Ataque a las redes eléctricas

Un alto funcionario del Estado, anunció este 20 de marzo de 2022, que las “redes eléctricas de Venezuela fueron atacadas”.

Leer estas declaraciones, solo causa, por decir lo menos, simple hilaridad. Para ser justo con la historia, debo señalar que ya para 1895, se constituye en Venezuela, la primera compañía de electricidad: la C.A. Electricidad de Caracas.

La formó Ricardo Zuluaga, ayudado por sus hermanos Carlos y Nicomedes. Ellos fueron pioneros de esta industria, en un país, para entonces, rural. Nuestra principal fuente de divisas extranjeras, para la época, provenía del café; Caracas, no pasaba de los 100.000 habitantes (G. Marrero).

Sin embargo, a partir de los años 1940, en Venezuela se comenzó a investigar y a realizar estudios serios, trazando planes precisos y ejecutando obras de envergadura, particularmente, en la cuenca del bajo Caroní.

Esta linea política fue trazada por la democracia, y se realizaron inversiones millonarias, para llevar electricidad hasta los más recónditos lugares de la geografía nacional.

Hombres ilustres y temerarios, políticos unos y técnicos otros, dedicaron gran parte se sus vidas a esta actividad que tanto contribuyó con el desarrollo de la nación y el bienestar de los Venezolanos.

Gobiernos tan diversos como los de Rómulo Betancourt I y II, Marcos Pérez Jiménez, Raúl Leoni, Rafael Caldera I y II, Carlos Andrés Pérez I y II, Luis Herrera Campins y Jaime Lusinchi, todos, sin distingo político, dedicaron sus mejores hombres, tiempo y abultados presupuestos, a esta obra nacional.

Son dignos de nuestro reconocimiento, personajes de la talla de Rafael Alfonzo Ravard, Argenis Gamboa, Leopoldo Sucre Figarella y Efraín Carrera, entre muchos otros.

Todos ellos contribuyeron a hacer de nuestro sistema eléctrico, uno de los mas confiables del continente americano y del mundo. También debemos elogios a Ricardo Zuluaga, pionero de esta industria y muchos otros pequeños empresarios privados, como por ejemplo el caso de Antonio Camacho, quien por los años 40, también llevó luz eléctrica a un pequeño pueblo de Monagas, Guanaguana.

Sin embargo, a pesar de ese cúmulo de esfuerzos realizados por tanto tiempo y tanta gente, en 1999, Venezuela, en este particular, torció la historia, dando su primer salto al vacío.

Las decisiones del gobierno de esa época, se caracterizaron por efectuar equivocados nombramientos de funcionarios incapaces, implementó políticas públicas erróneas y tomó desatinadas decisiones, como por ejemplo, nacionalizar la C.A. Electricidad de Caracas. Ello ocurrió el 8 de febrero de 2007. Esta era por todos conocidos, una empresa altamente eficiente, confiable y de indiscutible responsabilidad social.

Para la fecha, esa compañía tenía unos 11.000 accionistas y servía a más de medio millón de clientes. También se nombra, en la Corporación Venezolana de Guayana, a la cual estaba adscrita a la Electrificación del Caroní C.A., (Edelca), a personas sin la formación, ni cultura industrial requerida.

Paso seguido, se separa a Edelca, de la CVG el 7 Julio del 2007. Con este acto, se destruyó una empresa (Edelca), crisol de valores industriales y líder en su género, y se creó otra, sin filosofía de gestión, salvo por el enunciado de una “misión y visión” sin compromiso, sin voluntad de servicio, sin conciencia de su rol y sin disciplina; a esta nueva empresa se dio por denominarla, Corpoelec.

Ella, lamentablemente, fue heredera de todos aquellos vicios y corruptelas de su predecesora, Cadafe, y también, de todas las complicaciones de un sindicalismo avieso y anarquizado, por esa politización irresponsable de los partidos, que en nuestro país, mancillan todo lo que toca.

Esta corporación, también debió anidar y domar el “multiculturalismo” de más de veinte empresas generadoras y distribuidoras de energía eléctrica, que hacían vida en el país, con lo cual, Corpoelec se convirtió en un verdadero “sancocho” de todo tipo de prácticas gerenciales y administrativas, que hizo mucho mas difícil la conducción de la misma.

