¿Elecciones libres?
Muchos venezolanos se debaten entre votar o no votar en las próximas elecciones convocadas por el actual Consejo Nacional Electoral, previstas a celebrarse en el país el venidero 6 de diciembre.
Esta controversial convocatoria tiene muchas aristas, bajo las cuales surgen serias dudas sobre la verdadera libertad con la que se acudiría a las urnas electorales, siendo este punto sobre el que se erigen todos los argumentos, tanto de los que apoyan el voto como aquellos que lo rechazan.
Para hacer un saldo argumentativo sobre las cuestionadas elecciones, tendríamos que comenzar por analizar si realmente son libres o si tienen siquiera las mínimas libertades para su ejercicio. Comencemos por analizar cuáles son los ingredientes de los que se compone esa libertad electoral a la que se refiere nuestra Constitución Nacional.
El artículo 63 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece: “El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional”. De manera que, una de las características esenciales y principales del voto como lo vemos reflejado en nuestra Carta Magna es la libertad, la cual analizaré en consecuencia.
Habría que iniciar por desentrañar los elementos de los qué está compuesta la libertad del voto. En principio, para elegir debemos tener la suficiente libertad para escoger legal y democráticamente a las personas idóneas, facultas y probas que se encarguen de organizar los procesos electorales.
Ante esa situación, hay que destacar que la escogencia de los rectores que dirigirán el CNE, entraña la necesidad ineludible que “no estén vinculados a ninguna organización o partido político”, tal como lo exige el artículo 296 del propio texto Constitucional.
Es precisamente sobre este punto, que se ha venido vulnerando su espíritu (no desde ahora sino desde hace mucho tiempo atrás), en los que se ha vinculado abiertamente a rectores y hasta los propios presidentes del CNE, a partidos políticos tanto de oposición como del gobierno.
Casos como el de Francisco Carrasquero, quien fue presidente del CNE y consabido afecto al oficialismo o el de Ezequiel Zamora, afecto indiscutible de algunas líneas partidistas de oposición y que decir de Jorge Rodríguez y Tibisay Lucena, quienes llegaron incluso a tener algunas actitudes proselitistas durante sus presidencias, en las que no dejaban espacio a las dudas sobre sus vinculaciones directas y sin cortapisas con el Partido Socialista Unido de Venezuela.
Por tanto, la esencia democrática comienza a desvanecerse desde la propia constitución y conformación del CNE, por lo que si no hay respeto a la esencia misma de la imparcialidad, los actos que devengan del ejercicio del poder electoral estarán sin dudas revestidos por la desconfianza y en consecuencia, el factor legitimidad se verá seriamente comprometido como ha ocurrido en la mayoría de los procesos electorales de los últimos años.
Es precisamente este factor el que ha hecho mella en la confianza ciudadana en los procesos electorales convocados y organizados prácticamente desde el partido de gobierno.
Como si fuera poco, el actual CNE ha estado cuestionado no sólo en la composición de sus miembros, sino también en su Constitución, ya que bajo el ardid de la omisión legislativa el Tribunal Supremo de Justicia, se abrogó sin pudor alguno, la responsabilidad de conformar un CNE a la medida del Gobierno y sin que prelaran las formas constitucionales.
Por si fuera poco, quitándole de cuajo más recientemente, la representatividad y la elegibilidad a los pueblos indígenas, como claro pase de factura pendiente de los cuestionados escaños de los representantes indígenas de Amazonas, los cuales dieron prácticamente por iniciado todo el descalabro de las condiciones electorales y post electorales.
Es así como la libertad de escogencia y selección de los miembros del CNE ya está inminentemente comprometida, lo que trae como consecuencia directa la afectación de la confianza mínima requerida para cualquier proceso electoral, en el que los ciudadanos deben tener confianza en sus árbitros y en el resultado de los comicios, lo que constituye el elemento esencial del factor de legitimidad del que debe estar compuesta toda elección popular; elemento que constituye el derecho al sufragio como derecho humano de primera generación, tal como lo estipula el artículo 21.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Otra de las barreras para la eventual contienda electoral, es el factor salud pública, en virtud de la actual crisis que atraviesa el país y el mundo entero producto de la pandemia originada por el brote del coronavirus.
Países extranjeros cuyos cronogramas electorales coinciden con los tiempos de cuarentena, ya asoman la posibilidad de aplazar sus comicios para tiempos de mayor seguridad sanitaria, en virtud de que la salud pública como bien de mayor valía, debe estar por encima del ejercicio de un derecho relativo como es el derecho al sufragio.
La economía es también sin duda uno de los factores que hace inviable la celebración de elecciones. El debilitamiento de la economía, la crisis humanitaria y de salud y el desmantelamiento del sistema electoral producto de la vulnerabilidad devenida, de aquella nota que emitiera el proveedor del servicio la empresa Smarmatic en la más reciente elección popular, sobre la evidente manipulación del sistema, así como la pérdida de un considerable número de máquinas en el incendio que se produjo meses atrás en los almacenes del CNE, hacen necesaria la implementación de un nuevo sistema electoral, para el cual hace falta erogar ingentes recursos, (que en lo particular considero inviable), en un país en el que su economía ha caído a niveles jamás vistos y en el que se negó años atrás un proceso refrendario, precisamente bajo el argumento de la crisis producto de una supuesta guerra económica.
Sin embargo, la suerte de las elecciones para la escogencia de los diputados de la Asamblea Nacional está echada, un CNE escogido a ex profeso, partidos políticos con directivas defenestradas por vía de sentencias judiciales exprés, derechos a la representación indígena violados desde la letra Constitucional, condiciones económicas y de salud pública totalmente adversas y más recientemente la renuncia de uno de los rectores del CNE, dan como corolario que el próximo 06 de diciembre acontecerá cualquier cosa, menos unas: elecciones libres.
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