Intervención fallida y transición hacia el barranco
La reciente intervención militar en la zona sur de Venezuela, específicamente en el estado Bolívar, ha puesto nuevamente sobre la mesa, la insostenible crisis político-social que carcome las entrañas del país.
Lejos de pacificar o regularizar la rica región aurífera, la acción armada del Estado solo ha venido a patear un nido de avispas, demostrando que la fuerza sin planificación ni legitimidad institucional, solo engendra más caos.
Durante años, el arco minero y sus zonas aledañas operaron bajo una suerte de orden paraestatal.
Era un territorio hostil, regido por la ley del más fuerte, y sostenido por un complejo y perverso equilibrio de poderes entre “pranes”, sindicatos criminales, facciones de la guerrilla colombiana (como el ELN y las FARC) y, nominalmente, sectores de las Fuerzas Armadas venezolanas.
En la base de esta pirámide de explotación, se encontraba el eslabón más débil: un mar de trabajadores humildes, sometidos a salarios o participaciones de hambre, jornadas interminables y desprovistos de los implementos más elementales de seguridad. Estos mineros han subsistido bajo el maltrato constante y expuestos a condiciones ambientales profundamente amenazadoras. Para ellos, la mina no es o fue una oportunidad de progreso, sino una estrategia de supervivencia extrema.
La cuasi inexistente narrativa oficial, pretendió vender la intervención militar como un acto de soberanía y saneamiento. Sin embargo, los hechos demuestran que fueron presiones externas las que precipitaron estos hechos.
Por otro lado, al no haberse constituido un plan de ordenamiento real, ni una autoridad única respaldada por la legalidad, lo único que se está logrando es desestabilizar aquel “viciado equilibrio de fuerzas” preexistente.
El resultado inmediato no ha sido la paz, sino el desorden y caos.
La zona ha sido testigo del asalto a viviendas y comercios, destruyendo la frágil economía local. Además, el operativo ha generado un peligroso efecto colateral: la dispersión de la delincuencia.
Muchos individuos que habían encontrado en la minería, un refugio para reconfigurar sus vidas, quedan hoy nuevamente a la deriva.
Ante la falta de un plan nacional de reconstrucción del aparato productivo y con una economía paralizada, muchos retornarán a sus pueblos de origen para reincidir en las actividades delictivas.
Este escenario es el reflejo directo de la incapacidad macro del gobierno interino actual. No se puede conducir el Estado hacia el progreso, cuando quienes gobiernan son los mismos actores del pasado, carentes de una verdadera filosofía de gestión, sin visión ni misión de país productivo, libre y democrático.
No existe en su cúpula, una voluntad real de cambio hacia un Estado democrático donde se respeten los derechos humanos, la libertad y la justicia. Lo que hoy vive Venezuela, en los términos actuales, no es una evolución, sino una transición acelerada hacia el barranco.
Para salir de este bucle de destrucción y caos, se hace imperativo un viraje político radical en la conducción de la transición.
No podemos avanzar hacia un Estado moderno, libre y justo bajo el esquema actual. Se requiere con urgencia el nombramiento de una Junta de Gobierno de transición equilibrada, estructurada bajo un diseño de contrapesos reales con dos representantes del gobierno actual, dos genuinos representantes de las fuerzas que defienden la democracia, la libertad y la justicia y un árbitro central: Un verdadero demócrata, independiente, que mantenga el equilibrio institucional.
Mientras no se logre una dirección política con madurez y representatividad, cualquier intervención militar en cualquier otro sector o región, o cualquier decreto económico, solo será un paño caliente (o un detonante) en un país que urge por una reconstrucción real.