Por otro lado y sumado a esto, la continua interferencia de la política en la administración, enrareció aún más ese escenario, ya agravado por la falta de autonomía. Por ejemplo, Corpoelec, nunca pudo establecer tarifas para su producto, acorde con el tipo de servicios que prestaba; y aunque en alguna ocasión dispusieron de medidores, en la mayor parte de los casos, estos, por imperativo político, fueron ignorados.

En su lugar, prevaleció el criterios proteccionistas y paterno-socialista, de tazas elevadas para unos e irrisoriamente bajas, para otros. Ese era el criterio oficialista del momento; éste, sostenido por la V República, pero que fue promovido originalmente, por la IV.

Por esa razón, nuestros ciudadanos nunca se acostumbraron a pagar estos servicios, así como tampoco los de agua, aseo urbano, derechos de frente, impuestos varios, etc.; en su lugar, lo hacía el Estado, siempre utilizando la cartera petrolera para ello.

Con la merma de ingresos en la factura de hidrocarburos, la situación financiera del país, se complicó, y por tanto, faltaron fondos para financiar proyectos, planes de mantenimiento y hasta la nómina de muchas empresas del Estado, incluyendo a Corpoelec.

Entre otras, esta fue una de las razones por lo cual no se terminó de construir la represa de Tocoma y tampoco se hizo esfuerzo alguno para construir cuatro (4) centrales hidroeléctricas más, aguas arriba de la represa de Guri, (tres en el río Caroni y una en el río Paragua).

Ellas pudieron haber contribuido con unos 10.000 Mw adicionales. La incompetencia extrema y la corrupción, promovieron la adquisición de miles de pequeños e ineficientes moto-generadores diesel, que fueron distribuidos por todo el país.

Para el momento, se dijo “estar blindando” a la nación contra la crisis energética. Lo que nunca se dijo, es que si todas esas mini plantas se hubiesen puesto en funcionar simultáneamente, Pdvsa no habría podido producir el combustible necesario que se requiere para mantenerlas operativas.

Posteriormente (y sigue la corrupción rampante), se asignó un contrato mil millonario en dólares, a los “bolichicos”, para que compraran plantas termoeléctricas.

Y sí, las adquirieron; en su mayoría, usadas e ineficientes y algunas, hasta descompuestas, no aptas para ser puesta en servicio. Así se perdieron varios miles de millones de dólares.

El Gobierno de Hugo Chávez dispuso de casi nueve mil millones de dólares ($ 8.900.000.000) y el de Maduro, de casi cinco mil millones de dólares ($ 4.800.000.000) sin que se resolviera el problema eléctrico de la nación.

Por ejemplo, hoy, 15 años después de la planificada fecha de entrega de Tocoma, esa central hidroeléctrica sobre el río Caroní, aun no ha sido terminada, así como tampoco, la repotenciación de Macagua I, pionera de todas las plantas hidroeléctricas de importancia de Venezuela.

Por más de ventidos años con severas crisis, unas más serias que otras, nuestro sistema de energía eléctrico, ha venido dando bandazos y prestando cada día un peor servicio. Nuestra industria siderúrgica y también la del aluminio, aún permanecen a la espera de poder disponer de suficiente energía para incrementar su producción.

Y es por esa carencia de fluido eléctrico, que cada vez que existe un apagón en alguna parte del país, sale algún portavoz de la ignominia, endilgándole la culpa a una inocente iguana, a una zarigueya y últimamente, a unos imaginarios “atentados”, en vez de decir la verdad y atribuírselos a la falta de organización, de destrezas y de capital. Ya basta!!!

Es preciso que el Gobierno entienda que estos sistemas, complejos y muy sofisticados, desde el punto de vista tecnológico, no pueden, ni deben estar en manos de políticos, cuyos conocimientos y prioridades, son otros.

El Estado debe reflexionar y darse cuenta que la prestación de servicios de esta naturaleza, debe ser efectuada por un sector privado con experiencia y capital, y supervisado/auditado, por un grupo profesional, contratado por el Estado, como ocurre en muchos países, como por ejemplo, España; también, debe entender, que el uso de dicha energía, debe ser pagado por los usuarios, en función de su consumo y no su estatus económico o social.

Hasta no aplicar este principio, no hay gobierno alguno que pueda prestar el servicio confiable, que requiere el desarrollo de un país. Con la verdad, ni ofendo, ni temo.

Manuel García Tamayo.

CE. mgarciat84@gmail.com

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