Leyes por exceso
“Muchas son las leyes en un estado corrompido”, frase milenaria atribuida al político e historiador romano Tácito y que recoge aún luego de varios miles de años después de su pronunciación, la esencia intacta de cómo se comporta un estado corrupto: sometiendo por leyes la voluntad de las personas.
He venido advirtiendo la peligrosidad que se cierne desde la propia difusión de que el ejecutivo ha planteado aprobar un paquete de leyes y algunas reformas a leyes ya vigentes, parte de esa peligrosidad radica en la forma sigilosa, a trastienda y sin consulta mediante la cual se fragua este nuevo giro legislativo, que será seguramente logrado en poco tiempo por la espuria AN, como bien lo han logrado cada vez que la han presidido.
Entre este paquete se encuentra la ley que reforma sustancialmente la ley orgánica sobre los derechos de la mujer a una vida libre de violencia, la que sin alcanzar sus objetivos principales propuestos en sus dos versiones anteriores, es sometida a una nueva revisión y reestructuración a través de la cual se pretende según la oferta oficial, reducir como no han podido hasta ahora los cada vez más elevados índices de violencia contra nuestras mujeres.
La verdad hay que decirla del tamaño que ésta sea, ninguna ley reducirá los índices de violencia de la naturaleza que ésta responda sino enfoca su objetivo en la prevención.
La política criminal asumida por los gobiernos del país se ha centrado en las últimas décadas a lo sancionatorio y represivo y no a lo preventivo, imprimiendo todo el peso político, económico y social para presentar leyes que a pesar de contemplar planes de prevención en su estructura legislativa, la inaplicación de las estrategias o la inejecución de sus planes hacen perder su efectividad, retrotrayéndonos a escenarios iguales o peores que aquellos que generaron la creación o reforma de estas leyes de carácter eminentemente sancionatorio.
Lo propio sucede con la propuesta de reforma a la Ley Orgánica sobre los Derechos de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, la cual vuelve nuevamente a recargar sus objetivos sobre una estructura meramente sancionatoria con el incremento de penas en algunos delitos ya tipificados y la creación de por lo menos 12 nuevos artículos, entre los que destacan aquellos que incorporan nuevas modalidades de delitos como el de violencia política con penas realmente considerables.
No es tarea exclusiva de una pitonisa avizorar lo que seguramente será la suerte de esta nueva propuesta legislativa, con la que se pretende abordar el flagelo de la violencia contra la mujer, sino concentra su poder en los planes preventivos que desde la misma ley originaria se incluyeron pero que nunca se ejecutaron con efectividad.
Celebro la creación de la defensoría pública de la mujer, la cual deduzco viene como respuesta a los altos índices de revictimización ocurridos por falta de una adecuada atención primaria a las víctimas por parte de los órganos del sistema de protección, pero insisto que la fuerza debe hacerse para que las instituciones marchen de acuerdo al plan previsto en la ley, con ello se evita la creación de nuevos organismos que a la larga sólo producirán mayor burocracia, dejando de atacar los problemas estructurales de raíz como bien ha ocurrido y ha quedado demostrado con las dos ediciones anteriores de la ley.
La violencia contra la mujer es eminentemente cultural y de formación, ello sólo puede ser combatido con educación para los más jóvenes, reeducación para los mas adultos y también para los agresores, prevención en todos los sectores de la sociedad incluidos los hogares, lugar donde ocurre un amplio porcentaje de las agresiones por ser éstos delitos eminentemente de carácter domésticos y por su naturaleza privada.
La familia, la escuela, los medios de comunicación, las universidades y los espacios públicos, deben constituirse como los más importantes vehículos a través de los cuales se conduzca el mensaje del necesario cambio en las estructuras mentales que la cultura nos ha inculcado, por medio de las cuales minimizamos el género femenino como una respuesta normal a la posición que equivocadamente le hemos dado en la sociedad, de simples espectadoras de la errática conducción masculina del mundo.
Volviendo al tema central de la legislación en positivo, esa que plantea desde un pacto social convertido en ley de obligatorio cumplimiento para alcanzar el bienestar social, es propio decir que parte de la violencia de los últimos tiempos ha sido aderezada con el peligroso ingrediente de la política y viceversa, haciendo que los objetivos de cualquier ley se vean difuminados por no poderse ver con claridad las verdaderas intenciones de esos cambios jurídico sociales, cambios que no vienen ni vendrán sino planteamos desde la honestidad el claro objetivo que verdaderamente deban plantearse las nuevas leyes: protección de los bienes jurídicos como la vida, la integridad física y la salud, sin mayores pretensiones que el simple respeto y resguardo de estos derechos.
Es momento de deslastrarnos de la idea que el delito sólo se puede abordarse con sanción y represión, el objetivo de cualquier Ley Penal no es enviar a la mayor cantidad de transgresores a la cárcel, es evitar que éstos cometan delitos, en este caso evitar que agredan a nuestras necesarias mujeres, ¿lo lograremos con este nuevo esquema jurídico social planteado en la ley?.
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