Nos están impidiendo el derecho a la vida

Escribo el contenido de este artículo a poco de recibir la nefasta noticia del fallecimiento del querido, respetado y honorable Maestro del Derecho Penal y Procesal Penal, Dr. Erick Lorenzo Pérez Sarmiento, quien entregó su vida al estudio de la ciencia jurídica y en pro de la Academia, dejando un inmenso legado que desinteresadamente nos entregó a través de sus más de 20 obras escritas.

Su fallecimiento se produce luego de no lograr ganarle la batalla a la terrible enfermedad que azota al mundo, nuevamente la Covid-19 cobra la vida de un ser humano invaluable.

Cada vez son más cercanas las personas de nuestro entorno que no han podido superar las arteras trampas de esta nefasta enfermedad y todo ello ocurre ante la mirada impávida del conglomerado, quienes observan a un “gobierno” haciendo nada, o peor aún, haciendo sombras sobre la desgracia.

Ya la ineficacia gubernamental sobre el tema de la prevención de la propagación de la enfermedad dejó de ser tal cosa, para convertirse en una clara y preconcebida obstaculización que pareciere tener entre sus objetivos, el evitar la inmunización masiva que tanto aliviaría las cada vez más alarmantes cifra de contagiados y fallecidos.

No es menor cosa eso de evitar deliberadamente el ingreso de las vacunas al país, ya esa acción inhumana tomó matices de delito de lesa humanidad, por qué una cosa es no tener la estructura sanitaria ideal para implementar un plan eficaz de vacunación masiva, y otra cosa muy distinta es construir una narrativa en la que se utilice como argumento principal las supuestas fallas de la vacuna de la internacional Aztrazéneca, la cual siquiera alcanza a menos del 1 % de incidencias negativas, para impedir que se ingresen al país las primeras dosis a través del mecanismo Covax, mediante el cual ya se han atendido un gran número de países con resultados satisfactorios, todo ello versus los desconocidos resultados del testeo de la ofrecida vacuna cubana Abdala, la cual apenas alcanza la fase II y estaría cumpliéndose con la población venezolana la fase de pruebas.

Esta estrategia deja claramente delimitados los hechos en los que ha incurrido concertadamente el ejecutivo para impedir la inmunización de la población, ello sin duda hace imposible ocultar las posibles implicaciones de carácter penal, genocidio y exterminio serían los delitos en los que de pleno estaría incurriendo el régimen en esta nueva violación a los derechos humanos a la vida y a la salud, ya que se le pueden computar cada contagiado y cada fallecido como unas víctimas más, que se sumarían a la larga lista que por múltiples hechos han venido produciendo con su indolente accionar en los últimos años.

Se asoma para variar, la posibilidad de que se utilice una forma ya conocida y aplicada de segregación como lo es la implementación de la obligación de poseer el carnet de la patria para ser beneficiario de la vacuna, sobre este particular ya adelantaba algo a finales del 2020, cuando tuve la oportunidad de escribir en este mismo espacio lo que según mi percepción serían los posibles escenarios en cuanto a los planes de inmunización, esto escribí:
“…llevada la discusión a Latinoamérica habrá que añadirle algunos otros amargos ingredientes al tema de la distribución equitativa de la vacuna, entre ellos el acre condimento de la pobreza y en algunos países la pobreza extrema como es el caso lamentablemente de Venezuela.

Ello nos obliga desde ya a plantear las interrogantes que orientarán cualquier plan de vacunación que se emprenda, ¿Debe la Organización Mundial de la Salud establecer un esquema mundial de aplicación? ¿Deben los estados garantizar la gratuidad de la vacuna? ¿Quiénes serán los beneficiados de las primeras dosis? ¿Cómo democratizaremos la aplicación de la vacuna? Y así unas cuantas interrogantes más, que desde este mismo instante deberían estar trabajando en mesas colegiadas en las que se agrupen Estado/Sector Salud/ Ciudadanos.

No hay que poseer un doctorado en Politología para presuponer que en nuestro país, seguramente el esquema de aplicación de la vacuna será politizado por los mismos factores políticos de siempre, basta un ejercicio de memoria política para identificar mediante cual esquema le darán acceso a los ciudadanos a su derecho a la inmunización, resguardado en ese Derecho Humano a la salud o al acceso a un sistema sanitario, previsto no sólo en las normas universales de Derechos Humanos sino también en nuestra propia Constitución.

Como ciudadanos del mundo tenemos derecho a la vida y para ello es necesario contar con un sistema de salud que nos garantice la recuperación de ésta en caso de enfermarnos, pero también el sentido preventivo de la medicina es parte integrante del Derecho a la Salud, por ello todos tenemos derecho a la vacuna, pero ¿a cuál?, la de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZéneca, la costosa, la económica, la gratuita, la politizada, en fin, amanecerá y veremos a cuál de ellas tendremos acceso o si sencillamente no podremos acceder una vez más a un Derecho Humano previsto pero no garantizado”.

Lamento concluir este artículo sin tener la certeza sobre que nos depara a los venezolanos, la impotencia es desmedida, estamos siendo testigos de cómo nos impiden el Derecho a la Vida y seguimos indefensos, de cierto es que la vida en Venezuela ha pendido de un delgado hilo en los últimos 20 años, hoy ya no se distingue de que está sujeta, vida que debemos demandar pues es nuestro más importante Derecho, mientras siguen falleciendo personas valiosas, como nuestro admirado Erick Lorenzo Pérez Sarmiento, descansa en paz Maestro, espero estés disertando con Dios todo aquello que atañe a la Justicia, esa que tanto defendiste en vida.

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