El terror: ¿Arma política?

No voy a negar que la muerte del capitán de fragata Rafael Acosta Arévalo, por la manera tan agresiva como lo demolieron físicamente, me impresionó profundamente y presumo que a las personas conscientes del alto gobierno, bajo cuyo control se encontraba el capitán, deben tener la misma sensación de amargura y sorpresa. En consecuencia, dentro de poco tiempo, tendremos información completa sobre esta muerte absurda dentro de la racionalidad del desarrollo de la humanidad en lo que respecta a los derechos humanos.
Nadie me va a convencer de que la muerte del Capitán de Corbeta fue ordenada para mostrar lo que puede suceder a quienes pongan en riesgo la estabilidad del gobierno. Es posible, estoy seguro, en ese campo sí, que le establecieron restricciones y trato poco amable a él y a su familia, pero jamás autorizar que a un individuo, por razones políticas, lo destrocen físicamente y mucho menos que lo maten. Según un experto en derecho, de esos que conocen a fondo la materia, la Fiscalía General de la nación, consideró la muerte del capitán como un crimen y no como producto de torturas, lo cual involucraría al Estado. En este país, la maravillosa Venezuela, donde tuvimos el privilegio de nacer y el placer de vivir, nadie que haya logrado sobresalir, sería capaz de ordenar una villanía de este nivel tan desafortunado.
A la sociedad la controlan y la rigen las leyes, no debe existir nada absolutamente distinto a ello. Los derechos y las obligaciones están perfectamente establecidos y no debe existir nada ni nadie que altere esta realidad. Los castigos los determinan los jueces, en todos los campos de la estructura social. Solo los jueces y nadie más, están autorizados para determinar quienes tienen la razón.
El Estado, como tal, no es vengativo, aplica los castigos para ejemplarizar y cohibir a los ciudadanos para que no trasgredan las leyes. El problema son los individuos que asumen conductas impropias y utilizan el poder para sus venganzas que les permitan saciar los rencores que les producen aquellos que los combaten y los critican. Tenemos el caso del periodista asesinado en una embajada de Arabia Saudita por criticar al príncipe heredero. Esto trajo una conmoción mundial y a pesar de lo que puedan decir, van más de treinta prisioneros por este caso. Ojalá el caso del capitán se circunscriba a este par de individuos perversos e inmorales, que ingresan a las fuerzas de seguridad del Estado, no para servir, sino para aprovecharse de las ventajas que le da la autoridad y lucrarse de manera indebida y en este caso insólito, saciar todas sus perversidades sobre un individuo absolutamente indefenso y aterrorizado.
El terrorismo, como arma política, ejecutado por agrupaciones para tratar de perjudicar al gobierno y obtener ventajas por la fuerza, ha fracasado totalmente. Observen a la ETA de España, donde mataron a más de setecientos inocentes y más de tres mil heridos, se han rendido luego de más de cincuenta años de lucha, igual las FARC de Colombia y las fuerzas que han atacado y siguen atacando a los israelitas, en la realidad no logran sino asesinar y producir daños terribles a los inocentes.
En Venezuela debemos cuidar y preservar el Estado de Derecho, allí está el fundamente de la convivencia de los pueblos. Todos debemos ser protegidos por el Estado y nadie puede llegar a un centro de control de la salida o entrada del país y encontrase con un impedimento que desconoce porque nadie le ha informado. Todos debemos conocer, abiertamente, de cualquier averiguación que tenga el Estado contra nosotros, siempre y cuando no afecte la seguridad del Estado, pero dejar en manos de funcionarios decidir lo que solo puede hacer un juez, es derrumbar totalmente el estado de derecho. Una de las acciones anormales, según han denunciado, es que los jueces han dictado orden de excarcelación de un imputado y quienes lo tienen bajo custodia se niegan a excarcelarlo. Si esto es cierto, este debería ser considerado un acto de terrorismo y castigado como tal. El criterio parece exagerado, pero como sería un país donde se desconozca la decisión de un juez. ¡Buena suerte!
Nota.- El empresario Juan Carlos Bouchard ha sido electo como nuevo presidente del Civg. Fue un combate muy duro, pero tuvo un equipo prodigioso que lo apoyó y por eso logró una victoria que parecía imposible. Mi amigo, el jurista Wilmer Gil, fue un factor importante y decisivo.
@dabega26.

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