¿Hasta cuándo la corrupción?
Aún muchos no salimos del asombro de todo lo que se ha develado con la puesta en marcha de la operación “mano de hierro”, emprendida por el ejecutivo en torno al entramado que se fraguó para desviar el combustible hacia los pueblos del sur, en favorecimiento a la explotación indiscriminada del material aurífero, y aunque quedan muchas más interrogantes por responder, la asignatura pendiente sigue siendo la corrección política para evitar esos altos niveles de corrupción.
Demás está decir que el arco minero es un despropósito desde todo punto de vista, ello solo ha traído consecuencias y daños irreparables como la depredación ambiental, el tráfico de drogas, de personas junto a nuevas formas de esclavitud, prostitución y otras calamidades, haciendo que el tráfico de combustible se vea incluso como el daño de menor envergadura, todos ellos posibles gracias a la corrupción la cual se constituye como el lubricante que hace funcionar todo ese oscuro engranaje.
Sorprende ver como todo un aparato de estado se movió a favor de estos flagelos, la sociedad observa impávida como altos funcionarios favorecieron todo el tinglado, pero la reflexión del por qué nos sucede escapa de la narrativa oficial, la cual en su afán de mostrar “sanciones ejemplarizantes” solamente se ocupa de exponer, juzgar y condenar públicamente a los presuntos autores, pero no corrige ni se ocupa de solucionar las causas y su origen.
El origen directo de la corrupción, al menos en el caso Venezuela es sin lugar a dudas los sueldos y salarios de hambre de todo el sector público y aunque ésta jamás tendrá justificación, pues deviene de un elemento considerado incluso como un pecado en orden religioso, como lo es la codicia, la insuficiencia de salarios de pobreza empujan a muchos a sus fauces.
La renovación en los cargos públicos de alto nivel parece ser el único aliciente oficial a este flagelo, lo que produce que en tan solo algunos pocos años o meses se repitan los mismos escenarios, en el Estado Bolívar, esto ha ocurrido con los últimos cuatro Fiscales Superiores, los cuales han sido destituidos según propia información aportada por el Ministerio Público por hechos de corrupción, dos de ellos incluido el último, aprehendidos en comisión de delitos, sin que hasta el momento hayan conseguido la forma para evitar este bucle interminable.
La administración abierta y transparente de los cargos públicos debe ser la medida necesaria para este tipo de situaciones, el ejercicio de una contraloría más rigurosa puede también tributar en favor de la disminución del flagelo de la corrupción, pero para ello se debe ocupar primero en la elevación de la calidad de vida de los funcionarios y ello sin lugar a dudas, se logrará únicamente a través de mejores salarios y de un mejor acceso a bienes y servicios, lo cual pasa por la necesaria reestructuración de las políticas de producción y distribución de la riqueza nacional, tarea que ha estado en mora por décadas.
La imposibilidad de elevar la calidad de vida de los funcionarios que laboran en el cada vez más gigantesco estado, hace que de cierto modo la corrupción sea hasta permitida en algunos niveles, pues ello garantizará la permanencia del funcionario en su cargo, cosa que su salario no permitiría ya que en algunos casos no le alcanza siquiera para cubrir los gastos de transporte mensual, en vista de ello se ha permitido y hasta complacido a la corrupción, la cual permea desde los altos cargos hasta los más bajos y ello es en muchos casos público y notorio.
La sociedad civil no escapa del flagelo y como cómplices silentes acudimos a la cálida hoguera de la corrupción, la que nos cerca con la burocracia y el entramado que con ella se construye para complicar el más sencillo de los trámites, haciendo que hasta para llevar el sustento alimenticio a los hogares se deba caer en al menos un hecho de favorecimiento a la corrupción al día.
En Venezuela para todo hay que pagar, es la voz más repetida y escuchada en las calles y lugares, no importa si usted le parezca o no, sino tiene dinero olvídese de su diligencia por elemental y básica que esta sea y para mayor abono desde el ejecutivo ahora se imponen nuevos impuestos y aranceles, desde el ya publicado 20 % de impuesto para operaciones con divisas extranjeras, hasta los nuevos aranceles para trámites en registros y notarías, los cuales seguramente traerán nuevas formas de corrupción para evadirlos.
La reducción del tamaño del estado es una necesidad abismal, ya que esto hace que el gasto público disminuya, por su parte la estimulación de la producción interna es tarea obligatoria, en virtud de que al incrementarse en todos los rubros, elevará indudablemente el nivel y la calidad de vida de los ciudadanos, ciertamente que ello no eliminará la corrupción de un tajo, porque ésta y la codicia existen “desde que el mundo es mundo” como dicen las abuelas, pero definitivamente abonará a la disminución de este flagelo, y nos acercará a una administración pública más transparente y menos necesitada de sus favores.
Mientras nos seguimos preguntando ¿hasta cuándo la corrupción? justo cuando debemos pagar a un “pimpinero cinco litricos de jugo de carro” a precio de oro, para poder ir a trabajar y percibir un salario mensual que no alcanza ni para un “litrico”.
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