¿Qué está pasando con las Faes?
Con esa pregunta se inició la narrativa noticiosa de la semana pasada, pregunta lanzada en plena entrevista de televisión por el fiscal general designado por la ANC Tarek Williams Saab, en un programa televisivo transmitido por el canal del Estado Venezolana de Televisión y posteado en las redes sociales de dicho canal televisivo, para luego ser eliminada a las pocas horas de su publicación, como si una contraorden de censura se hubiese emitido.
La pregunta por capciosa que sea se responde fácilmente, por ello sorprendió que quien ostenta el cargo y el poder político y judicial que posee haya formulado la sorpresiva pregunta.
La Fuerza Armada de Operaciones Especiales (FAES), es un organismo dependiente de la Policía Nacional Bolivariana, creado y organizado para formar, entrenar, adiestrar y preparar personal policial capacitado para responder en situaciones especiales de riesgo colectivo, cuya principal función al igual que el resto de los organismos policiales es resguardar el la vida de los ciudadanos, los bienes privados y de la nación y mantener a resguardo el orden y la ley.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le otorga al Estado dichas facultades de resguardo, por ello la necesidad imperativa de la creación de los Cuerpos Policiales y la ejecución de planes de resguardo y protección de la ciudadanía, pero el desmantelamiento progresivo de la institucionalidad democrática en el país, ha hecho que estas funciones hayan pasado a un último plano en la carrera por el dominio social de un sector político.
La facultad de resguardar la vida y los bienes debe pasar siempre por el filtro del respeto a los Derechos Humanos, entendidos estos como aquellos Derechos Fundamentales inherente a las personas y sin los cuales no es posible la convivencia democrática.
Pero en esa carrera de dominio político los cuerpos policiales han cumplido un rol fundamental, y al referirnos a las (FAES) observamos que le ha sido designada una función que raya paradójicamente en lo parapolicial.
Son múltiples las denuncias que se contabilizan en los distintos despachos del Ministerio Público a nivel nacional, que dan parte de los excesos, abusos y violaciones a los Derechos Humanos cometidas presuntamente por funcionarios adscritos a las (FAES), es tal el grado de letalidad de este cuerpo policial que hasta a manera de chanza se le ha abrogado mayor tasa de mortalidad que la dejada por la Covid-19.
Registros de diversas ONG´s dan por contabilizadas miles de muertes de ciudadanos a manos de este organismo policial, cuya única función parece ser la de realizar ejecuciones extrajudiciales, ya que en un gran número de investigaciones adelantadas por ese cuerpo finalizan con el deceso de los investigados y tales registros son precisamente materia de estudio social a cargo de estas organizaciones, quienes en vista del silencio, la opacidad y la falta de publicación de las estadísticas por parte de los organismos del estado, han tenido que asumir la función supervisora que el propio Estado nos niega.
Han sido varios los casos de violaciones a los Derechos Humanos de connotación nacional que han estado bajo la ejecución de las FAES. Aún está fresca en la memoria colectiva la forma como despiadadamente varios funcionarios abiertamente identificados con este cuerpo policial, abrían fuego contra el grupo de insurgentes liderados por el Inspector Oscar Pérez, quienes ya habían depuesto las armas entregándose voluntariamente para su captura, produciéndose la mayor opacidad en un caso dantesco como éste al no haberse emitido ni tan siquiera un pronunciamiento sobre el rechazo a este tipo de acciones, ni del adelanto de investigaciones contra los partícipes de estas nefastas ejecuciones publicas por parte del Representante del Ministerio Público que hoy se pregunta ¿Qué está pasando con las Faes?
La comisionada para la defensa de los Derechos Humanos en la América Latina Michelle Bachelet, ha sido contundente en su exhortación al ejecutivo nacional a que sean disueltas, con las implicaciones que ello amerita como las respectivas investigaciones sobre las distintas violaciones de Derechos Humanos y el respectivo establecimiento de las responsabilidades penales, civiles y administrativas a que hubiere lugar.
Sin embargo, el exhorto ha sido ignorado de manera flagrante, así como también la recomendación del equipo de trabajo de la ONU, quienes luego de las inspecciones in loco han emitido el sensible informe sobre las múltiples violaciones a los Derechos Humanos sufridas por las víctimas.
Ante estos hechos innegables se produce otro hecho también innegable: la omisión del Estado por impedir que esto ocurra, sancionar a los responsables y evitar que se repitan tal como son las responsabilidades innatas de todo Estado ante las violaciones individuales o masivas de Derechos Humanos.
El señor fiscal tiene en su poder un abanico de leyes a su disposición, desde la propia Constitución pasando por la ley Orgánica del Servicio de Policía Nacional y el Estatuto de la Función Policial que le faculta entre otras cosas para intervenir cualquier cuerpo policial y pueda responderse a sí mismo la pregunta que de manera si se quiere hasta irresponsable hizo en alocución pública.
Su poderes y facultades van desde la investigación inmediata por los hechos no sólo del exceso documentado y viralizado en las redes sociales en contra del productor agropecuario del sur del estado Zulia, sino con todos aquellos casos de los cuales tiene conocimiento su despacho, recogidos en denuncias a nivel nacional en los cuales la impunidad se pasea alegremente.
Pero para ello hace falta voluntad política, verdadera independencia, autonomía funcional y empatía por el respeto a los Derechos Humanos, la cual como ha exhibido también públicamente la tiene al parecer sólo para la poesía en la que habla de ellos, en vez de defenderlos.
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