Mujeres: Víctimas de un sistema de justicia inquisitivo e inhumano

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Llegó el día viernes. Katy, Francisco y yo partimos rumbo al sitio de encuentro de ese tarde del 26 de febrero, con las casi 90 mujeres que se encuentran privadas de libertad en el Centro de coordinación policial de Vizcaóno en la popular Parroquia Vista al sol .

Eran las tres de la tarde y llegamos. Era una de las 11 mil asambleas de los movimientos sociales y organizaciones del poder popular que se harían a propósito del Congreso Bicentenario de los Pueblos. Nos recibieron las autoridades del ese centro de detención preventiva, que a la larga se convirtió en la única cárcel de mujeres en la ciudad.

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Venezuela es firmante de pactos y acuerdos internacionales sobre dignidad y derechos humanos. Algo está tan mal en éstos últimos tiempos que el Fiscal General Tarek William Saab y el Presidente Maduro lo han reconocido.

No se trata de cualquier tema. Y cuando lleva rostro de mujer la cosa es más delicada. En Vizcaíno sobreviven nuestras mujeres en medio de problemas económicos de muchas, con limitaciones para su alimentación, problemas de salud, retardos procesales y con el permanente temor a ser trasladadas a La Pica en otra cárcel del estado Monagas.

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El sistema penal en Venezuela pasó sin darnos cuenta a ser inquisitivo, violador de garantías constitucionales y profundamente inhumano.

Las cárceles y centros de reclusión son una máquina para destruir la dignidad humana. Desde las detenciones arbitrarias, el abuso de poder, la corrupción policial, la tortura, el pranato, los retardos, las muertes por enfermedades, hasta el cobro por traslados, eso viven los presos.

La presunción de inocencia fue sustituida por la tesis más rebuscada por jueces y fiscales de procesos. Se trata del derecho penal del enemigo donde aplican condena anticipada.

Volviendo a Vizcaíno. Escuchamos las propuestas, preguntas y quejas de las compañeras. En Vizcaíno vimos a dos jóvenes esperando parto y no precisamente humanizado. Van parir pronto y no tienen ni control médico ni una paquete de pañales.

También vimos a Dulce, una mujer que hubo que operar de emergencia de vesícula el año pasado, lleva tres años esperando juicio y sigue detenida.
Nos encontramos con Yajaira que tiene 6 años en esas cuatro paredes, su juicio fue anulado en el 2018 y desde entonces nunca más fue llamada a juicio.

Sin contar el relato de las 21 mujeres de El Callao, unas cocineras, pequeñas comerciantes y trabajadoras de las minas que viven en El Perú. A todas las sembraron con municiones, granadas, pistolas y drogas. Además que las robaron y torturaron organismos de la Guardia nacional y el Dgcim.

Cada relato, cada palabra es un grito de dolor contra los abusos y las violaciones a sus derechos humanos.

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Un solo juicio en un año. Es el sonado caso de la maestra Carolina de Upata. Es sorprendente que durante plena pandemia la única causa que tuvo sin interrupción su proceso fue Carolina.

Hace unos días la condenan a 17 años y 10 meses el tribunal de la causa. Todo apunta a presiones de las víctimas. Carolina y una amiga vivían pacífica y cordialmente en su casa , junto a los niños de Carolina. Ocurre hace tres años un robo y asesinan a la amiga de Carolina. Son detenidos los autores materiales.

A los meses del hecho van a buscar a Carolina y le imputan la muerte de su compañera de trabajo y vivienda. Fue condenada a esa pena y los autores materiales a 8 años. Ella dice que es víctima del sistema de justicia y es inocente. Su familia y la comunidad también lo dicen.

Otras jóvenes, una con la pierna fracturada y sin atención médica, otra con discapacidad motora, adornan el cuadro de violación a las más elementales garantías constitucionales.

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El Congreso Bicentenario de los Pueblos y nuestra vocería en materia de derechos humanos consciente de la gravedad de la situación que viven estas personas, ha elaborado un informe que fue remitido a la plenaria nacional que encabezaron las autoridades del país los días 27 y 28 de febrero.

Es fundamental que los organismos del gobierno Nacional, el TSJ, La Fiscalía General, el ministerio de la mujer, los movimientos sociales, ONG, la familia y el pueblo en general, logren cambiar esa realidad del mal funcionamiento de la justicia en Venezuela y los centros de reclusión.

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Nos fuimos con el compromiso de hacer un bloque integrado de instituciones y la vocería del Congreso Bicentenario capítulo Caroní en materia de derechos humanos y revertir la violencia del Estado y una justicia inquisitiva e inhumana y construir un sistema de respeto y garantías del respeto a los derechos humanos fundamentales de nuestras mujeres. Ese es el camino.

El combate contra los abusos, desviaciones del poder y la corrupción, es la única garantía de tener instituciones al servicio del más vulnerable. Sin justicia social no habrán hombres y mujeres libres.

Notas de Cierre
1. El fiscal general de la república está librando una batalla contra las desviaciones policiales y la corrupción caiga quién caiga. Pero necesita el acompañamiento de fiscales comprometidos con la verdad, la justicia y sin miedos.

2. La Fiscalía de derechos fundamentales siguen deuda con las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Bolívar. Los casos de los hermanos Morocoima en Castillito asesinados en su casa por funcionarios del CICPC, el caso de Darwin Azocar ” Catire”, otras ejecuciones extrajudiciales ocurridas hace 3,4,5 años, y los más recientes como la ejecución del pescador Jesús Rodríguez dique a manos de la PNB en el sector el Edén, nos obligan a exigir celeridad y justicia.

3. Siguen los abusos policiales en Guayana. En esta semana pasada me reportaron al menos cuatro procedimientos al margen de la ley. Uno en Toro Muerto (Cicpc), Otro la UD-145 (GN) Inés Romero (Cicpc) La Unidad ( mixto al parecer DIP sin especificar y Cicpc), allanamiento sin orden, detenciones arbitrarias y otros abusos como robo. Eso es inaceptable.

4. Están limpiando el Parque la Fundación en la Avenida Gumilla. Era hora. Hay que recuperar los espacios públicos.

Hasta el próximo martes, Dios los bendiga.

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