Estamos en guerra
Para nadie es un secreto que nuestro país ha transitado el último lustro y algo más bajo un esquema de un país en guerra, una economía de guerra, una población sitiada por la violencia, el acceso a alimentos y medicinas limitado y controlado por conducto de una política de salarios de hambre y más recientemente la negativa del régimen de permitir el ingreso de vacunas para la inmunización de la población, a todo esto se le agrega la escalada de la violencia civil propiciada por grupos irregulares en el estado Apure, las mafias del oro apostadas en el arco minero al sur del país y como guinda del pastel, el control armado de la ciudad capital por bandas del crimen organizado, liderado por sujetos irregulares provistos de un arsenal de guerra y de recursos ilimitados.
Algunos expertos han afirmado lo que muchos sospechamos, estamos inequívocamente en el desarrollo sistemático y progresivo de una guerra, sólo que ésta no es una guerra convencional en la que dos o más partes se declaran en abierta confrontación por uno o más objetivos específicos, no, esta es o una guerra asimétrica como la han denominado algunos especialistas, o una guerra híbrida según lo afirman otros tantos.
La cesión de territorio a ciertos grupos de crimen organizado fue sin duda el inicio de esta guerra desigual, en la que las víctimas seguirán siendo como en las guerras convencionales los ciudadanos inocentes. Esta cesión silenciosa de espacios a los grupos irregulares se produce en la más perfecta oscuridad, bajo el auspicio del estado y sin que prele una razón que la justifique, pues más allá de una presunta e incógnita política de “zonas de paz” para la distención de los grupos irregulares que hacen vida en las zonas populares de las ciudades, el estado no ha sido conteste en la asunción de sus responsabilidades que sobre seguridad ciudadana posee.
La escalada de estos grupos irregulares ha elevado tanto su volumen que ya algunos sociólogos y criminólogos han comenzado a debatir sobre la adopción del término de “estados paralelos”, esos que se generan en países donde la pérdida de la institucionalidad democrática, el estado de derecho y el orden social producen una suerte de “anomia”, entendida ésta como un desconocimiento generalizado por la ley y el derecho.
Un país sin consecuencias jurídicas es el caldo de cultivo predilecto para el crimen y el caos, los niveles de impunidad sostenida, los delitos sin castigo y la politización del sistema de justicia se añaden como ingredientes volátiles a esta fórmula que tiene como resultado final el desasosiego y la victimización de todo un país.
Situaciones como la incursión de grupos armados en el estado Apure y la emboscada a funcionarios del CICPC por miembros de la banda del “Coqui” en la que la respuesta del estado es la “retirada”, dejan claro que no existe la voluntad de detener los hechos y mejorar la situación de seguridad de los ciudadanos que quedan en medio de las líneas de fuego.
Es precisamente aquí donde cabe ampliamente la responsabilidad estadal en materia de derecho penal internacional, si bien pudiera el estado excusarse en no ser el propulsor de estos hechos, que bien sabemos si lo es, su inacción e inexistentes acciones claras para evitar que se repitan lo hacen directamente responsable.
Ciertamente es indebido que ante estas situaciones se emprendan acciones de represión desmedida, que pudieran dejar muchas más víctimas inocentes que aquellas que estos hechos generan ocasionalmente, pero la respuesta del estado nunca puede ser la exclusiva “retirada”.
Estrategias de inteligencia policial, infiltración de las bandas criminales, operaciones encubiertas y desarticulación de las células criminales, son tan sólo algunas de las formas con que deberían contar los organismos de seguridad para enfrentar este flagelo y no simplemente la voz de retirada y sentarse a esperar que se suscite otra situación idéntica.
Queda claro que la seguridad personal de todos y cada uno de los ciudadanos pertenecientes a un determinado país, es inequívocamente una responsabilidad estadal con respecto a la incolumidad de los Derechos Humanos de éstos, pero esta responsabilidad puede verse afectada tanto por acciones como por omisiones, en este caso la falta de políticas efectivas tendientes a la desarticulación de los grupos irregulares, la falta de creación y ejecución de planes de seguridad ciudadana y la marcada impunidad devenida de la falta de consecuencias jurídicas para los perpetradores, dan claros signos de que no puede ser simple torpeza o ineficacia, sino que pudiera tratarse de una política de estado para mantener la sumisión colectiva, sumisión que es propia de las poblaciones en guerra, porque lo entendamos o no definitivamente estamos en guerra.
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