Elecciones: ¡es hora del diálogo de los ciudadanos!
“En nuestra historia hemos tenido muchos mandatarios y muy pocos gobernantes” Mario Briceño Iragorry
Está fijada la fecha –por ahora el 21 de noviembre del 2021-, para las votaciones acerca de autoridades políticas del Estado y por tanto, según lo informado por el Consejo Nacional Electoral, un total de 21.159.846 ciudadanos estamos convocados para acudir a los centros de votación con el propósito de elegir a las personas que inscribieron sus candidaturas para optar a alguno de los cargos de gobernadores y de legisladores en los Consejos Legislativos de cada Estado, de Alcaldes en 335 municipios más las curules de concejalía municipal, los alcaldes metropolitanos y los miembros de esos cabildos metropolitanos.
Una total aproximado de 3.100 cargos para elegir gestión, administración, dirección y control de gobierno, que tienen una directa e inmensa responsabilidad de funciones en los niveles político territoriales del poder estadal y del poder municipal; una mega elección como ha sido calificada desde el mismo CNE al convocarlas para ser realizadas al mismo tiempo, aun cuando las disposiciones legales orientan en la conveniencia de hacerlas separadas.
Esas postulaciones suman unas 70.000 personas que han sido presentadas y debidamente inscritas sus candidaturas, las cuales deben reunir un conjunto de requisitos exigidos por ley y también satisfacer deberes políticos esenciales al ofrecer su nombre y su voluntad de servicio político a la comunidad donde solicitan el voto, lo cual representa un compromiso de cumplimiento de promesas que interesa más allá de a quienes tengan el derecho efectivo de votar, puesto que la autoridad recibida para las actuaciones en cada cargo, alcanzará al vasto conglomerado de los que no pueden votar; la inmensa mayoría de ellos porque no han alcanzado la edad legal para hacerlo, pero son el mayor encargo y responsabilidad de toda la sociedad para ser atendidas, protegidas y mejoradas sus condiciones de vida: ¡ las nuevas generaciones !.
No sólo las que ya nacieron y están entre nosotros, también las que habrán de nacer y que tienen el legítimo derecho a que se resguarden las condiciones para el desarrollo de sus vidas con dignidad humana y por tanto las acciones y omisiones de las políticas públicas de hoy, les afectarán sus vidas de modo importante.
Además del Poder Nacional, con toda su importancia institucional para la orientación de las políticas públicas estratégicas de la Nación, la estructura institucional del Estado se conforma con el conjunto de órganos que constituyen el Poder en los Estados y Municipios dentro de la organización política nacional; así pues, la dimensión del poder que está comprendida en esta convocatoria electoral, es de una gran significación e importancia para la cotidianidad en la vida de todas y cada una de las distintas personas que constituimos las comunidades de esta unidad Espacio- Tiempo- Cultural que es hoy Venezuela, comprendiendo la de adentro y la de afuera.
Quienes resulten elegidos en esa jornada de votaciones, derivarán su autoridad de la elección que harán los ciudadanos y ciudadanas que concurran efectivamente a hacerlo y expresen su voluntad mediante un voto válido.
Esas funciones políticas legislativas y administrativas no son un privilegio para el arbitrio y provecho del elegido, son esencialmente una responsabilidad en el deber de contribuir al mejor desarrollo en las condiciones del servicio público de gobierno y de atención ciudadana, de modo tal que todas las personas quienes integran la comunidad nacional puedan desarrollarse como tales personas.
Recomiendo a esas candidatas y candidatos a ejercer funciones de Estado, que se busquen y lean el librito que contiene la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de avanzar en la comprensión del alcance de la responsabilidad de Estado para la cual aspiran, porque al momento de asumir la autoridad que recibirán del pueblo en estas elecciones, deberán jurarle fidelidad, por disposición del artículo 7 “…Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”.
Son muchas las reflexiones y exigencias que dispone la Constitución, pero aquí quiero hacerles énfasis al artículo tercero (3) “El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines”.
La invitación es a cada una de las personas inscritas con la aspiración de ejercer la autoridad de poder público de Estado, que al salir a dar la cara por diversos medios para solicitar el voto de los ciudadanos y ciudadanas a quienes le harán promesa de cumplir el programa de gestión y acción que cada uno propone y promete en su voluntad de servicio público, hagan reflexión de esa voluntad y competencias para la responsabilidad a la que aspiran.
