos, sean estos criminales o no, por el contrario, el Derecho Penal está diseñado para evitar el ejercicio punitivo desmedido por el Estado y sus posibles arbitrariedades o excesos.
Sinceramiento de Casos. En este punto considero uno de los varios vectores a los que hay que atender, y que pudiera ser epicentro del éxito o fracaso de cualquier plan de reforma judicial, debido a que estoy seguro y lo pregono con la responsabilidad que amerita una aseveración de este calibre, que existen en la actualidad, miles de casos en los Tribunales nacionales con personas privadas de libertad a causa de tres flagelos, el primero de ellos, la exageración de algunos fiscales en la imputación de delitos a los detenidos, en ocasiones hasta se ha incurrido en acumulación de delitos de imposible comisión en lo práctico, lo que se hace con la única intención de lograr una medida privativa de libertad, situación que viene profundizándose con los años y que se ha vuelto ya práctica común e instaurada, en las formas de proceder de una mayoría de funcionarios del Ministerio Público, con la anuencia por silencio de superiores jerárquicos.
El segundo resulta del evidente temor de los Jueces de otorgar la libertad o medidas cautelares, en casos muy débiles de pruebas o carentes de esa posibilidad futura de probar los delitos imputados, y ello se debe bien por las consecuencias que le pueda acarrear dicha decisión, recordemos el “efecto Afiuni”, o bien por supuestas e infames “Órdenes de Arriba”, que ya no es secreto a voces que se murmura en pasillos judiciales, ya muchos abiertamente lo ofrecen como motivo extraproceso de sus decisiones, lo que viene a constituirse como el tercer elemento de ese flagelo que padecemos y que sigue generando lamentablemente altos índices de impunidad, porque habrá tanta impunidad cuando se evade de la Justicia un responsable, como cuando se condena a un inocente por orden de otro y no por lo probado en un juicio.
Si el deseo de realizar un verdadero y profundo cambio a las estructuras del sistema judicial es genuino, hay que atender de manera urgente estos vicios y erradicarlos de raíz, la Justicia debe volver a sus bases elementales, Independencia y Autonomía, de todos los funcionarios adscritos al Sistema de Administración de Justicia, y la vigilancia permanente del Estado ante la actuación y probidad de éstos, para poder determinar las Responsabilidades Individuales, en caso de excesos, abusos o violación a los Derechos Humanos y responder a la reparación a las víctimas y por último pero no menos importante. Así también deben atenderse las Revisiones Urgentes y sinceras de los casos que se acumulan por miles, en los archivos polvorientos e inoperantes de nuestros Tribunales, a la espera de otros planes de reforma judicial inciertos, ineficaces e indolentes, para con los inocentes y las víctimas. Cada grano de polvo que cae sobre un expediente judicial, es un día de espera de libertad para un privado, o un día de agonía de una víctima en su agotadora búsqueda de la anhelada Justicia.
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