Tribunal de EEUU le otorgará $153 millones a venezolano como indemnización

Un juez federal en Miami, Estados Unidos, otorgó $153 millones por daños a la familia del abogado venezolano Carlos Marrón, quien estuvo encarcelado en Venezuela, por “trabajar” como supuesto “terrorista financiero”.

Esta medida se da luego de que Marrón, al irse a la nación norteamericana tras su liberación, denunciara ante la agencia The Associated Press (AP), en 2021, las vejaciones, abusos y torturas que padeció durante su estadía en la cárcel.

Su caso fue expuesto en el informe del Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas (ONU), donde se determinó que había sido detenido de forma arbitraria por, presuntamente, operar el sitio web dolarpro.com, que publicaba el tipo de cambio del llamado “mercado negro” en Venezuela, lo que es considerado como delito por el gobierno.

Marrón había viajado en abril de 2018 desde Estados Unidos a Venezuela luego de que recibió la llamada de que su padre había sido secuestrado por funcionarios del Estado.

Al pisar el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Marrón fue arrestado por la unidad de contrainteligencia militar venezolana.

“Quizás esté dispuesto a destruir a más de 30 millones de venezolanos”, fueron las palabras del fiscal general de la República, Tarek William Saab, en un discurso televisado.

En la publicación de AP, en donde Marrón relató su experiencia, se conoció que los agentes lo obligaron a confesar haber operado la página web.

Como éste se negó, comenzaron los golpes, asfixias y demás torturas, según El Diario.

Durante los dos años de detención, Marrón aseguró que las torturas se mantuvieron. Fue acusado de delitos financieros, sin embargo, nunca fue juzgado, hasta que sin razones claras fue liberado.

Fallo

El fallo a favor de la familia del venezolano es el segundo de este tipo que se da en los últimos meses.

En septiembre de 2022 otro juez federal otorgó $73 millones a la familia del concejal opositor Fernando Albán, quien murió luego de caer desde el piso 10 del edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Este caso fue descrito como un “asesinato a sueldo” por la corte de EEUU.

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