Deforma judicial
El sistema judicial actual obviamente requiere de una reestructuración radical, pero ello no deviene de un ordenamiento jurídico vetusto u obsoleto, como ocurrió en tiempos antes de la entrada en vigencia del actual Código Orgánico Procesal Penal, momentos en los que la aplicación de un proceso judicial inquisitivo violaba flagrantemente los derechos humanos.
A pesar de ello y aun teniendo en pleno vigor un Código alineado con los principio universales que protegen los Derechos Humanos, se plantea desde el ejecutivo una revisión, revolución y reforma al sistema judicial venezolano sin mayores argumentos que aquellos recogidos de las innumerables denuncias sobre los atropellos, sufridos por los usuarios que pretenden demandar del estado la anhelada Justicia.
La reforma Judicial Nacional acontecida a finales de los años noventa, fue producto de la ya delatada obsolescencia del anterior Código de Enjuiciamiento Criminal, que ya de suyo violaba desde su título principios como el de la presunción de inocencia y afirmación de la Libertad, sin embargo al día de hoy, nosotros los litigantes podemos afirmar sin pudor y con toda responsabilidad, que aquellos males de ese sistema inquisitivo hoy están más vigentes que nunca y hasta multiplicados.
La corrupción es sin dudas el ingrediente que más presente se encuentra en la receta de violaciones diarias a los derechos de los procesados, los paupérrimos salarios de todos los funcionarios del sistema judicial es una franca invitación a este flagelo, aunque la corrupción no tenga nunca justificación, es inevitablemente su pase de entrada.
El retardo procesal, que paradójicamente fue uno de los detonantes para que se aboliera el anterior sistema judicial, es también uno de los flagelos con mayor impacto en la mayoría de los procesos judiciales penales a nivel nacional, imputados que han permanecido detenidos mucho más tiempo que el que le hubiere correspondido en caso de ser condenado, o peor, inocentes que son compelidos a admitir delitos que no cometieron para de alguna forma recuperar su libertad, esa que de cumplirse la ley rigurosamente, probablemente nunca hubieren perdido.
No digo que no sea prudente una revisión rigurosa al actual sistema judicial, es urgente y necesaria, pero sospecharé de las bondades de toda “revolución judicial”, mucho más cuando tal decisión haya devenido de una resolución política.
Una reforma judicial debe ser el resultado de un trabajo en conjunto en el que deben participar El Estado, la Sociedad Civil, las Universidades, los Gremios y todos los demás Organismos que alimentan al complejo sistema de distribución equitativa de la Justicia, no una simple decisión de un buró político como una forma de demostrar a las cámaras, que existe un supuesto compromiso fiel con el deber Constitucional de administrar Justicia.
Aplaudo toda iniciativa que lleve por norte la revisión exhaustiva de todo el sistema de Justicia, como una fórmula necesaria para el restablecimiento de las Libertades Democráticas, por ello no dudaría en participar en cualquier mesa de trabajo que conlleve a la consecución de esos nobles fines, pero nunca participaría en una orquestación propagandística que tiene como objetivo, lavarle el rostro a un sistema perverso que permite los atropellos que sufren día a día los procesados y sus familiares en cada centro de reclusión.
Aparte de la iniciativa parlamentaria, una reforma a un sistema judicial conlleva la consulta popular, la asesoría de los expertos como lo son la Academia, las Universidades y los Gremios, la participación en pleno del Poder Ciudadano, de manera que no exista un solo sector de la sociedad que quede relegado del proceso de reforma, pues de hacerlo de manera tozuda y con el simple objetivo de cumplir con un mandato político terminará siendo más que una reforma, una deforma judicial.
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