¿Estamos preparados?
La sociedad moderna presenta una serie de desafíos que la han seguido cómo rémoras desde siglos pasados y al parecer aún la seguirán parasitando. Temas como la despenalización del aborto, los asuntos de la comunidad LGBTIQ+ que van desde el reconocimiento de la identidad sexual por parte del estado, la autorización para la unión matrimonial de personas del mismo sexo y hasta una posibilidad jurídica que les permita adoptar, y qué decir de las tibias pretensiones sobre el uso medicinal y recreativo de la marihuana, asuntos que tarde o temprano confrontarán con larga mora a la sociedad y al estado, en una de las más longevas batallas entre lo moral, lo ético, lo jurídico y lo religioso.
Defensores hay para todas las tendencias y posiciones radicales las encontramos a granel, en esta guerra tribal que se declara desde cada una de las trincheras de la verdad, que honestamente la considero más bien como una competencia de quién tiene la razón.
¿Quién tendrá la vara más alta para medir sobre el resto la moralidad? ¿Es un asunto de Derechos Humanos? ¿O es simplemente la supremacía política imponiéndose con restricciones legales a las mayorías como tradicionalmente lo han hecho por siglos?.
Como conocedor y defensor de los Derechos Humanos que soy daré mi opinión, sin pretender tener la razón y mucho menos desmeritar a algún lado de las ecuaciones, simplemente daré eso, mi opinión.
Muchos han sido los esfuerzos que ha demostrado la humanidad en lograr un ambiente de valores, suficientemente amplio para hacer caber todas las condiciones humanas, incluidas aquellas con las que no congeniamos y basados en un principio natural como la diversidad, se ha pretendido encontrar el punto de equilibrio perfecto para que ninguna de las partes en una ecuación quede desfavorecida, pero vaya que esta es tarea casi imposible.
Profesan los más aventajados pensadores de la época moderna, que una democracia es aquel sistema de intercambios humanos donde se respetan todas las minorías, así a veces esa minoría sea una sola persona y que la más sencilla definición de los derechos humanos, sea aquella que imponga el deber de respetar todo derecho a través del cual un individuo pueda desarrollar su ideal de vida, en total armonía con la sociedad donde se desenvuelve.
Todo el anterior preámbulo me sirve para dosificar la gruesa controversia que estos temas siempre han generado y siempre generarán, no es empresa fácil conseguir los contrapesos necesarios que logren los equilibrios deseados, pero una representación real de la justicia no es aquella donde vemos una balanza totalmente alineada con el horizonte, no, ese concepto salomónico de libertad es quizás una de las taras que más daño produce en el intelecto colectivo al momento de tratar asuntos de justicia, pues en ocasiones la Justicia debe percibirse con una ligera inclinación hacia uno de los lados de la balanza, representando que alguna de las partes ha cedido de su todo para concebir una nueva forma de convivencia y esa mínima inclinación es la que al parecer, nos ha costado siglos encontrar en estos asuntos de la sociedad, ¿quién cede y cuánto es lo que se debe ceder?
Hay un caso que actualmente se desarrolla en nuestro país y es el que ha puesto el tema del aborto en el ojo del huracán, se trata de una joven activista que sufre un proceso penal en el estado Mérida, por haber inducido el aborto a una adolescente víctima de una violación, para más añadido el presunto agresor fue llevado a la justicia y extrañamente logró su libertad, no lográndolo así la activista que perdió su libertad luego de ser llevada ante los estrados y ser procesada por los hechos deliberadamente cometidos.
Por meses las antenas sociales se direccionaron hacia ese caso, llegando a darle connotación internacional, desde donde muchos medios interesados en estos temas de confrontación le han dado cobertura.
Es cierto que nuestras leyes penales han de recibir en un futuro cercano una anunciada reforma, sin embargo desconocemos los especialistas hacia dónde van dirigidos estos cambios, si hacia lo eminentemente social o a lo netamente político, pero lo cierto que este sería un momento ideal para que, luego de una discusión nacional, se llevaran estos temas a un verdadero escrutinio, el de la sociedad.
Nuestro código penal posee aún las formas conservadoras de una ley de principios del siglo XIX, pues a pesar de sus reformas en los últimos veinte años, muchos de los delitos en él sancionados responden a conductas que en aquel siglo eran inadmisibles socialmente, por ello con respecto del aborto, el único de ellos posible es el terapéutico y exige que el médico certifique que el progreso del embarazo ponga en riesgo la salud y la vida de la madre, de resto toda interrupción de la vida embrionaria es considerada delito para nuestro ordenamiento jurídico.
Particularmente me considero pro vida, como buen defensor de derechos humanos que soy, pero cada vez que estos temas han aflorado en las aulas de clase donde he tenido el honor de impartir cátedra y formar abogados, los he asumido con la misma integridad, no está bien que una vida sea interrumpida, eso no ha de tolerarse, sea ésta una vida intra o extra uterina, pero no debemos englobar todos los casos como un todo, pues toda regla tiene su excepción.
Confieso que no he hallado aún la fórmula para adosarle una excepción al derecho a la vida, constitucionalmente hablando, pues desde allí ha de comenzarse el debate ante cualquier eventual reforma, ya que en caso de despenalizarse el aborto, el derecho a la vida dejaría de ser absoluto para transformarse en relativo, pero tampoco he encontrado una forma de obligar a una mujer que sostenga el fruto de su vientre cuando este ha sido violentado, obligarla a ello es imposible y reza un principio universal del derecho que nadie está obligado a hacer lo imposible.
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