Uruguay suma imputados por explotación sexual de menores

La denominada Operación Océano de la policía de Uruguay contra una red de explotación sexual de menores selló la semana con el imputado 19 del mismo perfil de mayores económicamente pudientes, informaron este domingo las autoridades

De acuerdo con Prensa Latina, la fiscal del caso, Darviña Viera, explicó que esta persona ya estuvo en una audiencia de formalización sin que todavía estuvieran las pruebas suficientes, “pero como la Fiscalía es tenaz se consiguieron”.

Por lo tanto, se le imputó por “reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a una adolescente para que realice actos sexuales o eróticos en reiteración real y contactaba con víctimas mediante Whatsapp”.

Las personas menores de edad, de acuerdo a la ley 17.815 que rige en Uruguay, no pueden dar su consentimiento en relaciones sexuales con personas mayores, lo que configura como explotación, aunque se trate de una relación activa con sus pares.

Desde el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual de la niñez y la adolescencia (Conapees) aseguran que esa última justificación legitima el accionar de los explotadores y colabora a que estas tramas delictivas se sostengan con impunidad.

Conapees recibe alrededor de 350 denuncias por año según cálculos de 2015-2019, pero el presidente, Luis Putscher, también asegura que hay un subregistro de 50  %.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) menciona entre factores que impiden la denuncia que los explotadores suelen estar en posiciones de poder y utilizan el miedo y la violencia para silenciar a las víctimas.

Describe distintas modalidades de explotación sexual infantil tales como remuneración o promesa no solo en efectivo, puede ser en especias, utilización de imágenes en material pornográfico. Fiestas o espectáculos públicos o privados, turismo sexual, parejas y matrimonios forzados y trata con fines de explotación sexual.

Este caso llegó a la Justicia luego que apareciera el cuerpo de una adolescente, y al investigar el hecho se descubrió que ella había denunciado en noviembre de 2019 a Washington Balliva, exjuez de menores, por explotación sexual, pero no sucedió nada con su denuncia en ese momento.

Hasta ahora Operación Océano identificó e imputó además a exitosos empresarios, un candidato político del Partido Nacional, docentes y otros diversos profesionales que gozaban de confiabilidad, gerentes y previsiblemente un organizador de fiestas.

En el sumario aparecen además dos argentinos y un paraguayo, según versiones de prensa.

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