Impunidad judicial

Si buscamos la definición de impunidad en el diccionario, observaremos que se define como la falta de castigo para un delito o un delincuente, pero la impunidad tiene otros tantos matices o formas de manifestarse distintas a la simple falta de castigo.

Hay impunidad cuando se comete una injusticia por parte del Estado y no rectifica, indemniza o repara el daño causado. Hay impunidad también cuando se retrasa un proceso judicial de manera injustificada, dejando a los justiciables a la espera perpetua de una decisión judicial justa.

Se producen los mismos efectos nocivos de este flagelo, cuando por causa de la inactividad judicial y por falta de estrategias efectivas, los ciudadanos ven impedido sus sagrados derechos de acceso a la justicia y a la defensa.

Hay impunidad cuando miles de procesados permanecen a la espera de que se reactive el sistema judicial y puedan finalmente defenderse como se lo garantiza la Constitución.

Pero no sólo es en el campo del derecho penal que se puede evidenciar esta forma de impunidad, en los distintos tribunales civiles, mercantiles, laborales, agrarios y de otras tantas competencias, también lo padecen; como por ejemplo el empresario que perdió ingentes recursos al serle impuesta días antes del decreto de cuarentena, medida de secuestro sobre mercancía perecedera y no pudo acceder a su sagrado derecho a la defensa para oponerse a la medida y lograr demostrar el cumplimiento de la obligación por el cual temerariamente fue demandado, perdiendo absolutamente toda la mercancía y su valor.

Al parecer, la llave que abre la puerta de la justicia fue extraviada en predios del Tribunal Supremo de Justicia y no se tiene idea de cuándo aparecerá.

La misma suerte corren los registros y notarías cuya relación con el sistema judicial los hace también verse afectados.

Cuántos contratos importantes han dejado de celebrarse a causa del cierre sin fecha de reinicio de las notarías, cuántas empresas no pudieron ser inscritas en el registro mercantil, el cual ya suficientes trabas burocráticas había impuesto para tales fines y ahora se le suma el cierre sin fin que ha sido impuesto por el ejecutivo.

¿Acaso no es todo esto también una forma inédita de impunidad? El derecho del ciudadano de resolver sus conflictos por vía de las instituciones judiciales como lo manda la ley ha sido secuestrado flagrantemente.

Entiendo que la aparición intempestiva del virus nos sorprendió a todos, pero cuesta mucho entender como en la región, sólo Venezuela, no ha ejecutado un plan de contingencia que sirva para responder a las necesidades judiciales de los ciudadanos, en su ejercicio constitucional de acceso a la justicia.

En entregas anteriores he abordado con saciedad que el mundo judicial apresuró su camino a la virtualidad por fuerza de la actual pandemia, ello ha permitido en países del primer mundo ajustar el sistema digital de manera óptima, corrigiéndose las posibles amenazas a su infalibilidad, pero siquiera hay en nuestro país la mínima intención de los jerarcas del gobierno judicial en proponer alguna alternativa.

Hace días leía en las redes sociales que en una provincia de Cuba, en una precaria parada de transporte público atiborrada de usuarios que esperaban desesperados la llegada de una de las casi inexistentes unidades de transporte, convergían un respetado médico, un campeón olímpico y un connotado abogado que a pesar de sus éxitos en lo profesional, no pueden costearse en su país siquiera la adquisición de un vehículo aunque de segunda mano para poder transitar libremente y acudir a sus puestos de trabajo.

Ya no estamos lejanos en estas latitudes de esa realidad, por lo que cabe la pregunta: ¿La imposibilidad de desarrollar libremente nuestras capacidades, habilidades, talentos, oficios, artes y profesiones, serán también una forma de impunidad?

Aunque no tengo la certeza académica para responder la anterior interrogante bajo una premisa científica, si puedo responder que esa imposibilidad de que podamos los abogados ejercer nuestras facultades de ley, quienes somos los más afectados de esta situación, es sin duda una gran violación a nuestros más preciados derechos ciudadanos, entre ellos el derecho al trabajo y al del ejercicio de nuestra profesión.

Lamentablemente nos acostumbramos a hospitales sin medicinas y cada vez con menos médicos y ahora a tribunales cerrados, sin jueces, sin demandas, sin derechos y finalmente sin justicia y esto definitivamente debe ser otra forma más de impunidad, pues seguro estoy que los responsables tarde están por responder.

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