Purdue Pharma ofrece pagar 6 mil millones de dólares a víctimas de opioides

Los propietarios de Purdue Pharma, fabricante de OxyContin, ofrecieron pagar hasta 6.000 millones de dólares a las víctimas de opioides en Estados Unidos para resolver una avalancha de demandas, según un informe presentado el viernes por un mediador federal.

La nueva oferta de la familia Sackler, dueña del laboratorio, aumenta en al menos 1.000 millones de dólares un acuerdo de bancarrota de 4.500 millones rechazado por una jueza estadounidense en diciembre debido a que protegía a la familia de nuevas demandas relacionadas con el analgésico que se vende bajo receta y es altamente adictivo.

Bajo la nueva propuesta, los Sackler “pagarían, en total, no menos de 5500 millones de dólares y hasta 6000 millones de dólares”, según la presentación el viernes ante el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York.

Pese a que una “supermayoría” de las partes involucradas aceptó la oferta, se necesita la aprobación de ocho estados del país y del Distrito de Columbia para que avance, de acuerdo con el informe presentado por la jueza del Tribunal de Quiebras, Shelley Chapman.

Los fondos adicionales se utilizarían “exclusivamente para mitigar la crisis de los opioides, incluyendo apoyo y servicios para los sobrevivientes, las víctimas y sus familias”, dice el informe.

La crisis de adicción a los opioides dejó más de 500.000 muertos por sobredosis a lo largo de las últimas dos décadas en Estados Unidos.

Enfrentando miles de demandas, Purdue dio quiebra en 2019 y se declaró culpable en 2020 de tres cargos penales por su comercialización agresiva de OxyContin.

Un juez federal dio lugar al plan de quiebra original en el otoño, apoyado por más de 40 estados, pero ocho y el Distrito de Columbia se negaron a aceptarlo y presentaron una apelación.

En diciembre, la jueza Colleen McMahon dio lugar al recurso de éstos últimos, alegando que el juez federal no tenía autoridad para evitar futuras demandas contra los Sackler, excepto en casos de mala conducta intencional.

William Tong, el fiscal general de Connecticut que dirigió la apelación contra el fallo anterior, calificó su anulación como una “victoria sísmica para la justicia y la rendición de cuentas”.

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