Responsabilidad deriva de responder; si prometo servicio debo responder con dedicación al servicio efectivo; si las exigencias del servicio desbordan la capacidad individual de dar respuesta, estoy obligado a organizar las capacidades colectivas para dinamizar la fuerza sociopolítica de la comunidad que permita oportunas respuestas, con una incorporación activa, real y creciente de la ciudadanía para hacerles actores protagónicos de la atenta respuesta y la superación de carencias y limitaciones; desarrollar y entregar información veraz y oportuna para que esos actores sociales participen efectivamente en la toma de decisiones y en el rumbo coherente de las acciones a realizar; elevando la conciencia política de la sociedad, como necesidad de existencia de una sociedad democrática, propuesta y declarada en discursos y la Constitución. Se trata entonces de servir con respeto al pueblo.
La autoridad la tiene y la otorga quien les elige con su voto es decir, su escogencia electoral; ello es válido no solamente en política sino también para cualquier desempeño.
Por ejemplo, cuando tenemos una dolencia de salud, acudimos a un profesional de la medicina en la confianza que nos da su competencia reconocida y en mayor grado por las referencias de algunas personas que le conocen; le otorgamos la autoridad de preguntar y hasta hurgar en nuestra intimidad sobre la base de su conocimiento en el asunto y de su ofrecida voluntad para atender a nuestra necesidad; pero si observamos y percibimos incompetencia o nos muestra, por su conducta y actos, una voluntad desviada hacia otros propósitos bajo el pretexto de aparente atención a nuestra dolencia, nos sacudimos, protestamos y rebelamos, es decir le revocamos la autoridad que habíamos otorgado cuando le elegimos, se hacen ilegítimos.
En política el asunto es similar y más relevante por el carácter ampliamente social del ejercicio de la función pública en los órganos del Estado.
La partidocracia –ayer y hoy-, ha llevado a la banalización e irresponsabilidad generalizada en el ejercicio de la función pública; eso no es un hecho nuevo en nuestra historia, incluso desde los tiempos de la colonia monárquica.
El largo trecho de estos doscientos años como República, nos ha llevado a través de vericuetos históricos de diversa magnitud a manifestar el deseo y voluntad mayoritaria “para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural”.
Ser leales a un auténtico proyecto democrático es básico para la honestidad de la acción que oriente la conducta de quienes lo afirman al pedir el voto de confianza de sus con-ciudadanos; lo contrario es traición a la profunda necesidad de atención a la esperanza de una sociedad agobiada por la precariedad y por la arbitrariedad de quienes traicionan esa esperanza. En este asunto de la democracia, cabe decir como el personaje Marcos Vargas en la novela “Canaima” de Rómulo Gallegos: “Somos o no somos”.
Aprovechemos este tiempo de elecciones, para hacer el encuentro en nuestro diálogo ciudadano que permita mirarnos en la Ciudad que tenemos y conversar sobre la Ciudad donde queremos vivir; para pensar y diseñar los modos y compromisos a los que estamos dispuestos para lograrlo y exigirlo con firmeza a quienes aspiran a las funciones de Estado.
La política deviene de Polis (ciudad), hay que rescatar el sentido de la acción política para que haya democracia real y para que el acto de votaciones no sea una grotesca confrontación de “maquinarias”, que tanto daño han hecho a la calidad de la política, antes como ahora.
La invitación es a todos, candidatos y electores, a todos sin discriminación, ahora cuando las campañas están “en pleno desarrollo” ¿qué deseos nos mueven?, ¿qué queremos mejorar para la convivencia?, ¿cómo soñamos el futuro para nosotros y nuestros hijos?, ¿cuáles son nuestras necesidades?, ¿con cuáles recursos contamos?, ¿cuál es el programa para la gestión de gobierno? ¿cuál es la oferta de servicio político?. La responsabilidad no es sólo del candidato sino de todos; cuando hay políticos irresponsables y “políticas” desviadas, hay que exigirles, mucho menos premiarles; también recordemos que el voto nos obliga a ser contralores de la gestión.
Casatalaya, caracas 18 septiembre 2021
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