Opinión

Lorenzo Mendoza: ¿candidato?, operación Roraima, la CPI

El gobierno debe rectificar esa política que lejos de crear confianza y seguridad, crea zozobra y parálisis. No creo que ese sea el camino.
martes, 08 noviembre 2022

I
LORENZO EL CANDIDATO

Es una ficha que puede potencialmente entrar en el juego electoral de las presidenciales en Venezuela. Dueño de un emporio empresarial inmenso, el personaje puede en corto plazo sustituir a los otros aspirantes. Goza de cierta relevancia en el mundo empresarial y es reconocido hombre de ideas conservadoras.

Lorenzo Mendoza es bisnieto de Cristobal de Mendoza, el primer Presidente de Venezuela en llamado triunvirato del derivado de la declaración de la independencia en 1811. Político y abogado, Cristóbal Mendoza fue alcalde de Barinas y diputado al Congreso Constituyente que desplazó al virreinato de la Corona. Es una historia de control del poder político por sectores vinculados con la historia de una independencia frustrada y un pueblo gobernado por caudillos, gobiernos entreguistas, vínculos a poderes internacionales desde posterior a la Colonia española.

La oposición se mueve entre Lorenzo Mendoza o verse obligada a perder con un candidato como Manuel Rosales, Capriles, María Corina Ramos Allup o Bernabé Gutiérrez. No la tienen fácil.

El chavismo parece seguro que Nicolás Maduro sea su candidato. Todo depende de las negociaciones que se llevan en secreto con los EEUU. Puede surgir un nuevo escenario porque el imperialismo presiona con las sanciones para evitar la candidatura de Maduro y surja una nueva. Los hermanos Rodríguez, Héctor Rodríguez, Drácula y Diosdado Cabello son bateadores de emergencia. Nada se descarta en política. Nadie imaginó que Maduro sustituyera a Chávez y miren que ocurrió. El juego comienza y los escenarios ninguno se descarta.

II
LA OPERACIÓN RORAIMA

Es la mayor operación militar contra los pueblos del sur desde la operación manos de metal que llevó a la cárcel a comerciantes, mineros y empresarios del sur de Bolívar y Guayana. No hay más información que la que publica la jefatura de las Fuerzas Armadas en sus cuentas de las redes sociales. Nadie explica el alcance y el propósito.

Hasta el momento la excusa es enfrentar a grupos ilegales que ejercen la minería en los territorios del sur, cosa que es tradicional y ancestral. Pocas empresas y pocos empleos genera la minería legal, casi el 80 % de la producción y la población de los pueblos mineros viven de pequeños mineros. Minerven, los complejos de las plantas que procesan mineral , son una parte ínfima del problema. Gran parte de los aportes y arrimes al BCV y al gobierno viene de las zonas mineras que aún están en proceso de legalidad o son alianzas que trabajan con la CVM (la Corporación Venezolana de Minería). Nada se hace en el sur sin la autorización de la CVM, nada se lleva , nada pasa para los pueblos mineros sin la anuencia de las autoridades. ¿Cómo es que ahora cambió la política? Ahora todos los pequeños mineros y comerciantes son traficantes, delincuentes, ilegales y son objetivos militares, en una operación que pone en riesgo la producción de oro, la paz y la tranquilidad de miles de familias que viven de la pequeña minería. La operación Roraima es una puesta en escena de una política represiva que pone en duda el respeto a los derechos humanos y las garantías constitucionales de la población, al utilizar métodos de guerra convencionales en un territorio de civiles con presencia de algunos grupos ilegales que aportaban millones de dólares a la CVM y al estado con arrimes, y entraron a un proceso de legalización. No compartimos ningún tipo de violencia contra la población minera, ni de la delincuencia ni de los militares. Bastante abuso y saqueo cometen grupos policiales y militares en El Callao, Tumeremo, Guasipati, Santa Elena y Alto Caura. Masacres, confiscación de equipos, detenciones arbitrarias y muertes han sido una constante en el estado Bolívar. Nadie investiga, nadie paga crímenes y todo el mundo calla. Bolívar es un territorio de constante violencia contra la población. Todos quieren las riquezas que subyacen en el suelo de esta región, pero robarla a los que se sacrifican en condiciones difíciles para producir.

El gobierno debe rectificar esa política que lejos de crear confianza y seguridad, crea zozobra y parálisis. No creo que ese sea el camino.

III
LA CPI

Es la Corte Penal internacional. El fiscal Karim Khan anunció recientemente que Venezuela pasa a la sala de cuestiones preliminares y existen elementos para investigar al estado por presuntos crímenes de lesa humanidad.

Ese anuncio pone en grave peligro la candidatura de Maduro, pero tiene otras connotaciones internacionales. Casos de torturas ,ejecuciones extrajudiciales y asesinatos de personas son los que se ventilan y se cuestionan a las instituciones judiciales, policiales, militares y gubernamentales que supuestamente han hecho de la violación a los derechos humanos una política. No la tiene Maduro. Estos últimos años se han producido muchos errores. La conducción del sistema judicial penal ha sido fatal, las instituciones judiciales han generado violencia contra la población, la desidia, la corrupción y la violación a los preceptos constitucionales no paran pese a la orden de transformación del sistema judicial que dieron el 2021 y la Alta Comisión Presidencial para la Revolución Judicial, el nuevo TSJ parece tan igual al viejo o es la misma vaina. La Fiscalía General es también una estructura corrupta y sin política para hacer cumplir la constitución, es una estructura que no aporta nada al tema de derechos humanos. Los grupos militares y policiales que ejercen torturas, corrupción y mala praxis se han consolidado en esas instituciones. Las mafias se consolidan frente al silencio de instituciones jurídicas y políticas.
En ese escenario es que las fuerzas contrarias al chavismo se mueven. La Corte Penal Internacional hará su papel. Las debilidades se profundizan en el tema de derechos humanos. Algunos pasos tímidos se hacen pero no es suficiente. Mientras no existan instituciones fuertes, éticas y humanitarias que garanticen la plena vigencia de las libertades económicas, políticas y jurídicas, habrá CPI para rato.

Notas de Cierre

1. La muerte del ex diputado Aldrin Torres y su compañera a manos de un grupo policial del estado Bolívar, sigue impune. El caso de Torres no lo conoce la CPI, pero como ese existen cantidad de expedientes de ejecuciones extrajudiciales en la fiscalía y Tarek anda preocupado por el cantante Chyno Miranda y sus problemas de salud. No te digo pues.

2. El Psuv está listo para escoger a las autoridades parroquiales, municipales y regionales el 12 de noviembre por la base. Es un hecho inédito en Venezuela. Los partidos políticos deben democratizar su vida interna. Eso hace el Psuv.

3. Las comisarías y las cárceles se van a llenar de pequeños mineros, jóvenes y viejos, comerciantes y empresarios que trabajan en el sur. Diciembre será opacado por las acciones en el sur del estado Bolívar. El gobernador y camarada Ángel Marcano debe frenar eso porque los errores son muchos y no estamos en tiempos de conflictos ni de guerra, estamos obligados a tender puentes de esperanzas y paz.

4. Privatización del servicio de aseo urbano deja muchas preguntas y dudas. No conozco el contrato con Fospuca y la municipalidad porque nadie lo explica, pero si decimos que el municipio tiene una estructura operativa de equipos de recolección de desechos sólidos y también paga a cientos de personas por labores de limpieza y ornato. ¿Entonces qué papel hará Fospuca? a qué costo? ¿Qué dejará para el municipio ese contrato? Cuántas empresas optaron?

¡¡Hasta el próximo martes, Dios nos proteja y nos guíe !!

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