Inhabilitados sean

No es sorpresa para nadie la inhabilitación política de la dirigente opositora María Corina Machado, sobre quién desde el día uno de su postulación como candidata en las elecciones primarias cayeron las amenazas de exclusión política, convirtiéndose en una medida anunciada indirectamente entre todos sus detractores políticos.

Entra de esta forma a la selecta lista de contendientes políticos inhabilitados para ejercer cargos públicos junto a los también opositores Henrique Capriles y Freddy Superlano, este último sancionado mágicamente luego de ganar las elecciones a la Gobernación del Estado Barinas, misma magia con la que parece sacarse de la chistera esta nueva inhabilitación el ejecutivo.

Lo jurídico parece no importar en esta gesta de inhabilitaciones al enemigo que ha iniciado el ejecutivo en la carrera electoral, ello queda de manifiesto cuando observamos que la presunta inhabilitación de la lideresa tiene su inicio en el lejano 2015, lo que lleva forzosamente a cuestionar el irrespeto al debido proceso y al derecho a la defensa que le otorga la Constitución a la hoy inhabilitada.

Exige el artículo 49 Constitucional que a toda persona se le debe garantizar su derecho a la defensa, ello pasa por garantizar que ante cualquier proceso administrativo o judicial, el afectado tiene derecho a ser notificado de tales procesos con el objeto de que tenga amplia oportunidad para defenderse de lo que se le imputa, acusa, sanciona etc, situación que no sucede ni puede verificarse en las series de inhabilitaciones exprés, que ha agilizado históricamente el ejecutivo, cada vez que decide despacharse enemigos políticos en ascenso al poder.

Luego emerge un elemento que lleva a profundizar el cuestionamiento sobre el carácter definitivo de las inhabilitaciones, que si bien parecen ser resoluciones administrativas del Contralor General a cuyo poder cautelar responden estas sanciones, su determinación de extender por quince años adquiere forma inequívoca de sentencia definitiva, que sólo puede emitir un Tribunal con competencia en la materia sobre la cual verse la causa de la inhabilitación, pero si ni siquiera se notificó del procedimiento administrativo sancionador, menos se informó de proceso judicial en su contra y ello sucede porqué sencillamente no existe tal proceso.

Paradójicamente estas inhabilitaciones ocurren al margen de dos decisiones del alto tribunal de la nación en la que por un lado, la otrora Corte Suprema de Justicia desechaba en Sala Plena una petición de inhabilitación del candidato presidencial Hugo Chávez, por no existir una sentencia condenatoria en la causa penal que se le siguió por el alzamiento militar de 1992 y por otro lado las sentencias que desaplican los artículos relativos a las inhabilitaciones administrativas de la Contraloría sin sentencia definitiva, por violar estas resoluciones el debido proceso y el derecho a la defensa, sentencias que han debido estar muy ocultas en los archivos del actual TSJ.

No hay que ser un ilustrado en ciencias políticas para intuir que estas acciones van dirigida directamente a todo candidato con chance que aspire ser Presidente, es una muy parecida estrategia a la aplicada por el Presidente Daniel Ortega en Nicaragua, que sin más ordenó el encarcelamiento de los opositores con posibilidades electorales y ello sucede por la reducción significativa de la sostenibilidad en el poder de ambos gobiernos, apelando ya al arrebato irracional de los mecanismos democráticos que sirvan para la alternancia del poder.

Es ahora cuestión de mover el tablero en el juego político que inició con una de las partes desobedeciendo arbitrariamente las reglas, ello pudiera ser con la intención de desconcentrar a los contendientes y catapultarlos a debates y querellas estériles y sin norte, lo que se inició con fuertes señales de ser quizás el último escaño electoral para sostener al Chavismo, será el escenario perfecto para que se la jueguen con todo, así sea con arbitrariedades e ilegalidades lo que en efecto deberá forzar al sector opositor, a replantearse las estrategias de lucha bajo escenarios democráticos, pero contra un contendiente que irrespeta abiertamente la democracia y la legalidad, menuda tarea la que toca hacer.

Por último no hay que dejar pasar desapercibido el hecho de que esta inequitativa carrera electoral, se topará con mayores obstáculos a medida de que se acerque la fecha de las elecciones el venidero 2024, como por ejemplo un CNE acéfalo por la renuncia intempestiva de los Rectores afectos al oficialismo, conllevando a la renuncia forzada del par de Rectores restantes de tendencia opositora, lo que seguramente será usado para adelantar o retrasar la elecciones a conveniencia y conforme se vayan desarrollando los escenarios.

La intención de elegirse ellos mismos sin contendientes que les hagan oposición como sucede en Nicaragua y Corea del Norte no es descabellada, de hecho ya hubo una primera edición de este escenario ocurrida en la elección presidencial del 2018, en la que el cerco a la democracia participativa fue muy parecida a lo que se comienza a vivir en la actualidad, llevando a la desconfianza al proceso, al sistema y a los resultados, lo que genera el escenario perfecto para su mejor estrategia: la abstención.

Lo cierto es que este intrincado juego lleno de trampas y emboscadas iniciado por el oficialismo mella directamente en la intención de voto del ciudadano, el pesimismo electoral parece ser la enfermedad que se desea contagiar en el electorado, y ante esa intención toca a los verdaderos líderes opositores replantear las estrategias, mantener la convocatoria y sumar capacidades en este camino para la recuperación de la democracia y la nación, que luce más extremo y agobiante de lo que fue en el pasado reciente, solo la unidad verdadera, la coherencia, la lealtad y la sinceridad con la realidad harán posible el logro de los objetivos, lo contrario es prácticamente un conducto directo a la nada misma.

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