El Esequibo……¿un despojo? Parte II
Seguimos con una segunda entrevista al Dr. Gómez, sobre el despojo de que fuimos víctima con el Esequibo.
-¿Por qué los gobiernos de Juan Vicente Gómez, López Contreras, Medina Angarita y Pérez Jiménez no ejercieron sus funciones ejecutivas en el Esequibo, durante sus respectivos períodos de gobierno?
Se le atribuye una enorme responsabilidad al gobierno del Benemérito Gómez, por haber cedido a la presión del imperio inglés, para proceder a la demarcación (en el terreno), de lo que ya se había aprobado, de modo fraudulento y tramposo, en el Laudo Arbitral de París, el 3 de octubre de 1899.
Precisamente, los documentos que se aprobaron, luego del mencionado trabajo por ambas comisiones, en la época gomecista (1905) —que se denomina, Tratado Bilateral Ejecutoriado–, es lo que en este momento, alega la parte guyanesa, en la Corte Internacional de Justicia; además, piden que, por tal motivo, se le confiere el carácter de cosa juzgada a esa sentencia, porque ya el gobierno de Gómez lo había dado por bueno y legítimo.
Los gobiernos de López Conteras y Medina Angarita no hicieron gestiones o actividades de relevancia, para insistir con nuestra contención sobre la Guayana Esequiba, tal vez, por la influencia de los comentarios, para entonces, de que esa controversia, ya había sido resuelta en el citado Laudo.
Pérez Jiménez, a pesar de toda la impronta nacionalista que se atribuye a su dictadura, cometió otra impropiedad o error diplomático, al habilitar un consulado (legación activa) en las proximidades de Mabaruma (área en controversia), con lo cual, prácticamente, estaba reconociendo que esa zona por la cual entablamos un litigio, le pertenecía a la Guayana Británica.
En el Derecho Internacional Público los desaciertos se pagan caro.
-¿Por qué la democracia (los presidentes durante ese período) se abstuvo de ejercer gobierno en esos territorios?
Desde 1958 en adelante, casi no hubo motivación para la contención, a pesar de que ya se conocía el contenido de las memorias de Mallet- Prevost, donde expone –descarnadamente—, la vileza cómo se nos arrebató esa extensión territorial, que, según su criterio, el Reino Unido no tenía la menor posibilidad jurídica de poseer, ni siquiera un milímetro de lo que se le concedió.
No fue sino hasta 1962, cuando, todavía, bajo el gobierno de Rómulo Betancourt, nuestro insigne canciller, Marcos Falcón Briceño, solicita un derecho de palabra en la plenaria de la Asamblea General de ONU, para denunciar el despojo que se perpetró contra Venezuela.
A partir de allí, Gran Bretaña accede a revisar la tropelía cometida, y se adelantan gestiones para firmar, el 17 de febrero de 1966, el Acuerdo de Ginebra, donde por primera vez, asumen que la sentencia arbitral de París es irrita y nula, y decimos nosotros, “sin eficacia jurídica”.
Nuestra reclamación sufrió también, otro gravísimo error, cuando el gobierno de Rafael Caldera congeló por 12 años (Protocolo de Puerto España 1970-1982), el contenido del Acuerdo de Ginebra, donde basábamos nuestro reclamo.
Ha habido demasiada dejadez e improvisaciones, en este asunto, que debió tener siempre el carácter de política de estado, en vez de reacciones intemperantes de gobiernos y de funcionarios desconocedores de la materia y su trascendental importancia.
Hemos caído en estoppel; es decir, hemos contrariado nuestras propias decisiones; aunado a las continuas permisividades (aquiescencias) frente a la cantidad de concesiones que hace Guyana a las empresas transnacionales para esquilmar nuestros ilimitados recursos naturales en esa zona.
*¿Por qué las Fuerzas Armadas no cumplieron su deber de defender las fronteras de Venezuela, incluidas las del Esequibo?
Según Gómez, las Constituciones nacionales en nuestro país, teóricamente, han consagrado que el estamento militar – en todos sus componentes—deben estar sometidos a las determinaciones del poder civil, legítimamente admitido.
Sin embargo, en un acto de desobediencia a los señalados principios, y que en su momento, como ahora, lo consideramos heroico, el 12 de octubre de 1966, un grupo de jóvenes militares tomaron la Isla de Anacoco, para reivindicar el venezolanismo en esa zona, por cuanto, ya la Guayana Británica había logrado independizarse del Reino Unido, y pasó a denominarse República Cooperativa de Guyana.
Dejamos la debida advertencia que, en la anterior Carta Magna de 1961, como en la vigente de 1999, en su artículo 236, las atribuciones del manejo de la política y manejo de las Relaciones Exteriores de la nación, corresponden al presidente de la República, en su condición de Jefe de Estado; por lo tanto, nuestras Fuerza Armada se somete a las directrices que dimanen del señalado ente ejecutivo.
-¿Por qué la democracia no trazó estrategias para la ocupación legal del Esequibo y la concientización del país y del mundo?
Hay que distinguir, porque las hay, diferencia conceptual y estructural entre “ocupación” y “posesión”. Cada una, conforme al Derecho Internacional Público, tiene sus propias categorizaciones.
Por ejemplo, ellos jamás han “poseído” esos 159.500 km2, sino que, lo que hicieron, a partir de 1814, fue una vulgar “ocupación” ya que la “posesión”, para que se cumpliera con perspectiva de prescripción adquisitiva, debió ser: pacífica, pública, continua, de buena fe y no protestada.
Los ingleses jamás cumplieron ninguna de tales condicionantes. Lo que hicieron—repito—fue ocupar forzosamente, en agresiva relación fáctica, lo que nunca les perteneció.
Reconocemos en honor a la verdad, que aunque disperso y lento, se ha venido haciendo, desde hace muchos años, una elogiable labor de concienciación ante la opinión pública nacional e internacional, para dar a conocer el despojo que se cometió contra Venezuela.
En nuestras universidades y academias, se analiza, investiga, se documenta y expone las posibles alternativas de solución, en este pleito interestatal.
– ¿Qué estrategias sugiere usted tomar, para antes de la reunión pactada para el 2023?
Primero que asumamos que aquí, en este asunto, nos necesitamos todos; que debemos imprimirle el talante de política de estado, que se sobrepone a las diferenciaciones de cualquier índole que podamos tener.
Así entonces, proceder a conformar una comisión central multidisciplinaria para estudiar profundamente, el caso litigioso.
Desplazar a los estudiosos y conocedores de la contención y proceso jurídico en ciernes y sus posibles soluciones, por todo el país y presentarlos a los medios de comunicación social, para sensibilizar a la opinión pública nacional de lo que acontecerá en el Palacio de la Paz, en La Haya, sede de la Corte Internacional de Justicia.
Yo le doy bastante importancia e interés, a la posibilidad de realizar en Venezuela un referendo consultivo, conforme al artículo 73 de nuestra Constitución, para que la gente opine libremente, si está de acuerdo o no, con que nuestra delegación de coagentes se hagan parte del juicio (con lo cual se confiere jurisdicción a la Corte), y presente el memorial de contestación de la demanda.
Un referendo consultivo, considero que es sano, en un sistema democrático, porque se trata de una materia de muchísima trascendencia.
Estas han sido las declaraciones del Dr. Abraham Gómez Rodriguez, experto en materia fronteriza y un gran estudioso de la querella que tenemos por el Esequibo.
Este es el momento de volcar todos nuestros esfuerzos y amor patrio en pos de una causa noble y justa.
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