Nación

Rechazan demanda de Lacava contra activistas de derechos humanos

Señalan que la maniobra del gobernador del estado Carabobo tiene por objeto «evitar la investigación» por su presunta responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales en el estado Carabobo.
viernes, 20 mayo 2022
Cortesía | Rechazan a la demanda de Rafael Lacava contra Alfredo Infante y Marino Alvarado del Centro Gumilla y Provea

Un grupo de la sociedad civil compuesta de 40 personas firmaron y emitieron un documento en rechazo a la demanda de Rafael Lacava contra Alfredo Infante y Marino Alvarado del Centro Gumilla y Provea, respectivamente.

A juicio de los firmantes, la maniobra del gobernador del estado Carabobo tiene por objeto «evitar la investigación» por su presunta responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales en el estado Carabobo.

Además, consideran que la demanda es una «práctica de amedrentamiento y abuso de poder» por parte del gobernante regional. Y constituye una «vulneración de los derechos constitucionales», según los firmantes.

También aseguran que la maniobra de Lacava evidencia «el terrorismo judicial y terrorismo policial». Ambas figuras tendrían como objetivo «acallar las voces de la denuncia y la protesta contra los desmanes del poder».

Señalamientos contra Lacava

En un reciente informe presentado por los demandados del Centro Gumilla y Provea, bajo la iniciativa Lupa por La Vida, la Policía de Carabobo destacó como la estadal con más casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en la entidad.

Los defensores exhortaban a las autoridades a investigar a las cadenas de mano de los cuerpos policiales. En ese sentido, Lacava se sintió aludido.

Durante la presentación del informe, Marino Alvarado, denunció las ejecuciones extrajudiciales en los siguientes términos.

«Policía (…) del estado Carabobo es la policía más letal en el 2021 de acuerdo a la investigación realizada por “Lupa por la Vida”, dijo Alvarado.

En el momento de la denuncia pública, Alvarado instó al Ministerio Público investigar la cadena de mando. Sobre Lacava precisó: «No estamos diciendo que el gobernador es responsable, estamos diciendo que debe investigarse su presunta responsabilidad».

Según el informe, durante al año 2021, se registraron 1.414 ejecuciones extrajudiciales. Las estadísticas muestran una reducción respecto al año anterior (2020) cuando fueron documentados 3.034 casos. Pero sigue siendo grave la situación.

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