ONU expresó preocupación por proyecto de ley sobre ONG en Venezuela

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU expresó su “profunda preocupación” por la aprobación del proyecto de Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las ONG y afines.

En un comunicado compartido por el Consejo de Derechos Humanos, la misión expresó sus inquietudes  “por las posibles implicaciones” del proyecto de ley aprobado el pasado 24 de enero en primera discusión por la Asamblea Nacional (AN).

“De ser sancionada, la ley sobre ONG puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela”, advirtió Marta Valiñas, presidenta de la misión de investigación de la ONU.

Por su parte, el experto de la misión, Francisco Cox, destacó que la regulación “impondría a las ONG, existentes y en proceso de formación, un conjunto de requisitos formales tan onerosos que le otorgaría al Estado una potestad cuasi permanente de suprimirlas.

“La ley está claramente orientada a limitar, no a facilitar el ejercicio del derecho de asociación”, agregó.

La misión enfatizó que, de acuerdo a las investigaciones en curso de la ONU, las ONG de promoción de derechos humanos que trabajan en Venezuela “enfrentan progresivamente más limitaciones a su funcionamiento, tanto jurídicas como operativas, incluyendo en el aspecto clave de la financiación”.

“Sin acceso a los fondos de la cooperación internacional, muchas de estas organizaciones inevitablemente van a desaparecer”, reza el texto.

En el análisis preliminar de la misión, varias disposiciones del proyecto de ley “afectarían los derechos a la libertad de asociación y expresión”, recogidos en los artículos 52 y 57 de la Constitución y en las normas internacionales de derechos humanos que vinculan a Venezuela.

“Uno de los aspectos del proyecto que más preocupaciones suscita son las atribuciones que le confiere al Ejecutivo Nacional, especialmente la facultad de implementar mecanismos de control que permitan supervisar y sancionar las desviaciones de los sujetos que comprometan la soberanía nacional”.

Para la misión, esto expone a las organizaciones a una “vigilancia permanente” y enfatizó que, teniendo en cuenta las recientes declaraciones de las distintas autoridades gubernamentales, “ciertas organizaciones defensoras de los derechos humanos que recurren a instancias internacionales o que reciben financiamiento extranjero podrían verse expuestas a sanciones por supuestamente comprometer la soberanía nacional”.

De igual manera, otro punto que suscita preocupación para la ONU “es la falta de precisión en la prohibición de realizar actividades políticas o que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República”.

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